Tras ochenta días de incómoda convivencia, el presidente de Perú, Pedro Castillo, amenaza con desembarazarse de la tutela de su mentor, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, el partido que lo llevó al gobierno.
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Tras ochenta días de incómoda convivencia, el presidente de Perú, Pedro Castillo, amenaza con desembarazarse de la tutela de su mentor, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, el partido que lo llevó al gobierno.
El mandatario busca concretar un "giro centrista" a una administración que funciona en minoría parlamentaria. El conflicto, tan previsible como prematuro, también genera una incógnita sobre la permanencia del primer mandatario. No se trata de una conjetura alarmista: durante el anterior período constitucional, que transcurrió entre 2016 y 2021, Perú tuvo cuatro presidentes.
El detonante de la crisis fue el pedido de renuncia de Castillo al jefe de Gabinete, Guido Bellido, un virtual delegado de Cerrón en el gobierno, y su sustitución por Mirtha Vázquez, una diputada de perfil moderado, dirigente del Frente Amplio, un partido de centro-izquierda, conocida por su defensa del ambientalismo y de los derechos humanos. La imagen de Vázquez podría facilitarle a Castillo la construcción de una coalición legislativa para sortear el obstáculo de un Parlamento hostil, donde la ahora fracturada bancada oficialista tiene apenas 37 de las 130 bancas.
El jefe de Gabinete saliente denunció a "los poderes fácticos que gobiernan, presionan, accionan, denuncian o persiguen". Perú Libre emitió una declaración oficial para condenar "un inocultable giro centro-derechista del gobierno y del gabinete".
Cerrón, un médico formado en Cuba y autoproclamado "marxista leninista", sostiene que Vázquez integra lo que satiriza como la "izquierda caviar". Desde su cuenta de Twitter, anticipó que la bancada oficialista no otorgaría en el Congreso el voto de confianza al nuevo elenco ministerial. Molesto, Castillo contestó: "Hasta con un tuit piensan que se cambia al país!".
La tensión entre Castillo y Cerrón fue notoria desde el primer día gobierno. El jefe de Perú Libre siempre sostuvo que "su elegido", una figura extrapartidaria, líder sindical del gremio docente, que adquirió popularidad nacional por una huelga general del sector, tenía que subordinarse a las directivas partidarias. Castillo, sin romper abiertamente, intentó forcejear con su mentor y buscó forjar un delicado equilibrio entre las imposiciones de Cerrón y las exigencias de gobernabilidad.
Esa pulseada en las alturas del poder generó un gobierno heterogéneo, plagado de movimientos contradictorios. A las pocas semanas, en la primera crisis de gabinete, el canciller Héctor Béjar, un veterano ex jefe guerrillero de la década del 60, de 85 años, se vio obligado a dimitir por haber señalado que "el terrorismo en Perú lo inició la Marina" y que "Sendero Luminoso fue, en parte, creación de la CIA y la inteligencia norteamericana".
En una trabajosa negociación, Castillo logró imponer una línea de moderación en la orientación económica, graficada en la confirmación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central, que ejerce desde hace quince años, y en la designación como ministro de Economía de Pedro Francke, un técnico respetado por los sectores empresarios. Ambos nombramientos indicaron la voluntad de respetar los lineamientos básicos del modelo económico de libre mercado y apertura internacional instaurado por Fujimori en la década del 90 y continuado por sus sucesores.
En cambio, Castillo y Cerrón no pudieron ponerse de acuerdo en la forma de encarar una reforma constitucional orientada a fortalecer las atribuciones del Poder Ejecutivo en detrimento del carácter semiparlamentario del sistema político vigente. Para Cerrón, la cuestión tendría que constituir una prioridad inmediata del gobierno. Pero ante el furibundo rechazo a la iniciativa de la mayoría opositora en el Congreso, Castillo pretende dilatar el tratamiento.
Choque con remezones
El choque entre Castillo y Cerrón provocó también disidencias dentro de Perú Libre, entre la conducción partidaria y un ala minoritaria que respaldó el giro presidencial. La vicepresidenta Dina Boluarte, designada ministra de Desarrollo Social e Inclusión, y la nueva ministra de Trabajo, Betssy Chávez, defendieron su decisión de incorporarse al gabinete en una carta a la militancia en la que criticaron que "la dirigencia se ponga de espaldas a las esperanzas que encarna Perú Libre". Esa división se trasladó a la bancada oficialista en el Congreso.
Esa fractura dentro de Perú Libre profundiza la fragmentación del sistema político, graficada en la integración del Parlamento y patentizada en los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, cuando Castillo obtuvo el 18% de los sufragios contra un 13% de Keiko Fujimori, que ocupó el segundo lugar y un 59% distribuido entre otra docena de candidatos que en el balotaje otorgó al actual mandatario una victoria por una diferencia de apenas el 0,5% de los votos, nunca reconocida por la candidata derrotada, erigida en feroz opositora. La fragilidad política de Castillo lo obliga no solo a una negociación con los partidos centristas, como Acción Popular y el Partido Morado, sino también a buscar el respaldo de un sector de las bancadas legislativas de derecha. Esas conversaciones implican aceptar un mecanismo de contrapartidas que conlleva el riesgo cierto de un virtual loteo del aparato del Estado. Los diputados peruanos tienen una aquilatada experiencia en vender muy caros sus apoyos a los gobiernos en dificultades.
Ya antes de sentarse a dialogar con Vázquez, y a modo de demostración de fuerza, el Congreso aprobó una ley que reglamenta restrictivamente las causales por las que el Poder Ejecutivo puede proceder a la disolución del cuerpo legislativo y convocar a elecciones anticipadas, un recurso establecido en la Constitución vigente. El gobierno anticipó que pedirá a la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de la norma, a la que Cerrón calificó como un “golpe parlamentario”.
El Poder Judicial tampoco se quedó atrás en este incierto rumbo de colisión que caracteriza hoy a la política peruana. El Tribunal Constitucional ratificó la validez de la condena impuesta a Cerrón por supuestos hechos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Junín, mientras que Arturo Cárdenas, secretario de Organización de Perú Libre, huyó a Bolivia para eludir los cargos de malversación de caudales públicos y es actualmente buscado por Interpol.
Profesión de riesgo
Para ilustrar acerca del protagonismo político alcanzado por los magistrados, bastaría señalar que los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000), Toledo (2000-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Kuczynski (2016-2018) fueron a prisión luego de terminar sus respectivos mandatos. El caso más dramático tuvo como víctima a Alan García (2006-2011), quien se suicidó cuando estaba por ser apresado en su domicilio.
Castillo sabe entonces que en Perú la presidencia es una profesión peligrosa. Para sobrevivir, su opción obligada sería imitar al presidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien negoció con la oposición política y propinó una “patada histórica” a su predecesor, Rafael Correa, quien lo había ungido en el poder.
Esa presión por un acto de emancipación presidencial, reclamado por los sectores empresarios, presenta puntos en común con las situaciones que afrontan en Bolivia Luis Arce respecto a Evo Morales y en la Argentina Alberto Fernández en relación a Cristina Kirchner.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico