La Justicia tiene "prácticamente descartado" que los dos motociclistas atropellados la madrugada de Año Nuevo en La Plata por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, hayan participado del asalto al matrimonio, mientras que los abogados de los jóvenes embestidos pidieron la detención del hombre al considerar que intentó cometer un doble homicidio.
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La Justicia tiene "prácticamente descartado" que los dos motociclistas atropellados la madrugada de Año Nuevo en La Plata por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, hayan participado del asalto al matrimonio, mientras que los abogados de los jóvenes embestidos pidieron la detención del hombre al considerar que intentó cometer un doble homicidio.
Fuentes judiciales informaron ayer a Télam que "no hay absolutamente ningún indicio" que relacione al motociclista Luis Levalle (23) y a su acompañante, de 17 años, con el robo denunciado por Píparo y Buzali, al tiempo que confirmaron que la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, cuenta con un video en el que se ve a los posibles autores del asalto, quienes aún no fueron identificados.
A su vez, por pedido de la Justicia, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata allanó el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en diagonal 80 y calle 5 de esa ciudad, para secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, ya que se buscan las grabaciones completas de esa madrugada, precisó una fuente judicial.
Por su parte, Píparo aseguró en las últimas horas a través de una carta que difundió por las redes sociales que tanto ella como su esposo se encuentran "a disposición de la Justicia".
Los abogados de los dos atropellados solicitaron al Juzgado de Garantías 5 que ordene la detención de Buzali.
"Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga", señaló Martín De Vargas, abogado de Levalle.
El letrado añadió que "la existencia de funcionarios públicos asistiéndolos tras el hecho demuestra que existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia".
De Vargas hizo referencia así a dos situaciones que consideró irregulares: que el secretario de Seguridad municipal acudiera al lugar tras el hecho y que el esposo de Píparo no fuera sometido al test de alcoholemia de manera inmediata.