Diputados oficialistas volvieron a rechazar ayer la derogación del DNU 255 que, convertido en ley 8191, mantiene vigente el cuestionado régimen con el que se sancionan conductas en contra de las medidas sanitarias y otorga al jefe de Policía autoridad para juzgarlas como contravenciones.
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Diputados oficialistas volvieron a rechazar ayer la derogación del DNU 255 que, convertido en ley 8191, mantiene vigente el cuestionado régimen con el que se sancionan conductas en contra de las medidas sanitarias y otorga al jefe de Policía autoridad para juzgarlas como contravenciones.
El intento de la oposición por tratar sobre tablas el proyecto que presentaron para derogar lo que consideran un régimen con el que "el Ejecutivo vulnera garantías individuales" chocó con la negativa del espacio oficialista.
Este sector defendió y avaló el cuestionado DNU 255, ahora ley 8.191, y aplicó el número mayoritario para rechazar con 33 votos contra 21, la moción que presentó el diputado Carlos Zapata para que se trate sobre tablas la derogación del criticado régimen y "Salta vuelva a la institucionalidad".
El diputado Zapata observó: "No es concebible que en tiempos de democracia, un solo poder tenga la facultad de dictar la ley, de aplicar la ley, hacer detenciones y juzgar a personas".
El legislador subrayó que este exceso es rechazado a lo largo del país por organismos de derechos humanos porque es inconstitucional, permite arrestos y condenas sin intervención de la Justicia y posibilita el abuso policial, cuyos excesos y el armado de causas se vienen denunciando desde el inicio de la cuarentena por la COVID-19.
El diputado Claudio Del Plá remarcó la necesidad de derogar la ley 8.191, puntualizó que "otorgar superpoderes a la policía no podía terminar de otra manera", y advirtió que "el exceso policial ya dejó sin un ojo a seis ciudadanos salteños".
Por su parte, el diputado Héctor Chibán hizo notar: "La Policía avasalla puertas de domicilios sin orden del juez", y pidió a sus pares oficialistas tener en cuenta "la gravedad institucional" de este accionar, y no dudó en señalar que se otorgó al cuerpo policial una facultad para la que no está formada y que le corresponde a un juez.
Desde el espacio oficialista y para fundamentar el rechazo, el diputado Javier Diez Villa remarcó que la oposición sabe que no se hace lugar al tratamiento de proyectos que no fueron consensuados en Labor Parlamentaria.
La diputada Socorro Villamayor, tras aludir sobre aspectos reglamentarios relacionados con el tratamiento de proyectos sobre tablas, señaló que el DNU 255 "fue una medida excepcional" dictada para la seguridad de la población con "relación a la salud".
La legisladora dijo que "una cosa es el arresto y otra es la prisión", y tras señalar que se trata de una contravención y no se refiere a lo penal, se mostró convencida de que "fue una medida acertada", y rechazó que se use el tema para sostener que los abusos son consecuencias del DNU 255.
En tanto, la Cámara de Diputados no trató el proyecto que modifica el Código Contravencional y dispone la creación de cinco juzgados para entender de manera específica en temas contravencionales.
La decisión de crear estos juzgados se aceleró por los cuestionamientos que se manifiestan en contra del DNU 255 y por los excesos policiales.
La ley ya tiene media sanción del Senado, propone el funcionamiento de dos tribunales contravencionales en la capital, uno en Orán, uno en Rosario de la Frontera y uno en Tartagal. Asimismo, que los juzgados de la ciudad de Joaquín V. González, Cafayate y San José de Metán también tengan competencia en materia contravencional.
Volvieron al Senado
En la sesión de ayer, los diputados volvieron dos proyectos de ley al Senado por no coincidir criterios de los legisladores de ese cuerpo.
Con 51 votos, la Cámara Baja insistió con la media sanción que otorgó a fines de junio al proyecto para declarar de interés provincial la donación de plasma sanguíneo de pacientes que hayan estado infectados de COVID-19.
El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación correspondiente, deberá concientizar a los pacientes recuperados del coronavirus a acercarse a los centros de hemoterapia o bancos de sangre intrahospitalarios habilitados para realizar la captación y recolección de plasma.
La iniciativa fue modificada en el Senado y volvió en revisión a la Cámara Baja, pero los diputados no coincidieron con los cambios y no dudaron en insistir con el proyecto original.
Al fundamentar la decisión de devolver el proyecto, el diputado Manuel Godoy observó que la declaración de interés provincial que figuraba en el artículo primero, "los senadores lo mandaron al artículo cuarto", dijo que también se hizo lo mismo con otros artículos.
Tras hacer notar que los senadores incluyeron cuestiones gramaticales, Godoy indicó que en el Senado no se tuvo en cuenta que a través de una ley provincial no se puede adherir a la reglamentación de una ley nacional, y consideró "insólito" que se trate de otorgar un título de ciudadano destacado a quien done plasma, cuando se trata de un acto voluntario.
También los diputados devolvieron el proyecto de ley, al que el Senado otorgó media sanción, para modificar la ley 7.996 que regula el uso de Cannabis con fines medicinales.
Con la legislación vigente, el Ejecutivo provincial solo puede hacer convenios con organismos nacionales para establecer el marco regulatorio de la investigación médica y del uso medicinal.
La modificación de la ley propone ampliar convenios con entidades académicas y científicas, organismos públicos, universidades nacionales y también con ONG.
Los diputados consideraron conveniente introducir la adhesión a la ley nacional en esta materia, aprobaron las modificaciones con 54 votos y la iniciativa volvió al Senado.
Críticas por el agua
En el tramo de los homenajes, diputados de distintos puntos de la provincia pusieron de relieve la trayectoria del doctor Mario Palacios como director general del Samec.
Los legisladores coincidieron en destacar la trayectoria profesional y humana del médico que se jubiló después de desempeñarse en el cargo 26 años y 9 meses.
Luego de un extenso debate, marco en el que los diputados que hicieron uso de la palabra criticaron la ausencia de respuestas de la empresa y desnudaron las falencias de Aguas del Norte, los legisladores otorgaron media sanción a un proyecto de ley que incorpora en el Código de Aguas de la Provincia el concepto de que el agua y el saneamiento son un derecho esencial del ser humano.