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Estado de guerra en Chile

Miércoles, 20 de octubre de 2021 02:33

El estado de emergencia decretado por el presidente chileno Sebastián Piñera, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden en las cuatro provincias del sur trasandino donde se manifiestan con mayor intensidad los actos de violencia perpetrados por militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), constituye un punto de inflexión en un conflicto ancestral. Las etnias aborígenes representan el 12,7% de una población de 19 millones de habitantes, pero el peso histórico de ese conflicto secular le otorga una singular vigencia política.

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El estado de emergencia decretado por el presidente chileno Sebastián Piñera, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden en las cuatro provincias del sur trasandino donde se manifiestan con mayor intensidad los actos de violencia perpetrados por militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), constituye un punto de inflexión en un conflicto ancestral. Las etnias aborígenes representan el 12,7% de una población de 19 millones de habitantes, pero el peso histórico de ese conflicto secular le otorga una singular vigencia política.

La cuestión tiene como ingrediente novedoso las discusiones en la Convención Constituyente encargada de reformar el texto constitucional establecido durante el régimen de Augusto Pinochet. La Asamblea es presidida por Elisa Loncón, una diputada de origen mapuche y los representantes de las comunidades aborígenes proponen la incorporación de cláusulas que garanticen ciertas reivindicaciones básicas, entre ellas la definición de Chile como un "Estado plurinacional", como hizo Evo Morales en Bolivia, y la enseñanza del idioma mapuche en las escuelas.

Pero Juan Pichún, vocero de la CAM, sostiene que la proyectada reforma "es una nueva forma de colonialismo del pueblo mapuche. La Constituyente y la nueva Constitución no nos representarán. El poder económico es más poderoso que una Constitución".

Según el gobierno, este año se llevan registrados 1.475 hechos de violencia contra empresas, propiedades o personas perpetrados por las denominadas "Organizaciones de Resistencia Territorial" (ORT), unidades que constituyen el brazo armado de la CAM. Como consecuencia, hay 462 activistas detenidos. En julio, la CAM emitió una "declaración de guerra" contra las empresas que pretenden instalarse en las zonas que consideran de propiedad de la comunidad mapuche. El blanco principal de estos ataques son las compañías forestales que operan en el sur trasandino.

El recrudecimiento del conflicto se inscribe en un escenario convulsionado por la proximidad de las elecciones presidenciales y el pedido de juicio político contra Piñera, promovido por la izquierda a raíz de las revelaciones acerca de sus presuntas cuentas en paraísos fiscales del exterior. Ni el grueso de la oposición ni la mayoría de las organizaciones de la comunidad mapuche comparten los métodos de la CAM, pero la coyuntura política hace que también cuestionen la declaración del estado de emergencia y la militarización del territorio y reclamen una negociación entre las partes, alternativa que en las actuales circunstancias resulta francamente ilusoria. Solo las fuerzas de derecha, algunos sectores empresarios, los propietarios de tierras en las zonas afectadas y el gremio camionero apoyaron la decisión.

Indigenismo e izquierda

Los mapuches presentaron una feroz resistencia a los conquistadores españoles, que se vieron impelidos en 1641 a suscribir un tratado de paz que les reconocía el ejercicio de su autogobierno al sur del río Biobío, firmado por el gobernador Francisco López de Zúñiga y refrendado por una Cédula Real firmada en 1643 por el monarca Felipe IV. El pacto rigió durante más de un siglo y medio hasta la independencia de Chile.

El tratado incluía el compromiso indígena de alistarse con los españoles ante cualquier agresión externa. Por ese motivo, combatientes mapuches lucharon del lado realista en la guerra de la independencia. Ese dominio territorial, único en la América hispana, recién fue alterado por la ocupación de la región por el Ejército chileno, en una prolongada campaña entre 1861 y 1883, equivalente a la Campaña del Desierto realizada en la Argentina por el general Julio A. Roca.

Desde entonces, con mayor o menor intensidad según los tiempos políticos, un conjunto variopinto de organizaciones indígenas que asumieron la representación de los aborígenes, hicieron oír sus reivindicaciones y negociaron con los sucesivos gobiernos. Al mismo tiempo, grupos más beligerantes realizaron ocupaciones de tierras, en muchos casos reprimidas y en otros legalizadas por el Estado, sobre todo durante el derrocado gobierno socialista de Salvador Allende.

El punto de inflexión ocurrió en 1992, cuando la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América desencadenó una ola de protesta indigenista a escala continental, que recibió el caluroso respaldo de un sector de la izquierda latinoamericana, que había quedado sin brújula desde el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. En Chile, ese apoyo fue inequívocamente oficializado por el Partido Comunista, que estaba afuera del gobierno de la Concertación Democrática, integrado por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.

Esa confluencia entre la causa indigenista y la izquierda radicalizada eclosionó en 1998 con la fundación de la CAM que legitimó el uso de la violencia como método para lograr la creación de un "Estado Mapuche" independiente de Chile. El líder de la CAM, Héctor Llaitul, es un exmilitante de la juventud del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y luego del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización militar impulsada por el Partido Comunista para combatir a la dictadura de Pinochet, pero que sobrevivió a la restauración de la democracia en 1990.

Cruzando la cordillera 

En la mitología mapuche, el reino de Araucanía abarca a la Patagonia argentina. Esto explica la aparición de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización binacional, fundada en 2013 por Facundo Jones Huala, un extravagante personaje de nacionalidad argentina, oriundo de Bariloche, hijo de un granjero inglés casado con una indígena, extraditado a Chile donde purga una condena de prisión por el incendio de una propiedad privada. En la Argentina, tuvo como abogada defensora a la actual ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Sugestivamente, esta reivindicación indigenista sobre la Patagonia argentina tiene una base de operaciones en Gran Bretaña. En la ciudad de Bristol funciona Mapuche International Link, que denuncia internacionalmente el “genocidio” practicado por los estados de Chile y Argentina y asocia la causa mapuche con las reivindicaciones independentistas de los vascos, los catalanes y los kurdos. En un mapa publicado en la página web de la organización, las islas Malvinas figuran como territorio mapuche.
Estos propagandistas de la causa mapuche reivindican a Orélie Antoine de Tounens, un abogado francés que con el apoyo de una logia masónica desembarcó en Chile en 1858, logró el respaldo de algunas tribus mapuches que resistían la embestida del gobierno de Santiago y fue proclamado Rey de la Araucanía y de la Patagonia. El aventurero fue apresado y deportado a Francia en 1860, pero sus descendientes aún reclaman sus derechos.
La coincidencia entre el recrudecimiento de los hechos de violencia de la CAM en Chile y la reciente reaparición de la RAM en Río Negro marcan que la cuestión, si bien tiene su epicentro en Chile, trasciende sus fronteras nacionales. Los servicios de inteligencia chilenos sostienen que estos dos grupos armados tienen vínculos con la fracción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), que ha entrenado a algunos de sus combatientes, y con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, lo que plantea una amenaza a la seguridad regional. 

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico


 

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