Las conclusiones y recomendaciones de varios estudios que realizó un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (Inenco) fueron volcadas en un proyecto de ley que impulsa la diputada nacional Alcira Figueroa, en el Congreso, para regular el tratamiento de las aguas residuales domésticas en los lugares sin acceso a cloacas.
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Las conclusiones y recomendaciones de varios estudios que realizó un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (Inenco) fueron volcadas en un proyecto de ley que impulsa la diputada nacional Alcira Figueroa, en el Congreso, para regular el tratamiento de las aguas residuales domésticas en los lugares sin acceso a cloacas.
La iniciativa, que apunta a garantizar sistemas de saneamiento seguro para proteger el ambiente y la salud, también sumó consideraciones técnicas aportadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Ante los serios impactos ambientales y sanitarios que generan los loteos irregulares, el proyecto aspira a servir de modelo para la adecuación de las normas provinciales y municipales que rigen sobre los desarrollos urbanísticos.
La propuesta legislativa, a diferencia de tantos proyectos inconsultos, está cimentada en estudios que se desarrollaron en el ámbito académico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desarrollo sostenible
"El proyecto busca que el Estado argentino pueda realizar una mejor y más efectiva adaptación a los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 6, que procura garantizar agua y saneamiento seguro para todos. Para eso queremos que los sistemas de saneamiento que ya han sido estudiados y probados como eficientes sean contemplados y exigidos dentro de la planificación urbana", explicó Figueroa.
La diputada hizo notar que actualmente la gestión del territorio se realiza sin contemplar que las nuevas urbanizaciones deben garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, como un derecho integral e indivisible. "Se piensa solo en la provisión de agua, y eso es lamentable, porque tenemos un estancamiento importante en este derecho, y debemos repensar los sistemas que actualmente usamos", planteó la legisladora del Frente de Todos.
Investigaciones locales
Martín Iribarnegaray, investigador del Inenco que colaboró en la elaboración del proyecto, afirmó que el acceso a saneamiento seguro es aún una problemática severa en Argentina. "Abordar este problema de forma correcta implica repensar la forma en la que ocupamos el territorio y su compatibilidad con los sistemas de saneamiento que usamos, por lo que es indispensable normatizar la gestión del saneamiento en aquellos sectores que no cuentan con servicios de cloacas, algo con un atraso inaceptable en nuestro país", señaló.
Los sistemas de tratamiento descentralizado (STD) deberán garantizar como mínimo tres etapas de depuración previas a la disposición final de los efluentes. Sus componentes deberán responder a principios de integralidad, eficiencia y robustez para garantizar que las aguas residuales puedan ser dispuestas o reutilizadas de manera segura. No podrán habilitarse STD en unidades funcionales de conjuntos inmobiliarios o lotes individuales de urbanización, o subdivisión, con menos de 1.000 m2, ni en parcelas mayores donde el área construida ocupe más del 50% de la superficie.
Iribarnegaray, doctor en ciencias biológicas de la UNSa e investigador adjunto del Conicet, remarcó que la problemática abordada en la propuesta legislativo "es transversal a toda la sociedad, desde urbanizaciones privadas hasta asentamientos informales, y en todos los casos se demandan soluciones específicas que no están siendo abordadas correctamente".
Por su parte, Luis Segovia, abogado asesor de la diputada Figueroa, comentó que las leyes de presupuestos mínimos establecen tutelas ambientales uniformes en todo el país, y que es facultad del Congreso dictarlas, luego de la reforma constitucional de 1994.
El letrado precisó que el proyecto establece presupuestos mínimos de gestión ambiental basados en Mapas de Manejo, que buscan identificar en el territorio qué lugares cuentan con condiciones ambientales compatibles para el desarrollo urbanístico con sistemas de saneamiento in situ (que tratan las aguas residuales en el mismo lote de generación), y cuáles deben contar ineludiblemente con redes de cloacas. También se disponen las configuraciones mínimas que deben tener los sistemas de tratamiento in situ.
"Hemos solicitado la colaboración en aportes y opiniones de muchos organismos con vinculación en la materia, porque consideramos que la ley debe ser enriquecida. Además, tenemos expectativas de que el proyecto pueda servir como base para que provincias o municipios la adopten en su gestión a través de leyes provinciales y ordenanzas específicas", expresó Segovia.
Categorías de protección
El proyecto de ley tiene definidas tres categorías de protección de los acuíferos:
La categoría I (rojo) incluye a sectores donde no deben autorizar Sistemas de Tratamiento Descentralizado (STD) in situ, por tratarse de áreas con texturas superficiales de suelos con permeabilidad muy alta (arenosas), combinadas con una baja profundidad del agua subterránea.
La categoría II (amarillo) comprende a sectores con texturas de suelo franco-arcillosas, donde los STD solo podrán autorizarse con estudios de campo previos que confirmen la profundidad del acuífero, la textura del suelo y los resultados de la prueba de infiltración.
La categoría III (verde) abarca a sectores con texturas de suelos francas a franco-arenosas donde los sistemas de tratamiento descentralizado solo podrán autorizarse in situ con estudios previos que confirmen la textura del suelo y los resultados de la prueba de infiltración.