El Estado nacional incumplirá nuevamente la asignación del fondo para preservación del bosque nativo previsto en la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
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El Estado nacional incumplirá nuevamente la asignación del fondo para preservación del bosque nativo previsto en la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
El proyecto de presupuesto 2022 asigna una ínfima parte de lo que correspondería de acuerdo a esa ley. Se proyecta para 2022 un gasto total de $ 7.088.250 millones y, de acuerdo con la Ley, a la preservación de la floresta corresponde asignar el 0.3% de esa cifra: $ 21.265 millones.
Por otra parte, de acuerdo a la información suministrada por la AFIP, se puede proyectar para este año una recaudación aproximada a los $ 950.000 millones en concepto de retenciones a las exportaciones. Según la ley, el 2% de ese ingreso debe ser asignado al fondo en cuestión, lo que equivale a 19.000 millones de pesos. El faltante se debería complementar con otros ingresos menores pero previstos en la norma.
No obstante, el artículo 19 del Presupuesto (que debe tomar como base de cálculo la recaudación de este año) asigna al enriquecimiento, protección y conservación de los bosques nativos un monto de apenas $ 1.332 millones. Es una constante: a lo largo de una década, la administración central distribuyó en promedio solamente el 6% del monto previsto por ley. De ese modo, ya acumula una deuda cercana a los US$4.000 millones a las provincias. Estas, a su vez, tiene una deuda tan grave como esa, que es la de no diseñar planes de desarrollo humano pensados con categorías del tercer milenio.
Los salteños, y en especial los habitantes del chaco salteño, por ser esta la provincia con mayor superficie boscosa, son los más perjudicados. Según la Fundación Vida Silvestre de los $5.400 millones que deberían llegar por este concepto a Salta en 2022, solo enviarán unos $165 millones.
Esto debe entenderse con absoluta claridad: se trata de un fondo con fines específicos; no es un subsidio sino una compensación para los propietarios de tierras con bosque nativo por el costo que les representa no explotarlo para preservarlo.
Ese dinero (que no llega) no forma parte de la coparticipación ni debe ser asignado a gastos generales de la provincia, sino que es un recurso con fines específicos:
El artículo 35 de la ley de bosques explicita que el 70% debe destinarse a compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, y el 30% a tareas de administración o emergencia.
Es una forma de garantizar el desarrollo sustentable y de recuperar la floresta en proceso de degradación debido al pastoreo sin manejo, a las economías de subsistencia y, sobre todo, a la ausencia de planes de desarrollo para las poblaciones de las áreas boscosas.
Esta ley, en su proyecto original, llegó con el sello indeleble del centralismo del país unitario. Fue planteada con total desconocimiento de la realidad agro ganadera y social de las zonas involucradas. En el Senado se realizaron cambios importantes, tratando de orientar la nueva ley hacia criterios compatibles con la responsabilidad de legislar y gobernar.
Nuestro país se ha comprometido en los acuerdos internacionales celebrados para contrarrestar el cambio climático, que incluyen la protección de la cobertura verde que garantiza la absorción del carbono. El dinero retenido discrecionalmente por la administración central desde 2010 debió haberse aplicado preservar y recuperar el monte nativo y a permitir actividades económicas sustentables en áreas donde la pobreza castiga a comunidades criollas y aborígenes.
Este objetivo requiere un plan global de desarrollo humano. Con la observación de la ley provincial 7070, muy anterior a la ley de bosques, los 50.000 kilómetros cuadrados de territorio salteño pintados de amarillo y paralizados por un mal ordenamiento territorial podrían transformarse en espacios de reserva combinados con agricultura, ganadería y actividad maderera.
No existe mayor desastre ambiental que la pobreza, que en la Argentina tiene un crecimiento exponencial. Salta y el Norte Grande necesitan con urgencia incrementar la actividad, el trabajo y la calidad de vida, que son a la vez la condición y el objetivo del desarrollo sustentable.