Después de muchos años Europa lucha por cobrarles impuestos a los giganes americanos tras proporcionales el volumen de ingresos que obtienen como dueños del mundo digital; se trata de lograr justicia fiscal.
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Después de muchos años Europa lucha por cobrarles impuestos a los giganes americanos tras proporcionales el volumen de ingresos que obtienen como dueños del mundo digital; se trata de lograr justicia fiscal.
Dos son los motivos principales que permitieron que se llegara a esta situación: por un lado, la falta de presencia física suficiente en los países donde operan; por el otro, el sofisticado sistema de optimización fiscal, aumentando sus expensas artificialmente con altos costos de regalías, de esta manera las cuentas ocultan los verdaderos resultados que son, sin duda, positivos.
Sin una reforma mundial del sistema fiscal existen pocas posibilidades que se llegue a corregir esta injusticia. Razón por la cual algunos países se han adelantado y optaron por cobrar el impuesto a nivel nacional destinado a las Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), entre otras empresas. Ellas ya reaccionaron anunciando que trasladarán dichos aumentos tarifarios a sus clientes.
París vs. Washington
La Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto dirigido a las plataformas que ofrecen servicios digitales, con un volumen de negocio de 750 mil millones de Euros a nivel mundial y 25 mil millones en el suelo francés.
Las empresas en la mira son las que realizan publicidad en línea, venta de datos destinados a fines publicitarios y aquellas actividades que permiten relacionar a los usuarios y diferentes servicios. Se trata de 30 empresas que deberán hacer frente al nuevo impuesto, el mismo prevé una recaudación de unos 400 millones de euros en 2020 y 650 millones en 2021.
La nueva tabla impositiva se aplica no solo a Gafam, también a sitios de reencuentro para solteros como Meetic, Airbnb, Instagram, Criteo, Booking.
Esta ley sitúa a Francia en el país pionero en Europa en haber logrado la reforma tan esperada.
El Ejecutivo francés, a su vez, pidió al Consejo Constitucional francés que validara el proyecto, con el fin de reforzar la posición política de Francia en las instancias mundiales, G7, G20 y la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) en curso de finalizar sus trabajos.
Los franceses esperan que los países vecinos europeos aprueben leyes similares para hacer presión en las negociaciones internacionales. Si Francia avanza en esta línea, asumiendo altos riesgos, es también para dar impulso a nivel europeo y mundial.
Las represalias por parte de Washington no tardaron, amenazan con imponer derechos de aduana adicionales a productos franceses, que en algunos casos podrían alcanzar hasta un 100% (equivalente a millones de US$), además anunciaron el lanzamiento de una encuesta sobre las potenciales consecuencias de dicho aumento, argumentan efectos discriminatorios, desproporcionados o restricciones a las empresas digitales americanas. Cabe señalar que Francia cuenta con el total apoyo de la CE contra el boicot a los productos franceses.
El efecto Frankenstein: EEUU que las vio nacer y crecer, sufre las consecuencias del suceso, concentración y exceso de poder de estas empresas, a tal punto que se iniciaron procedimientos contra Google y FaceBook, acusándolas de abuso de posición dominante con sus motores de búsqueda y las redes sociales. Incluso manifestaron estar dispuestos a cooperar junto con los 38 países de la OCDE para concluir un acuerdo multilateral a fin de lograr un sistema fiscal internacional más justo, ante una economía mundial cada vez mas digitalizada (Argentina no forma parte todavía de la OCDE)
Un gran dilema
Hoy todos los ciudadanos, no solo los americanos, somos víctimas de mensajes que provocan la insurrección, hacen apología del racismo, generan odio, hostilidades, contenidos ilegales en línea, permiten la manipulación desleal en las campañas políticas, falsas noticias...
Todos tenemos presente al presidente Donald Trump -soplando brasas-, alentando a sus seguidores a "dirigirse juntos hacia el Capitolio", la institución más representativa de los EEUU, incitando a la desobediencia, a ignorar los resultados electorales, al extremo de la sedición (según el presidente electo, Biden).
Las plataformas digitales Twitter, Facebook, Instagram reaccionaron y bloquearon la cuenta del presidente, impidiendo la publicación de nuevos mensajes. También YouTube, Snapchat suspendieron las cuentas. El que escribe o publica debe entender que las palabras tienen peso y efecto
Justifican la decisión alegando "la violación de la política de integridad cívica de la empresa"; sin embargo, la política interna de las plataformas es opaca y deberíamos reflexionar sobre las libertades que se atribuyen, así como silenciaron al presidente americano (que sin duda pone en riesgo al sistema democrático), ¿acaso no podrían callar a los que denuncian actos ilegales, violaciones a la libertad o alertan sobre riesgos a los sistemas democráticos o ciudadanos? Necesitamos trasparencia para conocer cuales son los fundamentos o criterios para juzgar y sentenciar el destino de una cuenta.
Europa, con artillería pesada
El mundo virtual debe estar enmarcado de la misma manera que el mundo real, hace tiempo que escuchamos la misma retórica, razón por la cual es imprescindible completar el marco regulatorio existente.
Con ese fin el ejecutivo europeo trabaja sobre la nueva legislación para actualizar la directiva “e-comercio” que nació hace 20 años cuando las plataformas de hoy recién empezaban o no existían.
En sus orígenes el objetivo fue ayudar al fortalecimiento del sector digital. Hoy existe un giro completo de filosofía y después de correr en vano detrás de las poderosas empresas y plataformas digitales en el marco de procedimientos interminables de derecho de la competencia, la UE levanta armas y acelera los procedimientos para imponer nuevas reglas de juego a los gigantes, acusados de concentración de poder, evasión fiscal y falta de mecanismos y control en los contenidos de sus plataformas, sin responsabilidad alguna.
Son dos los proyectos de reglamentación: El “Digital Services Act” (DSA) y el “Digital Market Act” (DMA). El fin es crear un espacio digital más seguro, en el cual los derechos fundamentales de los usuarios y ciudadanos de servicios digitales estén protegidos, establecer condiciones equitativas para fomentar la innovación y el crecimiento de nuevos actores tanto en el mercado europeo, como a nivel mundial.
La DSA contempla nuevas obligaciones para todas las empresas de intermediación. Aspira a regular las publicaciones de contenido antisemita, religioso, pornografía infantil, amenazas de muerte, venta de drogas, la apología al odio, la violencia verbal, la manipulación y deformación de la información... las publicaciones deben identificarse como contenido ilegal y eliminarse lo más rápido posible.
Fija las reglas para eliminar los bienes, servicios o contenidos ilegales en línea y refuerza métodos para analizar y entender cómo funcionan las plataformas (incluso facilitando el acceso de investigadores a datos claves), permitiendo la trazabilidad de los usuarios que practican dichas operaciones comerciales y localizar a los vendedores.
Más trasparencia
En esta materia las penas podrán alcanzar el 6% de sus ingresos.
Por otro lado, el “Digital Market Act” (DMA) impondrá limitaciones al mercado digital a los actores considerados de “naturaleza sistémica”, plataformas que llegan a más del 10% de la población europea (45 millones de usuarios). Se trata de empresas cuya fuerza amenaza el libre juego de la oferta y la demanda. Se les impondrán reglas que procuren la transparencia en sus algoritmos y la utilización de los datos privados de los usuarios en sus modelos económicos, muy propensos a prácticas desleales. Las conductas de dichas plataformas digitales tienen un gran impacto en el mercado interior, gestionando las relaciones comerciales entre empresas y clientes. La posición dominante de estos gigantes les otorga el poder de disminuir la competencia. Motores de búsqueda y servicios de intermediación on line como Google o Amazon deberán abstenerse de favorecer sus propios servicios y productos en detrimento de otras ofertas. Se impondrán sanciones por incumplimiento que podrían alcanzar hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa. Frente a esta ofensiva legal “los mastodontes” preparan un lobbying para atenuar el proyecto en curso.
La pandemia ha revitalizado el lugar de internet y las plataformas digitales; sus servicios se convirtieron en imprescindibles, sin embargo, hay que imponerles limites y reglas claras. Bruselas espera un funcionamiento más armónico, que favorezca la competencia con nuevos actores en igualdad de oportunidades; en resumen, limitar al oligopolio y, sobre todo, lograr trasparencia.