En la sesión de ayer, en la Cámara baja se volvió a rechazar que se traten sobre tablas la derogación de la ley 8191 que otorga superpoderes a la Policía y la intervención del Ejecutivo del municipio de Aguaray.
inicia sesión o regístrate.
En la sesión de ayer, en la Cámara baja se volvió a rechazar que se traten sobre tablas la derogación de la ley 8191 que otorga superpoderes a la Policía y la intervención del Ejecutivo del municipio de Aguaray.
Con el DNU 255, que luego se convirtió en ley 8191, se puso en vigencia el régimen de sanciones para conductas que transgredan disposiciones de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la provincia, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta tiene la facultad de juzgar las faltas registradas.
Diputados opositores calificaron de “increíble” la cerrada posición oficialista y criticaron por aplicar el número para “no tratar” temas que trascienden las fronteras de la provincia.
Las votaciones sobre ambos temas se dieron sin ningún debate tras el tramo de homenajes y al inicio del tratamiento de los proyectos agendados en el acta de labor parlamentaria para la sesión virtual realizada ayer.
El pedido para tratar sobre tablas la derogación de la ley 8191, que contiene los superpoderes que se otorgó a la Policía a través del DNU 255, fue rechazado por el espacio alineado con el Gobierno por 32 votos contra 19.
El tratamiento del proyecto de ley para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray, por la imputación del intendente Jorge Prado en la causa que lleva adelante la justicia federal por el robo de caños del Gasoducto NEA, fue rechazado por 35 votos contra 17.
En comunicación con El Tribuno, el diputado Jesús Villa puntualizó que en el país se expresan en contra de la ley 8191 y “aquí los diputados oficialistas siguen con esa obsecuencia de acompañar algo que ni siquiera se atreven a defender en el recinto a través del debate”.
Villa dijo que se seguirá insistiendo para que se trate la derogación de una ley que es criticada por organizaciones y entidades nacionales de derechos humanos y que agrupan a abogados.
“Aplican el numero sin siquiera exponer fundamentos válidos y del mismo modo rechazan tratar la intervención de Aguaray, otro punto donde no se atreven a dar la cara y decir porque defienden a un intendente que esta seriamente cuestionado por un hecho de corrupción; como ellos mismo lo tildaron, el robo del siglo”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Carlos Zapata, analizó que el rechazo y la renuencia sistemática a tratar el impacto del DNU 255, hoy ley 8191, “coloca a toda la ciudadanía a merced de la voluntad del Ejecutivo, algo por fuera de los limites que admite la institucionalidad”.
El diputado opositor recordó que “la Constitución Provincial prohíbe al gobernador dictar normas en materia penal”, cuestionó que el oficialismo en Diputados no quiere habilitar el debate, no quiere derogar, no quiere tratar un proyecto en materia contravencional que subsanaría estos problemas, y dijo que oponerse a tratar la ley de intervención a Aguaray “es un combate del oficialismo a la institucionalidad”.
Mientras tanto, no fue posible obtener la opinión de referentes de diputados del oficialismo sobre los cuestionamientos de la oposición.
En una anterior sesión, la diputada Socorro Villamayor, había señalado que el DNU 255 ‘fue una medida excepcional‘ dictada para la seguridad de la población con ‘relación a la salud‘.
La legisladora dijo entonces que ‘una cosa es el arresto y otra es la prisión‘, y tras señalar que se trata de una contravención y no se refiere a lo penal, se mostró convencida que ‘fue una medida acertada‘ y rechazó que se use el tema para sostener que los abusos policiales son consecuencias del DNU 255.
Declaraciones
En la sesión virtual de ayer se aprobó una declaración para que el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, prevea en el presupuesto 2020, la ejecución de obras de defensa y encauzamiento necesarios en el río Guachipas, desde 1 kilómetro antes del puente de acceso hasta las márgenes de la finca Sauce Redondo.
A través de otra declaración se solicitó al Ejecutivo provincial que celebre un convenio con la municipalidad de Salta para que a las personas alojadas en el albergue del IPPIS se le suministre productos elaborados en la Panadería Social.