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“Los merenderos deberían reconvertirse en espacios de encuentro para cuestiones educativas”    

Viernes, 15 de enero de 2021 02:09

Ayer por la mañana, en el Centro Cívico Grand Bourg, se firmó un convenio marco entre instituciones públicas provinciales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante el programa “Unir saberes contra el hambre”, que se desarrollará en la provincia y, sobre todo, en los departamentos que fueron declarados en emergencia sociosanitaria tras la muerte de niños aborígenes a comienzos del año pasado: Orán, Rivadavia y San Martín.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se desarrolla en el contexto del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado hace poco más de un año para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias y comunidades, sobre todo aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
A dos semanas de que se cumpla un año de la emergencia sociosanitaria en el norte salteño, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, repasó el trabajo realizado con las comunidades aborígenes a fin de garantizar los derechos a la alimentación y al agua segura en estas poblaciones. 
En un momento en que vuelven a aumentar los casos de COVID-19, analizó el impacto de la pandemia en las necesidades básicas de la población en general.
El convenio “Unir saberes contra el hambre” fue firmado por la ministra Figueroa; el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban; el ministro de Educación, Matías Cánepa; el rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, y el presidente de Saberes Asociación Civil, Eduardo Luther. Pronto será refrendado por Sergio Solmesky, en representación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), que es una unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 
Mediante el trabajo interinstitucional, este año se realizará una investigación para conocer qué es lo que se consume y qué alimentos hay disponibles en cada zona de la provincia, a través de los actores en territorio, como municipios y comunidades indígenas y criollas. A partir de la información recabada se buscará mejorar la calidad nutricional de la alimentación de acuerdo con las particularidades de cada lugar y junto con las personas que viven allí.

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Ayer por la mañana, en el Centro Cívico Grand Bourg, se firmó un convenio marco entre instituciones públicas provinciales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante el programa “Unir saberes contra el hambre”, que se desarrollará en la provincia y, sobre todo, en los departamentos que fueron declarados en emergencia sociosanitaria tras la muerte de niños aborígenes a comienzos del año pasado: Orán, Rivadavia y San Martín.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se desarrolla en el contexto del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado hace poco más de un año para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias y comunidades, sobre todo aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
A dos semanas de que se cumpla un año de la emergencia sociosanitaria en el norte salteño, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, repasó el trabajo realizado con las comunidades aborígenes a fin de garantizar los derechos a la alimentación y al agua segura en estas poblaciones. 
En un momento en que vuelven a aumentar los casos de COVID-19, analizó el impacto de la pandemia en las necesidades básicas de la población en general.
El convenio “Unir saberes contra el hambre” fue firmado por la ministra Figueroa; el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban; el ministro de Educación, Matías Cánepa; el rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, y el presidente de Saberes Asociación Civil, Eduardo Luther. Pronto será refrendado por Sergio Solmesky, en representación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), que es una unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 
Mediante el trabajo interinstitucional, este año se realizará una investigación para conocer qué es lo que se consume y qué alimentos hay disponibles en cada zona de la provincia, a través de los actores en territorio, como municipios y comunidades indígenas y criollas. A partir de la información recabada se buscará mejorar la calidad nutricional de la alimentación de acuerdo con las particularidades de cada lugar y junto con las personas que viven allí.

¿Cómo vienen trabajando con las comunidades aborígenes en el marco de la emergencia sociosanitaria?
Continuamos con el programa de entrega de módulos focalizados. Nación pone los fondos para comprar los módulos, y nosotros hacemos la distribución. Tenemos un equipo técnico y la dirección del programa en la que participan muchas personas que tienen la movilidad necesaria para entregar esos alimentos. 
Hay una gran logística para llevar los módulos, que se hace cada 45 días. Se entregan con normalidad, aunque a veces tenemos demora por los caminos que están anegados. Entonces, vamos con los helicópteros.
Primero llevamos los módulos alimentarios de emergencia y después llegamos con los focalizados. En este momento tenemos muchas áreas anegadas por la lluvia. Se trata de hacer por vía terrestre porque tiene mucho costo manejarse por vía aérea, pero cuando no hay posibilidad de acceso, sí o sí vamos con helicóptero.

¿Detectaron muchos chicos con riesgo alimentario en las comunidades aborígenes? ¿Cuántos?
Los datos de situación nutricional los tiene Atención Primaria de la Salud (APS). Nosotros vamos detrás de ese número. En este momento, con el programa Unir, en cogestión con Nación, estamos con 150 personas en territorio trabajando con APS en la zona de emergencia especialmente. 
Si bien los módulos focalizados son para comunidades indígenas en toda la provincia, tenemos gran parte de la población aglutinada en la zona de emergencia.
En este momento, en relación con los niños de bajo peso, que están sobre todo en la zona de emergencia, trabajamos muy alineados con Unir y con APS. Hacemos rastrillaje y está dando muy buen resultado: hemos detectado muchísimos chicos, los buscamos para nivelar su riesgo nutricional y los volvemos a llevar.

¿Cómo buscan garantizar el agua a las comunidades?
Seguimos asistiendo con el Ejército y con los mismos intendentes. Estamos entregando muchísimos tinacos para garantizar que el reservorio de agua que les dejan esté en buen estado.
Durante el año pasado entregamos más de 250 y desde principios de diciembre empezamos a llevar más y van a terminar siendo unos 800. El año pasado, cuando llegamos, había muchos reservorios contaminados.
Aparte, se han hecho muchos pozos, lo que está a cargo de Obras Públicas. Sé que en la zona de Santa Victoria hay cinco pozos, de los cuales tres están habilitados y dos están por habilitarse estos días. Eran 40 pozos los que se habían pensado para toda la zona de emergencia.

¿Cree que el aumento de casos de COVID-19 va a repercutir mal en las comunidades?
Sí, creo que el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), más que el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DiSPO), va a traer ciertos riesgos nutricionales y de salud. 
Los adultos mayores que han estado tan quietos tienen esa cuota de daño no solo en lo emocional sino también en lo físico, por no haberse movido tanto. Sabemos que si una persona adulta mayor restringe sus movimientos y su movilidad, eso causa un deterioro y un entumecimiento. Es muy difícil decir de cuánto va a ser ese efecto porque lo vemos día a día y va creciendo...
Ha crecido mucho el riesgo de niños o mujeres que pueden haber estado expuestos a situaciones de violencia. Eso lo vemos en la cantidad de niños que han sido ingresados al sistema por denuncias o lo que fuera; este año, muchos más que años anteriores. Esos números los vamos a dar cuando termine la feria judicial, para sentarnos y evaluar con ellos qué es lo que ha pasado, cómo estamos y cómo vamos a seguir. Por eso nuestra estrategia de fortalecer el sistema de protección de la niñez es muy importante para prepararnos para todo lo que viene.

¿Cómo ha impactado la COVID-19 en las comunidades indígenas?
En las comunidades indígenas aparentemente ha habido muchos menos problemas de salud por COVID-19 que en cualquier otra área de zona urbana. Al parecer, hay ciertas enfermedades endémicas en las comunidades que les han dado cierta inmunidad que no tenemos en las zonas urbanas. Ellos han tenido mucha menos muerte y daño que en todas las otras zonas. Muchos la han pasado de manera asintomática y tienen cierta inmunidad.

¿Durante la pandemia, han tenido más solicitud de alimentos en las zonas urbanas?
Sí, eso se ha sentido mucho todo este tiempo que trabajamos sin los comedores escolares. Si bien en los comedores de las escuelas se han dado módulos, este se da una vez por mes y el alimento era una vez por día. Entonces hay cierta necesidad en ese sentido.
Además, no todos los chicos que iban a los comedores de las escuelas tienen tarjeta Alimentar, por las edades: esta cubre hasta los siete años y el resto de los chicos no entran.
Si bien hay 77 mil tarjetas Alimentar en la provincia y es muchísimo el aporte, también fue muy grande el aporte del ingreso familiar de emergencia (IFE). Todo eso sumó para garantizar el acceso al alimento, más lo que se pudo haber hecho de merenderos, módulos focalizados y otras estrategias. Se contuvo muchísimo. Por eso no hubo mayormente estallidos sociales, que vienen cuando hay una falencia muy grande... 
En el futuro tenemos que ver las estrategias necesarias para que los merenderos, que aumentaron muchísimo y que cumplieron un rol impresionante, en la medida en que se normalice la economía y la escolaridad, se reconviertan en espacios de encuentro para otras cosas, como cuestiones educativas, que es lo que busca también Nación desde Niñez.

En este tiempo se hicieron también ollas populares...
Las ollas populares son producto de esta necesidad de asistencia que se fue dando... Estas llegan a toda la población. Hicimos lo propio durante un tiempo con el Ejército en la ciudad de Salta, pero apoyamos a muchos merenderos. La merienda es diferente, tiene otra calidad nutricional. Pasó a ser muy importante pero debería reconvertirse en un espacio de educación porque la alimentación debería estar resuelta de otra forma. Eso es lo que queremos y estamos pensado en muchos programas para eso. “Unir saberes...” tiene que ver con eso: ver la calidad nutricional que hoy tenemos para mejorarla.

 

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