Las imputaciones recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.
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Las imputaciones recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.
Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por una madre en representación de sus hijos menores de 12 y 15 años, quien relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana, golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.
Sostuvo que sus hijos fueron detenidos tras la denuncia de un hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos.
Tras retirar a los menores de la dependencia y antes de ir al hospital para que recibieran atención, uno de los chicos sostuvo que el imputado Marcos Fernández le ofreció la suma de $100 para que no dijera nada.
Un informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de 12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda, con referencia a compresión manual en cuello y nuca; lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.
En tanto, el examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad personal.
Además, consta en el decreto de imputación que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras estaban detenidos en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”.
Por último, los acusados intentaron comprar la voluntad de los menores, para evitar ser descubiertos.