La fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la COVID-19. Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para continuar la tramitación en atención a la temática.
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La fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la COVID-19. Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para continuar la tramitación en atención a la temática.
Por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, la fiscal penal 2 Mónica Poma, ordenó desde el sábado pasado distintas medidas tendientes a esclarecer la posible comisión de delito en una práctica sanitaria, que de acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), está prohibida.
Aclara Anmat: "Frente al contexto de pandemia y la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, es importante aclarar que, por tratarse el plasma de una fracción de la sangre, está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre N§ 22.990. La aclaración del organismo regulador fue hecha a través del documento titulado "Uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19'".
El conflicto
Este sábado se conoció, a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, que la empresa denominada Hemosalta SRL informó a través de una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín de la Arena, que "la transfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de COVID-19 por aféresis, $30.000".
Una vez que se conoció esta situación, el propio ministro de Salud, Juan José Esteban, le dijo a este diario que intervino personalmente en el tema y lo llamó a De la Arena, para que no se cobre el plasma a nadie, porque no corresponde.
"Todos los centros privados y las clínicas están colocando el plasma gratuitamente, entonces este señor no puede salir a cobrar el plasma", dijo Esteban y agregó: "Lo llamé y le dije que rectifique la nota porque nosotros no le estábamos cobrando los hemoderivados que son todos los kits e insumos que se usan para hacer el plasma seguro, entonces no tiene por qué cobrarlo".
Por otro lado, desde el Centro de Hemoterapia señalaron que tienen un stock suficiente de plasma, para hacer frente a la demanda actual.