El fiscal penal Ramos Ossorio dijo en el escrito remitido al Juzgado de Garantías, que antes de expedirse, “corresponde requerir e incorporar los informes solicitados que permitan evaluar la incidencia de las derivaciones de pacientes con diagnóstico positivo para COVID, al sector de salud pública promovidos indebidamente –al decir de la Fiscalía de Estado- desde clínicas o institutos de salud privados”, en orden de acreditar la situación sanitaria actual.
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El fiscal penal Ramos Ossorio dijo en el escrito remitido al Juzgado de Garantías, que antes de expedirse, “corresponde requerir e incorporar los informes solicitados que permitan evaluar la incidencia de las derivaciones de pacientes con diagnóstico positivo para COVID, al sector de salud pública promovidos indebidamente –al decir de la Fiscalía de Estado- desde clínicas o institutos de salud privados”, en orden de acreditar la situación sanitaria actual.
En el mismo sentido, solicitó que se requiera a las clínicas que informen el listado de las obras sociales o servicios de medicina prepaga, que hubieran denegado la cobertura o el acceso al servicio de salud privada. Todo esto, para que se acredite la situación de saturación que la Fiscalía de Estado describió.
Es que la Fiscalía de Estado, solicitó al Juzgado interviniente que “se condene al efectivo cumplimiento de prestaciones y asistencia médica a pacientes con la enfermedad coronavirus (COVID) en el ámbito de la Provincia de Salta, en los términos y las condiciones en que debe brindarse cobertura en relación a aquella enfermedad en sus establecimientos, de manera tal de garantizar el derecho a la salud, de incidencia colectiva sobre la población…”, promoviendo asimismo medida cautelar anticipada (la que ya fue proveída). Para ello, la Provincia adjuntó un listado de los hospitales y clínicas privadas que operan en la provincia y un informe del COE (Comité Operativo de Emergencia), referido a la situación de emergencia epidemiológica en el ámbito del servicio de salud pública provincial.
Sin embargo, el fiscal penal en feria, Ramiro Ramos Ossorio, consideró que en la forma en la que fue formulado el amparo, resultó genérico e indeterminado y que no brindó precisiones sobre los hechos que lo motivaron. Advirtió que tampoco se adjuntaron pruebas que acrediten prima facie los incumplimientos que se atribuyeron a las clínicas y sanatorios del sector privado de la provincia.
Por ello, requirió en su presentación que la Fiscalía de Estado, adjunte datos oficiales que acrediten en forma satisfactoria si efectivamente existe una “saturación” deliberada del sistema de salud, generado a la luz de la sistemática omisión de las demandadas en brindar cobertura y asistencia a pacientes afiliados a diferentes obras sociales. Ramos Ossorio pide entonces, que se corrobore que asistieron a esas instituciones y fueron derivados a instituciones públicas, lo que fue manifestado por la Fiscalía de Estado, pero no acreditado en el amparo.
En ese sentido es que consideró “indispensable acompañar un listado de ciudadanos incluidos en dicho diagnóstico, con los datos de la obra social que rechazó brindar cobertura, la clínica o instituto privado que omitió prestar asistencia sanitaria, y el periodo temporal en que dicho ciudadano o ciudadana permaneció bajo la órbita de asistencia primaria del servicio de salud pública provincial” datos que, sin perjuicio de la situación de emergencia sanitaria vigente, devienen susceptibles de acreditación.
De esa manera se podrá determinar que clínicas o sanatorios de las demandadas prestaron o no servicios y con qué cantidad de internados cuentan cada una de ellas, lo que a su vez deberá ser ponderado en función de su capacidad técnica-operativa.
El fiscal también solicitó que los sanatorios informen e individualicen a las obras sociales o prepagas, que no estuvieren dando cumplimiento a sus obligaciones prestacionales.
Finalmente, el fiscal señaló el momento histórico por el que atraviesa el sistema de salud y el propio Estado Provincial, “debiendo en su caso, tender a aportar soluciones o propuestas superadoras en forma mancomunada desde todos los sectores (público y privado) que aspiran a procurar el bienestar general de la sociedad, incluyendo al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal”, todo en aras de salvaguardar el derecho a la salud de todos los habitantes de la provincia.
Y resaltó la acción conjunta desarrollada entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, que firmaron un acuerdo que permite entregar en comodato 167 respiradores, bombas de infusión y monitores multiparamétricos a las clínicas privadas de la jurisdicción. Además, creó un Fondo Nacional de Equidad en Salud de alrededor de 700 millones de pesos para financiar la cobertura de internación de pacientes con COVID-19 (Acuerdo entre Nación y provincia de Buenos Aires para equipar clínicas privadas y financiar internaciones de pacientes COVID-19).