La semana pasada la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, se reunió con el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, para ofrecer asesoramiento técnico para elaborar el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, que entrará en vigencia a partir de hoy en la Argentina.
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La semana pasada la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, se reunió con el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, para ofrecer asesoramiento técnico para elaborar el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, que entrará en vigencia a partir de hoy en la Argentina.
Si bien no se necesita una guía de procedimientos para aplicar la ley, la funcionaria consideró que es una herramienta útil que debería brindar la Provincia a los profesionales de salud, tanto a aquellos que son objetores de conciencia como a quienes no lo son.
"A quienes son objetores, el protocolo les indica las obligaciones y derechos que tienen. Por ejemplo, un objetor debe hacer derivación sin dilaciones y no puede negarse a realizar la práctica si la vida de la persona gestante está en peligro... Eso tienen que conocerlo todos los y las profesionales", advirtió la directora.
Los artículos 13º y 19º de la flamante Ley Nº 27.610 plantean la necesidad de capacitaciones sobre perspectiva de género y diversidad sexual tanto para el personal de salud como para el de educación.
Como una de las funciones del OVcM es brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico, ofrecieron al ministro espacios de formación para personal de salud en cuanto a aspectos legales, estadísticos y sobre la realidad de las personas gestantes. "Muchos y muchas objetores con la capacitación quizás pueden transformar ese pensamiento. Es necesario tener un conocimiento cabal de cómo es la práctica, cuál es la realidad de las personas que la solicitan...", planteó la directora.
Mencionó que, como en la provincia resulta dificultoso conseguir médicos que no sean objetores de conciencia, desde el Ministerio de Salud Pública buscan traer profesionales de otros lados para garantizar la práctica en la capital, por ahora.
El artículo 5º de la ley se refiere al trato digno y apunta a erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de la violencia. "La ley manifiesta que hay prácticas que sostienen la violencia hacia las personas gestantes. A partir de que se aprueba esta ley tenemos un avance para trabajar la violencia contra la libertad reproductiva", mencionó la directora.
Un protocolo antiguo
La ley de interrupción voluntaria del embarazo incluye los avances científicos introducidos por el protocolo nacional de aborto no punible, que se aprobó a fines de 2019 y al que la Provincia de Salta no adhi rió.
Ante la negativa de la Provincia, el OVcM emitió la recomendación N§ 8, en la que expresa que no adherir a esta guía implica desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con capacidad de gestar, en particular, a la salud y a gozar de los beneficios del progreso científico.
Hasta ayer en Salta estaba vigente el protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) de 2015, al que la Provincia adhirió a fines de mayo de 2018, tras el caso de una niña de 10 años embarazada. Hasta entonces se aplicaba un protocolo propio y muy restrictivo
De acuerdo con cifras oficiales, desde entonces hasta fines de 2018 hubo 77 ILE en la provincia.
En 2019 hubo 443 ILE, la mayoría de las cuales fueron en capital. De estos, 102 se realizaron en centros de salud, ya que en las primeras semanas la práctica se hace con pastillas de manera ambulatoria. Del total de ILE que hubo en 2019, 9 fueron de personas de 12 a 14 años de edad. Ese mismo año hubo 150 partos de personas de esta franja etaria.
"Siendo legal la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que apuntar a tener un registro de cuántas prácticas se hacen. Confiamos en que el Estado provincial lo va a hacer. Es importante que el registro esté y mostrar esa información", advirtió Pérez Declercq.
ESI, sin voluntad política
La directora del OVcM señaló que las capacitaciones en el ámbito de la educación previstas en la Ley N§ 27.610 no buscan enseñar sobre la práctica médica en sí, sino formar en perspectiva de género y diversidad sexual, y observó que la provincia tiene una carencia en educación sexual integral (ESI): "Los docentes van a tener que capacitarse para explicar que dentro de la salud reproductiva está el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero vamos unos cuantos pasos más atrás. En Salta no se capacita en métodos anticonceptivos ni en relaciones afectivas".
Pérez Declercq explicó que en Salta la ESI no tiene presupuesto ni un equipo de planta ni materiales propios. Los fondos que tiene la ESI en Salta dependen de Nación y el equipo actual se conformó en julio, siete meses después de haber comenzado la nueva gestión de Gobierno.
"Si bien es una de las provincias con tasa más alta de femicidios y quinta en abuso sexual, no se le da la importancia que merece a la ESI, que es una de las bases para erradicar la violencia. Podemos poner juzgados especializados y oficinas de violencia, pero sin ESI no vamos a avanzar mucho", analizó.
Asistencia a víctimas de violencia de género
Durante la reunión entre la directora del OVcM y el ministro de Salud Pública se trató el tema del protocolo único para la asistencia en violencia de género, que se aprobó por resolución ministerial en 2018 pero casi no se aplicó, más allá de algunas excepciones.
Esta guía de detección, valoración, derivación e intervención solo se implementa en el hospital San Bernardo. En el Hospital del Milagro se armó un comité para llevarlo a la práctica.
“La salud es una puerta de entrada importante para violencia sexual”, advirtió Pérez Declercq, y mencionó que en muchos casos aparecen otras patologías asociadas, como gastritis o intentos de suicidio. “Puede ser que los abusos ocurrieron en la infancia y detonan en la adolescencia”, mencionó, y consideró que es importante capacitar a los profesionales y trabajadores de salud para que detecten estas situaciones.
Junto con la Secretaría de Salud Mental, el OVcM empezó a realizar capacitaciones, pero Pérez Declercq consideró que falta impulso para que se conformen equipos en hospitales y centros de salud.
“Cada hospital tiene autonomía, pero puede haber una política ministerial que lo impulse”, advirtió la directora.
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