La Cámara Civil y Comercial Federal dictó ayer una acordada en la que criticó la reforma judicial que presentó la semana la pasada el presidente Alberto Fernández.
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La Cámara Civil y Comercial Federal dictó ayer una acordada en la que criticó la reforma judicial que presentó la semana la pasada el presidente Alberto Fernández.
El tribunal objetó específicamente la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal que propone la iniciativa.
"La fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cuál irá en seguro detrimento de los litigantes", sostiene la resolución.
De esta forma, la Cámara Civil y Comercial se sumó al rechazo a la reforma que planteó el miércoles la Cámara del Crimen, que catalogó de "inconstitucional" el proyecto que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.
El proyecto establece una reorganización de la Justicia Federal en el país y entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia.
También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.
Los jueces de la Cámara Civil y Comercial señalaron que no fueron consultados para los cambios propuestos y explicaron que ambos fueros funcionan por separado por la diferencia de temas que tratan.
"La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuáles no fueron nombrados", señalaron.
Para los jueces esa situación "habilitará al litigante afectado por la sentencia dictada en su caso a cuestionar el título del magistrado. basándose en la garantía del juez natural y en los límites del nombramiento".
"Claramente, nada de esto favorece a los justiciables, ya que no contribuye a la seguridad jurídica ni a que ellos reciban respuesta con mayor celeridad y eficacia", agregaron.
La Cámara también observó que en el fuero hay una cantidad de vacantes de jueces con sus concursos públicos avanzados, y que sus postulantes "se han presentado teniendo en cuenta las materias de la competencia específica del fuero, y en dichas materias fueron evaluados".
El proyecto oficial señala como un argumento para unificar ambos fueros que en el interior del país ambas temáticas las lleva el mismo juez.
La Cámara opinó que eso es así pero que "no puede válidamente compararse la cantidad de pleitos de marcas, patentes, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, y menos aún el ingente volumen de juicios de amparo que involucran el derecho a la salud".
Otros de los puntos criticados fue el plazo de 30 días que habrá -si el proyecto se sanciona sin modificaciones- para la transición.
La acordada fue firmada por los jueces Guillermo Antelo, Alfredo Gusmán, Fernando Uriarte y Eduardo Gottardi, y remitida al Ministerio de Justicia, al Senado -donde se comenzó a discutir el proyecto- a Diputados, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a otros organismos judiciales.
Por su parte, Ricardo Recondo, otro de los integrantes de la Cámara, se excusó de opinar porque como integrante del Consejo estará a cargo de algunas decisiones administrativas que establece el proyecto.
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