La crisis salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pone inesperadamente en escena el problema irresuelto de la coparticipación de impuestos en Argentina. Es decir, de fondo, el problema irresuelto del federalismo, esa entelequia, fijada en la Constitución histórica pero no en la vida de los habitantes del país, se diría, desde los inicios de la organización constitucional.
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La crisis salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pone inesperadamente en escena el problema irresuelto de la coparticipación de impuestos en Argentina. Es decir, de fondo, el problema irresuelto del federalismo, esa entelequia, fijada en la Constitución histórica pero no en la vida de los habitantes del país, se diría, desde los inicios de la organización constitucional.
A través de un documento titulado "Reducir desigualdades para una Argentina federal", la rica Provincia de Buenos Aires y 18 provincias que, parafraseando a viejos "liberales" porteños, hoy llamaríamos 18 ranchos pobres en pleno siglo XXI (a excepción quizás de Santa Fe), manifestaron su apoyo político a la medida del Gobierno nacional de detraer el 1% de recursos de la Nación que en su momento comenzaron a coparticiparse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se incrementaron en 2016 y 2018, y hacen avizorar una cruda batalla, no en reuniones de presidente y gobernadores o el Congreso o legislaturas provinciales, sino en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese artificio constitucional que concentra la riqueza y el poder de este país en niveles ridículamente absurdos por lo desigual, ha anunciado que recurrirá a ese tribunal para la declaración de inconstitucionalidad de la medida.
El escenario es predecible, en una Argentina imposibilitada de diálogo político por la denominada grieta, a pesar de lo auspicioso que venía el manejo conjunto, en general, entre todos los niveles de gobierno de la pandemia en este 2020.
Nuevamente, vuelve va a llevarse a la Justicia lo que las autoridades políticas no pueden resolver con la pretensión de concertación y acuerdo que la Constitución ha impuesto sobre el tema.
Lo que dice la Constitución
La Constitución es clara sobre el punto, pero a la vez claramente de cumplimiento imposible: toda distribución de recursos coparticipables, en el sistema creado por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución nacional, debe ser equitativa y solidaria, guiada por los principios de concertación y funcionalidad, priorizando el logro de un grado equivalente de desarrollo entre provincias, calidad de vida e igualdad de oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre regiones, así como las capacidades institucionales y fiscales de cada jurisdicción.
Entre los aspectos sustanciales del régimen constitucional en la materia se encuentran:
1) El principio de integralidad de la masa coparticipable, en virtud del cual se distribuyen con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las contribuciones indirectas internas y las directas creadas, por tiempo determinado, por el Congreso de la Nación, con excepción de la parte o el total de los que tengan asignación específica; 2) El carácter convencional o concertado de la decisión que rige la materia, en tanto la Constitución establece que debe dictarse una "ley-convenio", sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a los efectos de instituir regímenes de coparticipación de esas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de fondos; esa ley convenio debe tener como cámara de origen al Senado, ser sancionada con una mayoría calificada y aprobada por las provincias (inciso 2, párrafos segundo y cuarto), no pudiendo ser modificada unilateralmente.
3) La intangibilidad de los recursos provinciales, entendido en el caso como la imposibilidad de alterar en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de la reforma constitucional y la imposibilidad de modificar la distribución de competencias, servicios y funciones entonces vigentes sin la aprobación de la provincia interesada y hasta el dictado del régimen de coparticipación.
Curiosidades
Lo curioso de esta historia es que ya no es la Provincia de Buenos Aires, otrora condicionante de la organización constitucional del país, la que se encuentra en veredas opuestas a las provincias, sus hermanas pobres. Tampoco en este caso el Estado nacional, frente a todas, concentrando recursos y repartiendo con coeficientes cuestionables la coparticipación de Impuestos. El enfrentamiento es, por ahora, entre 19 de ellas y el Estado nacional contra la Ciudad Autónoma, por la interpretación acerca de la unilateralidad en la distribución de recursos y ahora, la detracción. Curioso debate en donde se alega, graciosamente, que se es libre para otorgar recursos, por decreto presidencial pero solo se puede quitar por ley, la que sabemos, por lo visto -ojalá nos equivoquemos, repito-, es de cumplimiento imposible. Curiosidades de una país complejo y bipolar, donde las posiciones políticas y las alianzas cambian, radicalmente año a año, sosteniendo ahora lo que se rechazaba antes y así hasta el infinito.
"Se enfrentan, por ahora, 19 provincias y el Estado Nacional contra la CABA".
Pero ahora, le tocó "perder", a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa moderna polis, que es la demostración más cabal del cruel y principal desequilibrio del país y la desigualdad lascerante entre los argentinos: basta revisar los índices de desarrollo humano y distribución de producto bruto o ingreso per capita con el resto del país para respaldar esta afirmación. Siempre fue así. Pero la hegemonía del puerto, la del unitarismo triunfante luego de la batalla de Pavón, muestra ahora una fisura, que sin embargo no llevará al cambio radical del sistema de coparticipación, pues sólo mostrará la disfuncionalidad del mismo. Es harto improbable -por no decir imposible-, llegar a una ley convenio.
He aquí la clave: la oposición de una minoría, cualquiera que ella fuese; pues basta el bloqueo de una sola entidad, un sólo desacuerdo para que el intrincado laberinto de una ley - convenio de coparticipación, como un castillo de naipes en ciernes, se caiga, quedando todo en la nada.
Cuentas pendientes
La sentencia exhortativa que desde ya pronosticamos en el fallo de la CSJN (como en "intendente de la capital" del año 2014, para la coparticipación municipal) será otra vez eso, una expresión de deseos (los de federalismo), largamente pospuestos, desde 1853. Y los recursos podrán ir o venir, no importa, lo cierto es que el federalismo, como problema de fondo, seguirá irresuelto.
Conclusión: quizás veamos recorrer los pasillos de Tribunales y exponerse en su sala de audiencias las posiciones políticas que nacidas al amparo de la Constitución histórica y reeditadas casi 170 años después, siguen teniendo la misma trampa mortal: un federalismo irreal e imposible, que frustra el país del interior, en beneficio estricto de la capital. Ahora "Ciudad Autónoma", pero más centro económico, financiero y cultural que nunca. En suma, el triunfo de un unitarismo, siempre reinante.