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Sin diálogo y acuerdos, el país no saldrá de la crisis

Fundado el 21 de agosto de 1949
Domingo, 30 de agosto de 2020 02:10

Las urgencias y la emergencia que plantea la pandemia no deben taparnos los ojos sobre la realidad nacional y, sobre todo, sobre las causas profundas de la actual crisis económica y social, producto de una decadencia de casi medio siglo.

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Las urgencias y la emergencia que plantea la pandemia no deben taparnos los ojos sobre la realidad nacional y, sobre todo, sobre las causas profundas de la actual crisis económica y social, producto de una decadencia de casi medio siglo.

Los gobernantes y legisladores deben ponerse a la altura de las circunstancias y asumir la realidad de la gente, que es preocupante y, en muchos casos, desesperante. Sin embargo, muchas decisiones, discursos y gestos parecen motivados por jugueteos de poder, puestas en escenas y ansiedad por las elecciones del año que viene.

Para la inmensa mayoría de los argentinos, esas elecciones representan un futuro remoto y abstracto.

Los gobiernos deberían dejar de lado, de una vez por todas, el paternalismo.

Ellos no están para "solucionar los problemas de la gente" -que no lo hacen, y más bien, los agravan-, sino para legislar y gobernar para todos, y no para sectores de intereses.

El Estado, desde hace años, se muestra incompetente para administrar servicios esenciales, como la salud pública, la educación, la seguridad y para garantizar la provisión de agua potable, energía y cloacas a los casi 45 millones de argentinos.

El déficit fiscal y la deuda externa e interna no son el reflejo de inversiones en obras de infraestructura que mejoren el transporte y beneficien al aparato productivo.

Nacen de manejo clientelar del Estado, por parte de gobernantes de turno, que carecen de estrategia de largo plazo y de políticas monetarias, comerciales y laborales, y utilizan el erario público para gastos poco claros que solo agravan la pobreza.

La emergencia sanitaria no puede resolverse con emisión monetaria y sin un plan de salida que contemple la experiencia histórica, que nos enseña que los recursos se agotan.

La pandemia ha desnudado problemas de fondo que la política no puede eludir. La grieta educativa es uno de ellos, y la disparidad en el acceso a la tecnología digital la ha agravado muchísimo en estos casi seis meses de cuarentena.

Las internas oficialistas o las rivalidades escénicas con la oposición son inadmisibles en esta crisis, cuyas consecuencias comprometen el futuro del país. La educación pública, de gestión privada y estatal, es responsabilidad de los gobiernos. La reapertura de las escuelas, con medidas sanitarias y de distancia social, es impostergable, especialmente para un altísimo porcentaje de alumnos que este año no tuvo clases presenciales ni virtuales. Pasa en Salta y el país.

La provincia de Chubut, un caso extremo, completó dos años de paralización de las escuelas públicas, en 2019, por huelgas, y en 2020, por cuarentena.

Esta es una cuestión medular, porque afecta a la capacidad laboral, tecnológica y científica del país en el futuro. La educación argentina gestada en el siglo XIX fue concebida como gratuita, obligatoria y laica para que nadie quedara afuera. Los días de clase perdidos no se recuperan, pero los gobiernos deben buscar los instrumentos para evitar que millones de niños y adolescentes queden condenados a la exclusión social y a la imposibilidad de incorporarse al mundo productivo.

Los problemas del país son muchos y complejos, y obligan a superar polaridades anacrónicas y de establecer acuerdos en función de objetivos de largo plazo.

Parece una quimera.

La crisis argentina se viene profundizando gobierno tras gobierno. La realidad social habla por sí sola: en 1983, la pobreza argentina se estimaba en un 16% y en América Latina promediaba algo más del 40%. Pero 37 años después, hay casi un 50% de argentinos pobres mientras que, en la región, antes de la pandemia, había descendido al 28%.

"Argentinos, a las cosas", nos recomendó el pensador español José Ortega y Gasset en 1939.

Lo que está en juego es la viabilidad del país. La dirigencia que debe decidir si apuesta al futuro y a los derechos de la gente o si prefiere seguir profundizando las grietas y agrandando la pobreza.

 

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