Después de tantos rumores y danza de nombres, finalmente se confirmó que Adrián Zigarán será el nuevo interventor de Salvador Mazza. El elegido por el gobernador Gustavo Sáenz pasará de estar al frente del Municipio de Aguaray a Salvador Mazza sin escalas.
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Después de tantos rumores y danza de nombres, finalmente se confirmó que Adrián Zigarán será el nuevo interventor de Salvador Mazza. El elegido por el gobernador Gustavo Sáenz pasará de estar al frente del Municipio de Aguaray a Salvador Mazza sin escalas.
Después de la aprobación en la Cámara Legislativa de la ley que interviene el Ejecutivo municipal de Salvador Mazza hasta diciembre de 2023 y también remueve a Rubén Méndez del cargo de intendente de la localidad fronteriza, el Gobierno provincial decidió nombrar como interventor a un hombre del saencismo.
Los rumores indican que será anunciado mañana, después de que asuma el intendente electo de Aguaray, Guillermo Alemán, al cargo mañana jueves al frente del municipio que se encuentra intervenido desde mediados de octubre del año pasado, luego de que el jefe comunal Jorge Enrique Prado fuese destituido por el escándalo del robo de caños del gasoducto del NEA.
Adrián Zigarán, ocupa hasta mañana el cargo de interventor de Aguaray estuvo también en el cargo de Secretario de Participación Ciudadana y Relaciones de la Comunidad, pero también cumplió otras funciones en la administración pública.
No hace mucho años fue nombrado interventor del Mercado San Miguel y fue uno de los primeros funcionarios que advirtió el robo de caños del Gasoducto NEA.
Precisamente su conocimiento en el tema podría haber influido en su designación como reemplazante del ahora ex intendente Enrique Prado, quien fue removido por esta causa.
Investigación a Rubén Méndez
Méndez y varios de sus funcionarios se encuentran imputados por numerosos delitos, entre ellos, de enriquecimiento y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida política de la intervención fue dispuesta por el Gobierno provincial en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
El Ejecutivo provincial apeló a esta herramienta constitucional luego de que la Justicia allanara la semana pasada propiedades a nombre del intendente, de familiares y de al menos cinco funcionarios de la comuna.
Durante los 18 procedimientos realizados, se incautaron unos 200 millones de pesos en efectivo, se secuestraron media docena de vehículos de alta gama, documentación y un arma de fuego.