La ley de mediación 7.324 cumple 16 años desde su sanción en la Provincia de Salta. El año pasado se superaron las 100.000 mediaciones en toda la provincia y más del 60 por ciento de los ciudadanos que recurren al servicio resuelven su conflicto, pero teniendo en cuenta los profundos cambios sociales que se han producido, y se producen desde entonces, desde la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, destacan la necesidad de adecuar la legislación al tiempo que toca vivir. Aseguran que también es fundamental agregar y desagregar lo que se ha aprendido en estos años de mediación en Salta.
inicia sesión o regístrate.
La ley de mediación 7.324 cumple 16 años desde su sanción en la Provincia de Salta. El año pasado se superaron las 100.000 mediaciones en toda la provincia y más del 60 por ciento de los ciudadanos que recurren al servicio resuelven su conflicto, pero teniendo en cuenta los profundos cambios sociales que se han producido, y se producen desde entonces, desde la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, destacan la necesidad de adecuar la legislación al tiempo que toca vivir. Aseguran que también es fundamental agregar y desagregar lo que se ha aprendido en estos años de mediación en Salta.
Por este motivo convocan a una consulta abierta mediante la página web: gobierno.salta.gob.ar para que los ciudadanos interesados puedan emitir sus opiniones, expresiones e inquietudes sobre el tema a través de un cuestionario. Estará vigente hasta el 30 del corriente. Además se conformó una comisión de trabajo interinstitucional integrada por la Corte de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Ucasal, la UNSa, el Colegio de Abogados, el Foro de Intendentes y responsables del Centro Institucional de Mediación que tuvo su primera reunión mediante la plataforma virtual Zoom. Los encuentros serán semanales y se abordarán las partes de la ley que se deben modificar.
El secretario de Justicia, Diego Pérez, explicó a El Tribuno que la ley de mediación data de 2004. En 2008 arrancó su implementación efectiva y no hubo modificaciones a lo largo del tiempo. "Si bien en Salta podemos decir en base a la experiencia que tenemos indicadores alentadores y que ha sido efectiva la aplicación de este método alternativo de resolución de conflictos, hoy se advierte que hay ciertas cuestiones que hay que modificar si queremos ser de avanzada en materia de mediación. Por eso nos sentamos en la mesa para perfeccionarla, hacerla más efectiva", manifestó.
Destacó que Salta es pionera en mediación y que esto quedó evidenciado en este tiempo de pandemia por el COVID-19. "Hemos aplicado la mediación virtual. Mediante resoluciones la pusimos en funcionamiento a fin de acercarla a los salteños en este contexto tan difícil", indicó.
El cuestionario de la consulta abierta que figura en la página web: gobierno.salta.gob.ar para que los ciudadanos interesados puedan emitir sus opiniones, incluye preguntas cuyas respuestas deben ir con fundamentos, sobre si el ciudadano considera oportuno realizar una reforma de dicha ley y cuáles cree deben ser los principios rectores de una eventual reforma.
Añadió que también se quiere reformular la ley de mediación porque advierten que hay algunas asimetrías que se plantearon y que se deberían arreglar. "Hay que revisar la terminología, eliminar contradicciones que tenemos en la ley, hacer operativos algunos institutos", sostuvo.
El subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf, es quien coordina la comisión de trabajo. Durante la primera reunión, se trabajó en pautas y siete puntos genéricos de análisis, entre los que se destacó el de adecuar las normas con perspectivas sustentables, incorporando las nuevas tecnologías, homologaciones administrativas, entre otras.
Los cambios
Al ser consultado sobre qué partes específicas requieren cambios, Pérez respondió: "Eso es materia de análisis todavía pero, por ejemplo, sería importante morigerar asimetrías entre mediadores comunitarios y privados. Le ley prevé que para ser mediador privado necesitás tres años de ejercicio, de antigedad. Sin embargo, para comunitarios no, con lo cual hay una asimetría para corregir. Se podría establecer un año, dos o tres de ejercicio para ambos casos. Esa decisión saldrá de las discusiones que se den, pero claramente es una cuestión que hay que subsanar".
La duración del mandato del Tribunal de Ética, que actualmente es de un año, es otro de los puntos a tratar. "Estamos viendo la posibilidad de que dure dos años el tiempo de prescripción", dijo el secretario Pérez.
Multas
El sistema de multas, que está previsto en la ley, pero que no se puso operativo desde 2004, es otra de las cuestiones a abordar. "Aquella parte que no concurre a la audiencia queda factible de multa, pero esto no se ha hecho efectivo y es importante porque la persona que no asiste juega con el tiempo de la otra parte, con el mediador ya que la audiencia estaba prevista y también quita la posibilidad a otra persona que necesita el servicio. Es necesaria la aplicación de una multa y hoy no se cumple, no está activa", hizo hincapié.
La necesidad de la incorporación de la mediación comunitaria a la ley, que está por decreto es otro tema primordial.
"Es la intención del gobernador Gustavo Sáenz seguir avanzando cada vez más, capacitar mediadores y hacer que la mediación llegue a todos los rincones de la provincia. La premisa es poder darle un marco normativo adecuado a los tiempos que vivimos siendo previsores a lo que viene. Queremos hacer una ley de mediación para los próximos 20 años", finalizó.
Buscar consenso
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas en un ámbito de estricta confidencialidad, con el objetivo de buscar el consenso y lograr una solución ante un problema con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Este servicio gratuito fue instituido en la provincia como trámite obligatorio previo al inicio de todo juicio mediable. La misma solo puede ser desarrollada por un mediador registrado y habilitado por la Secretaria de Justicia.
En la primera reunión virtual de comisión para analizar y debatir sobre el proyecto de modificación de la ley de mediación estuvieron presentes funcionarios y profesionales de otras entidades.