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Ley de Coparticipación, una deuda con las provincias

Domingo, 13 de septiembre de 2020 02:22

La Argentina atraviesa un momento crítico, enmarcado en una progresiva decadencia social, económica y cultural. Al mismo tiempo, la política ha reemplazado el diálogo, la tolerancia y el acuerdo para instalar una cultura autoritaria.
El país no tolera más grietas.
El martes, la crisis tuvo un pico alarmante con la insubordinación de los policías bonaerenses que reclamaron un aumento salarial en la puerta misma de la residencia presidencial de Olivos y rechazaron con total descortesía la propuesta de dialogar con el primer mandatario.
A pesar de que Alberto Fernández negó que las instituciones hayan corrido riesgo en esa tarde nefasta para la democracia, lo cierto es que los policías lograron un aumento salarial desproporcionado con respecto al nivel de ingresos en el país en tiempos de cuarentena y recesión. 
La decisión, de hecho, le quitó recursos a un distrito gobernado por un opositor para cederlo a otro, controlado por un oficialista. El decreto anunciado es jurídicamente insostenible, porque bajo ningún concepto el Ejecutivo nacional tiene derecho a detraer fondos del presupuesto en ejecución de una jurisdicción. 
La discrecionalidad, en cualquier gobierno, es una amenaza latente para el país y para todas las provincias, incluidas las 19 cuyos gobernadores aplaudieron al presidente. Pero la cuestión de fondo es la falta de una nueva Ley de Coparticipación Federal. La reforma constitucional de 1994 dispuso, hace 26 años, que en el plazo de un año debía estar sancionada y que debía contar con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso de la Nación.
Nunca se sancionó y la que está vigente es la ley provisoria de 1988 a la que Fernández se refirió críticamente durante su discurso en Olivos 
La inequidad en la Argentina es un problema geopolítico, que amenaza el equilibrio social y la integración del país. No es la ciudad de Buenos Aires la culpable de todos los males ni es la provincia de Buenos Aires la principal víctima de la decadencia económica. La mayoría de los pobres radicados en el conurbano llegaron desde las provincias o de los países vecinos, atraídos por los beneficios que no tienen en sus lugares de origen. La ciudad de Buenos Aires tiene tres millones de habitantes, de los cuales algo menos del 10% vive en barrios precarios; pero además recibe diariamente a otros tres millones de personas que llegan a trabajar desde la provincia.
Hoy, la Nación es la que recauda y distribuye una parte. Podría ser al revés, por cierto. No todos los impuestos son coparticipables y, de estos, la distribución primaria establecida para la Nación fue de 42,34% y 54,36% para las provincias; 2% para el fondo de recuperación relativa del desarrollo de las provincias y el 1% para los ATN. La realidad concreta es que las provincias reciben en forma automática mucho menos del 30% de la recaudación total. 
El origen de la inequidad no está en la histórica posición privilegiada de la ciudad de Buenos Aires, sino el centralismo del Estado nacional. 
Ese centralismo, que va en desmedro del poder y la autonomía de las provincias, se expresa en la ley de Emergencia Económica, sancionada en enero, y que otorga un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Nación para el manejo de recursos fiscales. 
A esto se añade la subestimación sistemática de los ingresos tributarios en Presupuestos, con proyecciones inflacionarias irreales, con lo que se garantiza una amplia disponibilidad de fondos en manos del presidente.
El Congreso de la Nación debe asumir su compromiso y sus obligaciones con el pueblo y las provincias de la Nación, a los que representa. 
La ley, cualquier ley, debe ser sancionada para construir la seguridad jurídica de todo el país. La de Coparticipación Federal no puede seguir postergada. La ausencia de un proyecto de Nación se pone en evidencia, justamente, en la falta de normativas estables orientadas a objetivos claros de equidad social, calidad de vida, integración nacional y desarrollo equilibrado de todo el territorio nacional. 

 

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La Argentina atraviesa un momento crítico, enmarcado en una progresiva decadencia social, económica y cultural. Al mismo tiempo, la política ha reemplazado el diálogo, la tolerancia y el acuerdo para instalar una cultura autoritaria.
El país no tolera más grietas.
El martes, la crisis tuvo un pico alarmante con la insubordinación de los policías bonaerenses que reclamaron un aumento salarial en la puerta misma de la residencia presidencial de Olivos y rechazaron con total descortesía la propuesta de dialogar con el primer mandatario.
A pesar de que Alberto Fernández negó que las instituciones hayan corrido riesgo en esa tarde nefasta para la democracia, lo cierto es que los policías lograron un aumento salarial desproporcionado con respecto al nivel de ingresos en el país en tiempos de cuarentena y recesión. 
La decisión, de hecho, le quitó recursos a un distrito gobernado por un opositor para cederlo a otro, controlado por un oficialista. El decreto anunciado es jurídicamente insostenible, porque bajo ningún concepto el Ejecutivo nacional tiene derecho a detraer fondos del presupuesto en ejecución de una jurisdicción. 
La discrecionalidad, en cualquier gobierno, es una amenaza latente para el país y para todas las provincias, incluidas las 19 cuyos gobernadores aplaudieron al presidente. Pero la cuestión de fondo es la falta de una nueva Ley de Coparticipación Federal. La reforma constitucional de 1994 dispuso, hace 26 años, que en el plazo de un año debía estar sancionada y que debía contar con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso de la Nación.
Nunca se sancionó y la que está vigente es la ley provisoria de 1988 a la que Fernández se refirió críticamente durante su discurso en Olivos 
La inequidad en la Argentina es un problema geopolítico, que amenaza el equilibrio social y la integración del país. No es la ciudad de Buenos Aires la culpable de todos los males ni es la provincia de Buenos Aires la principal víctima de la decadencia económica. La mayoría de los pobres radicados en el conurbano llegaron desde las provincias o de los países vecinos, atraídos por los beneficios que no tienen en sus lugares de origen. La ciudad de Buenos Aires tiene tres millones de habitantes, de los cuales algo menos del 10% vive en barrios precarios; pero además recibe diariamente a otros tres millones de personas que llegan a trabajar desde la provincia.
Hoy, la Nación es la que recauda y distribuye una parte. Podría ser al revés, por cierto. No todos los impuestos son coparticipables y, de estos, la distribución primaria establecida para la Nación fue de 42,34% y 54,36% para las provincias; 2% para el fondo de recuperación relativa del desarrollo de las provincias y el 1% para los ATN. La realidad concreta es que las provincias reciben en forma automática mucho menos del 30% de la recaudación total. 
El origen de la inequidad no está en la histórica posición privilegiada de la ciudad de Buenos Aires, sino el centralismo del Estado nacional. 
Ese centralismo, que va en desmedro del poder y la autonomía de las provincias, se expresa en la ley de Emergencia Económica, sancionada en enero, y que otorga un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Nación para el manejo de recursos fiscales. 
A esto se añade la subestimación sistemática de los ingresos tributarios en Presupuestos, con proyecciones inflacionarias irreales, con lo que se garantiza una amplia disponibilidad de fondos en manos del presidente.
El Congreso de la Nación debe asumir su compromiso y sus obligaciones con el pueblo y las provincias de la Nación, a los que representa. 
La ley, cualquier ley, debe ser sancionada para construir la seguridad jurídica de todo el país. La de Coparticipación Federal no puede seguir postergada. La ausencia de un proyecto de Nación se pone en evidencia, justamente, en la falta de normativas estables orientadas a objetivos claros de equidad social, calidad de vida, integración nacional y desarrollo equilibrado de todo el territorio nacional. 

 

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