El escándalo desencadenado alrededor de un grupo, demasiado numeroso por cierto, de concejales en relación a su cobro ó intento de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia merece alguna lectura mas profunda que la mera evaluación del delito expuesto.
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El escándalo desencadenado alrededor de un grupo, demasiado numeroso por cierto, de concejales en relación a su cobro ó intento de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia merece alguna lectura mas profunda que la mera evaluación del delito expuesto.
Es imprescindible llegar al hueso, porque lo que aquí comentamos es más grave que lo que aparenta.
Los ciudadanos estamos muy preocupados por la falta de resultados de la Justicia en el orden nacional y provincial. No es mi competencia evaluar la calidad de la Justicia. Simplemente es una evaluación cuantitativa, no cualitativa.
Las sentencias, en todos los fueros salen con cuentagotas y los juicios duran largos años, afectando de ese modo la calidad de la justicia, que si es tardía, no es reparadora.
Téngase por ejemplo un juicio de un jubilado contra el Estado, que siempre paga de menos, o no paga. En la mayoría de los casos, la sentencia llega cuando el demandante ha muerto.
Pero la falta de sentencias resulta inaceptable cuando juicios como el AMIA, Correo, López, Lázaro Báez, sobran los ejemplos quedan en el limbo sin sentencia y lo que es peor cambian los gobiernos y cambian los jueces de manera que el entramado legal es indescifrable.
Quedan en el camino elementos que cada juez que abandona se lleva consigo; así, lo único que no llega nunca es la sentencia y los expedientes crecen en volumen y ocupan cuartos enteros desvirtuándose totalmente el sentido de la administración de justicia.
Tenemos multitud de personas que la ciudadanía cree culpables pero -lo sean o no- no tienen sentencia, y pasan los años.
De eso se queja la sociedad. Banderías políticas aparte.
Resulta que hemos descubierto con asombro lo que parece el increíble robo de 60 concejales de 10.000 pesos cada uno y la justicia expedita esta identificando a cada uno de los sujetos. Los diarios han puesto en primera plana la estafa y la lista de los presuntos culpables ya ha sido publicada en las redes con lujo de detalles. Se trata de un hecho inadmisible, que personas con responsabilidad pública hagan negocios sucios con la necesidad colectiva y la ausencia de controles.
Aquí hay cosas que no cierran.
¿Esto es una mera falla de funcionamiento? ¿O hay manipulación de millones de pesos en un programa de emergencia?
Que los concejales rindan cuenta y asuman la responsabilidad que les quepa por ley, pero que los peces gordos también se sienten en el banquillo de la justicia y haya sentencia, de una vez por todas. Me refiero a los miles de juicios parados, mientras reforman a la Justicia, por desfalcos que nos han costado a los argentinos miles de millones de dólares.
La justicia se debe medir con una sola vara, que es la ley. A los peces gordos y a los ladrones de gallinas. Y los mecanismos de control republicano deben ocuparse de que haya transparencia y se rindan cuentas por los manejos del Fondo de Reparación Histórica, Crédito del Bicentenario, ejecuciones presupuestarias provinciales años 2018 y 2019, etc. y a nivel nacional los múltiples negociados millonarios estén tranquilos, la arquitectura diseñada para evitar sentencias, garantiza la falta de las mismas de por vida.
No basta con espantarnos con estos concejales. Hay que levantar la vista y mirar dónde comienza todo. La gravedad de la hora exige una reacción a todos aquellos quienes creen en la república.