En el año 2013 fui invitada a escribir una columna de opinión sobre un caso judicial en el que tuve intervención y que impactó de manera intensa en la sociedad salteña y también a nivel nacional e internacional: una niña de 13 años golpeada y violada por su padrastro a quien el juez Victor Soria obligaba a continuar la gestación.
El debate en el diario se prolongó por varias ediciones y, en una polifonía constructiva, se perfilaron distintas posiciones y perspectivas con sus debilidades y fortalezas: operadores de salud y de la justicia, las diferentes parcialidades religiosas, sectores políticos, la ciudadanía interesada debatía el tema, sin cortapisas, en las páginas de El Tribuno.
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En el año 2013 fui invitada a escribir una columna de opinión sobre un caso judicial en el que tuve intervención y que impactó de manera intensa en la sociedad salteña y también a nivel nacional e internacional: una niña de 13 años golpeada y violada por su padrastro a quien el juez Victor Soria obligaba a continuar la gestación.
El debate en el diario se prolongó por varias ediciones y, en una polifonía constructiva, se perfilaron distintas posiciones y perspectivas con sus debilidades y fortalezas: operadores de salud y de la justicia, las diferentes parcialidades religiosas, sectores políticos, la ciudadanía interesada debatía el tema, sin cortapisas, en las páginas de El Tribuno.
El diario fue una tribuna en la que se exponían las ideas, se las sometía al escrutinio público, se las confrontaba, se las aceptaba o refutaba, se sopesaban argumentos en la esfera pública, una continuación de cierta deliberación democrática, de intercambio de razones saludable y fortalecedora. Ahí encontré consagrada una forma de esa potente idea de la democracia como un foro para transformar preferencias a través del debate público.
Y este es el enfoque que pretendo subrayar: la prensa, además de información, es un espacio de encuentro y de análisis de ideas que contribuye a construir marcos de acuerdo en la sociedad que robustece el sistema democrático.
Además, en contextos institucionales como el nuestro con controles casi inertes, cobran mayor relevancia las expresiones y debates en la prensa.
Hoy el mayor de los desafíos de los medios de comunicación es asumir que no todos tienen posibilidades efectivas de hacer escuchar su voz y que, por lo tanto, deben existir esfuerzos para distribuir la palabra, para asegurar el pluralismo. No podemos perder de vista que los gobiernos y los poderes políticos y económicos tienen una enorme capacidad de influencia que desbalancea del escenario de modo riesgoso para la buena salud de las instituciones.
Uno de los valores fundantes de la democracia es el pluralismo, lo que supone asumir un fuerte compromiso para garantizarlo en todos los órdenes: en la arena política, en la justicia, en la prensa. Asumirnos parte de un todo- no el todo- pensando y decidiendo nuestros problemas en marcos de acuerdo e integración mutua, siendo capaces de pasar a segundo plano los intereses propios o sectoriales, lo que no es fácil para nadie.
Una buena prueba es preguntarse qué hace el poder con las ideas que no le gusta: ¿Aprende de ellas, las considera, las repudia, las cancela? La democracia se nutre de las voces críticas y es por eso que esas voces requieren protección especial. Uno de los temas que debemos repensar en conjunto es nuestra justicia y sus actores. Hoy el debate está planteado en la Convención Constituyente, se analizan mandatos, lo que necesariamente conduce a revisar los enormes poderes concentrados. Es una buena oportunidad también para escrutar el desempeño de magistrados/as, acostumbrados a no rendir cuentas ante nadie, sobre todo en los vinculado con derechos de las mujeres, temas de los que se habla mucho y se hace poco.
La perspectiva de género que tan buena prensa tiene en paneles y homenajes autolaudatorios, sigue sin cobrar la densidad necesaria en decisiones y prácticas jurisdiccionales a pesar de los mandatos constitucionales y convencionales. La prensa contribuye generando los foros para señalar esos déficits, reconducir direcciones y elevar la calidad de nuestras instituciones que, en definitiva, es elevar la calidad de nuestro Estado de Derecho.