Comenzamos un año 2021, que será difícil y que exigirá de los argentinos una enorme capacidad de disciplina y superación.
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Comenzamos un año 2021, que será difícil y que exigirá de los argentinos una enorme capacidad de disciplina y superación.
Está muy lejano aún el momento en que la pandemia COVID-19 pueda ser considerada superada. La economía, a su vez, presenta un escenario muchísimo más complejo que hace doce meses, y en esta doble emergencia (la tragedia sanitaria y la tragedia social), el Gobierno nacional deberá esmerarse por convocar a todos los ciudadanos, y no solo a sus adherentes, a trabajar por objetivos claros como nación, sin sectarismos.
Todos necesitamos ejercer la templanza.
En primer lugar, será esencial la colaboración colectiva con las campañas de vacunación. La humanidad enfrenta epidemias desde hace milenios, cuando aumentaron los grandes conglomerados urbanos; desde fines del siglo XVIII, las vacunas fueron neutralizando el contagio. Los casos de la viruela, la rabia y la poliomielitis son los más emblemáticos; en todos los casos, la confianza ciudadana se ganó con el tiempo.
La Organización Mundial de la Salud, a través del programa Covax, trata de garantizar dos mil millones de vacunas en todo el mundo, lo que se sumará a las compras que los diversos estados hagan por su cuenta. Para inmunizar a los 7.700 millones de habitantes del planeta harán falta un esfuerzo de producción de los laboratorios, un enorme financiamiento (en un mundo que espera empezar a salir de la recesión después de mitad de año) y la contribución de más de 200 grupos de científicos que están elaborando vacunas con distintas fórmulas y tecnologías. De estos proyectos, cincuenta ya están siento probados en humanos y algunos, de diversos orígenes, empezaron a aplicarse hace un mes.
El gobierno nacional promocionó con cierto triunfalismo la llegada de vacunas rusas, sin explicar por qué solo la Argentina y Bielorrusia aprobaron "en emergencia" esa fórmula y sin transparentar la opción.
Ni el presidente ruso Vladimir Putin ni las autoridades argentinas disimularon la ansiedad por apurar los tiempos de la ciencia, a pesar de que el laboratorio Gamaleya goza de un prestigio académico que va más allá de las torpezas políticas.
No hace falta simular eficiencia: es necesario generar confianza diciendo la verdad sin sobreactuaciones. Todas las vacunas van a hacer falta, cualquiera sea su origen o su fabricante, y siempre que cuenten con la aprobación de la comunidad científica. Y habrá que estar preparados para la posibilidad de que la inmunización no sea suficiente. Porque la garantía absoluta requeriría más tiempo. Y porque tenemos la experiencia de que las vacunas antipolio de Jonas Salk y Albert Sabin, ambas, tuvieron percances serios.
La pandemia va a continuar y habrá que revisar lo actuado. La cuarentena que rigió este año fue muy pesada, con resultados, desalentadores. Unas 30.000 empresas cerraron sus puertas y otras tantas siguen al borde del precipicio.
En consecuencia, cerca de cuatro millones de personas perdieron su trabajo, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones sufrió un golpe muy fuerte y la inversión productiva, en los niveles más bajos de su historia compromete la necesaria reactivación.
En tanto, la cantidad de muertos en relación con la población nos coloca en los peores lugares.
Es imprescindible entonces definir una línea de conducta preventiva para que cada ciudadano pueda desarrollar su vida con responsabilidad y sin riesgos. El uso del barbijo y del alcohol en gel, los controles preventivos y el acceso a la consulta en caso de dudas son esenciales.
La utilización del sistema virtual para el trabajo y la escolaridad tienen sus límites, y las autoridades deben buscar soluciones en lo que se llama "una nueva normalidad".
Fundamentalmente, habrá que retomar las mejores tradiciones en materia de política sanitaria que, como en los casos de dos figuras históricas que trascendieron a sus gobiernos, Ramón Carrillo y Arturo Oñativia, exigirán sensibilidad social, visión de Nación y una voluntad inequívoca pata facilitar la inversión pública y privada en mejoras al sistema de salud.