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Imputan por extorsión a dirigentes investigados por fraude con planes

En Embarcación montaron un esquema de cobro de multas y acciones intimidatorias para mantener de rehenes a beneficiarios del ingreso familiar de emergencia y el sueldo social complementario.
Martes, 07 de julio de 2020 02:15

En dos audiencias recientes, el fiscal federal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual expusieron el accionar de los ahora cuatro imputados por los delitos de defraudación a la administración pública y extorsión en Embarcación. El segundo delito se agregó en una ampliación de la investigación penal iniciada el 30 de abril pasado.

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En dos audiencias recientes, el fiscal federal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual expusieron el accionar de los ahora cuatro imputados por los delitos de defraudación a la administración pública y extorsión en Embarcación. El segundo delito se agregó en una ampliación de la investigación penal iniciada el 30 de abril pasado.

El caso se inició a partir de una denuncia de la Anses ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N§12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, quien trabajó de manera coordinada con Villalba en la primera etapa de la investigación.

En los últimos días, y tras los resultados de las tareas, tanto en la capital salteña como en Embarcación, donde el equipo de trabajo de la fiscalía se constituyó para recibir las declaraciones testimoniales de más de 30 personas, Villalba solicitó la detención de otra dirigente del Club Central Norte de Embarcación, como así también la ampliación del objeto de investigación.

En virtud de ello, el juez federal de Garantías de Tartagal Carlos Martínez Frugoni ordenó la detención de Nancy Romero, prosecretaria del club, que se sumó a los otros acusados: el presidente de la entidad Jorge Moya, su pareja Moira Pabloff y el secretario Jesús Horacio Tarqui; se les habían imputado los delitos de estafa y fraude a la administración pública el 30 de abril pasado, al día siguiente de ser detenidos.

Dicha imputación respondió a la investigación inicial realizada por la fiscalía ante la denuncia recibida por Mángano, que se circunscribía a irregularidades en el pago del ingreso familiar de emergencia (IFE), el subsidio de 10 mil pesos provisto por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, la fiscalía descubrió que las maniobras también comprendían otro plan social, en este caso el salario social complementario; se estima que la conducta delictiva es de larga data.

Extorsión

Los detalles de la investigación, que aún está en curso, fueron presentados por el fiscal Villalba en una segunda audiencia en torno a este caso, en la cual amplió el objeto de investigación; como así también sumó un nuevo delito, extorsión, a los cuatro acusados.

El fiscal también detalló que había un esquema de monitoreo y extorsión “aterrador”, en el cual se aplicaban multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían las tareas exigidas. Una de ellas podía ser cortarle el pelo al comisario o bien la venta de cartones de un bingo que organizaba el club. 
 

En la audiencia, que contó con la participación de la abogada querellante por la Anses, Verónica Viera, el fiscal indicó que se pudo establecer que los acusados habrían ejercido conductas tendientes a empadronar a beneficiarios, tanto del IFE como del salario social.

Afirmó que el objeto de los imputados, al tramitar dichos empadronamientos, era el de beneficiarse de su cobro por parte de los que pasaron a ser los verdaderos afectados, con lo cual se desnaturalizó el objetivo de dichos planes, descriptos en los instrumentos legales que los crearon.

Testimoniales

"Las numerosas testimoniales, las escuchas telefónicas, los informes de las fuerzas de prevención, la documentación secuestrada, entre otras pruebas, indican que los acusados llevaban adelante esta conducta fraudulenta en contra del estado nacional, al menos, desde 2019", sostuvo el fiscal.

Señaló, además, que no sólo consistió en la captación y empadronamiento de los beneficiarios, sino en un elaborado esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos dirigidos a personas de vulnerabilidad extrema.

"Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación, amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a $1.500, aunque también se advirtió que se apropiaban de todo el monto del beneficio, para lo cual retenían las tarjetas de dé bito", precisó.

La cuota social

“Y lo que sucedía era la apropiación indebida de fondos por parte de los acusados, quienes se quedaban con una suma de 750 pesos en concepto de cuota social del club, cuando ninguno de los afectados adujo querer ser socio de dicha entidad, por lo que ese dinero era pagado de manera compulsiva, incluso en algunos casos el monto ascendía a 1.500 pesos”, sostuvo el fiscal.
Villalba resaltó que la cuota de 750 pesos se trata de una suma “exorbitante” para un club local, en Embarcación, máxime si se compara, por ejemplo, con los 600 que cobra San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires. 
“Este dinero tenía otra finalidad”, añadió.
 

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