La anunciada reforma judicial ha sido presentada y en lo central consiste en un proyecto de ley de Justicia Federal Penal que deberá debatir y, en su caso, aprobar el Congreso, con más la integración, por decreto, de un consejo consultivo asesor que tendrá por función diseñar un nuevo Poder Judicial de la Nación. Sus propuestas seguramente fincarán tanto en reformas a la Corte Suprema de la Nación, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público, así como la implementación de instituciones que desde los comienzos de la organización constitucional del país esperan su momento: me refiero al juicio por jurados. Creo que nadie duda de la crisis de legitimidad y confianza que afecta al Poder Judicial de la Nación. Lo ha repetido hasta el hartazgo su propio presidente, el Dr. Carlos Rosenkrantz. Quienes seguimos el penoso derrotero observamos el abismo que existe entre las expectativas ciudadanas y la realidad palpable de su funcionamiento cotidiano. La cuestión aquí es cuáles son los remedios propuestos para revertir un largo proceso de deterioro, cuyo hilo conductor atraviesa todos los períodos de la organización constitucional del país, a excepción quizás del breve interregno que significó la restauración de la democracia (su hito fue el juzgamiento a las Juntas) y algunas composiciones en la Corte que, en breves períodos, han legado un precioso tesoro de jurisprudencia en materia de liberalismo político, derechos sociales, derechos humanos y, últimamente, derechos de la denominada tercera generación (ambiente, consumo, discriminación). De la abrumadora lista de propuestas de cambios opino que habrá que detenerse en aquellas que tengan que ver con la Corte Suprema y su funcionamiento, por su relevancia institucional al tratarse de uno de los poderes del Estado, que aún sin bolsa y sin espada (por no citar sino una frase feliz que gráfica su poder residual) mucho representa en orden a encauzar la convivencia democrática y republicana, a la que los argentinos somos tan poco afectos. No espero mucho de una eventual ampliación de miembros o división en salas. Sí, una composición diversa (en orden de género y federalismo), pero, mucho más, un nuevo marco de trabajo en el que sus fallos sean pocos pero meditados y de excelencia, y no fruto de un trabajo especulativo, ahogado y tardío. Justicia lenta y contaminada, no es Justicia.
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La anunciada reforma judicial ha sido presentada y en lo central consiste en un proyecto de ley de Justicia Federal Penal que deberá debatir y, en su caso, aprobar el Congreso, con más la integración, por decreto, de un consejo consultivo asesor que tendrá por función diseñar un nuevo Poder Judicial de la Nación. Sus propuestas seguramente fincarán tanto en reformas a la Corte Suprema de la Nación, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público, así como la implementación de instituciones que desde los comienzos de la organización constitucional del país esperan su momento: me refiero al juicio por jurados. Creo que nadie duda de la crisis de legitimidad y confianza que afecta al Poder Judicial de la Nación. Lo ha repetido hasta el hartazgo su propio presidente, el Dr. Carlos Rosenkrantz. Quienes seguimos el penoso derrotero observamos el abismo que existe entre las expectativas ciudadanas y la realidad palpable de su funcionamiento cotidiano. La cuestión aquí es cuáles son los remedios propuestos para revertir un largo proceso de deterioro, cuyo hilo conductor atraviesa todos los períodos de la organización constitucional del país, a excepción quizás del breve interregno que significó la restauración de la democracia (su hito fue el juzgamiento a las Juntas) y algunas composiciones en la Corte que, en breves períodos, han legado un precioso tesoro de jurisprudencia en materia de liberalismo político, derechos sociales, derechos humanos y, últimamente, derechos de la denominada tercera generación (ambiente, consumo, discriminación). De la abrumadora lista de propuestas de cambios opino que habrá que detenerse en aquellas que tengan que ver con la Corte Suprema y su funcionamiento, por su relevancia institucional al tratarse de uno de los poderes del Estado, que aún sin bolsa y sin espada (por no citar sino una frase feliz que gráfica su poder residual) mucho representa en orden a encauzar la convivencia democrática y republicana, a la que los argentinos somos tan poco afectos. No espero mucho de una eventual ampliación de miembros o división en salas. Sí, una composición diversa (en orden de género y federalismo), pero, mucho más, un nuevo marco de trabajo en el que sus fallos sean pocos pero meditados y de excelencia, y no fruto de un trabajo especulativo, ahogado y tardío. Justicia lenta y contaminada, no es Justicia.