La prórroga por cuatro años más de la "emergencia territorial indígena" es decir, la suspensión de desalojos en caso de una demanda o un litigio, muestra la negligencia del Estado, en especial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para resolver problemas que afectan, en primer lugar, a las comunidades pobres y excluidas que abundan en el país.
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La prórroga por cuatro años más de la "emergencia territorial indígena" es decir, la suspensión de desalojos en caso de una demanda o un litigio, muestra la negligencia del Estado, en especial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para resolver problemas que afectan, en primer lugar, a las comunidades pobres y excluidas que abundan en el país.
Una "emergencia" que se extienda por casi 20 años no es más que el indicio de una fragilidad absoluta en las políticas públicas específicas.
La dirigencia argentina parece muy cómoda en la arbitrariedad que facilita la emergencia y olvida la advertencia de J.M. Keynes: "En el largo plazo vamos a estar todos muertos".
Porque esta emergencia viene siendo prorrogada desde 2006 y en ese lapso el balance es muy pobre: no se resolvió ninguna situación sustancial, aparecieron grupos violentos en la Patagonia que invocan una identidad mapuche no verificada para llevar a cabo actos de vandalismo e insurrección contra el Estado; en Salta, los punteros políticos "afilian" a vecinos con la promesa de lotes propios y así forman falsas comunidades "diaguita calchaquí", lule u otras parecidas, que ocupan propiedades de sus vecinos. Se suma, entre 2010 y 2015, decenas de qoms muertos por la represión en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, y las periódicas mortandades masivas de niños en comunidades originarias.
A principios de este año el 61,35% de las comunidades aún no habían concluido el relevamiento de tierras. Y la mayor inquietud de los vecinos es que los relevamientos del INAI son sesgados por intereses ideológicos y políticos, y porque se convierten en trámites de escritorio sobre geografías desconocidas por burócratas.
La deuda del Congreso
De hecho, el debate en el Senado, el jueves, no representó avance alguno. Los hechos de violencia protagonizados por la Resistencia Ancestral Mapuche, en ambas laderas de la Cordillera, ocuparon gran parte del debate y mostraron la condescendencia de algunos, o la defensa ideológica a cargo del chubutense Alfredo Luenzo, que se niega a hablar de terrorismo y considera que se está estigmatizando al pueblo mapuche. Pero el tema roza derechos esenciales: en ese debate quedó expuesta la fragilidad jurídica que rodea a la legislación indígena y que es la denuncia permanente de los productores del valle calchaquí afectado por las violentas usurpaciones de los últimos años.
El cordobés Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, calificó de "subversivos" a los activistas patagónicos. "La RAM busca crear una nación autónoma y su jefe proclama que la lucha se seguirá profundizando. Con esta ley, dirán que no podrá ser desocupado de ninguno de los terrenos que han ocupado", agregó.
No es solo el senador cordobés el que lo advierte. Lo hacen evidente los reclamos de organismos que adhieren a los movimientos indigenistas e incluyen el reclamo de "territorios", (es decir, de soberanía) y no de "tierra". Basta leer pronunciamientos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y numerosos trabajos del Conicet para captar la dimensión del reclamo.
El revisionismo
Lo que cuestiona la RAM es el sistema de Derecho construido durante cinco siglos, desde el descubrimiento de América. Y esto no ocurre solo en la Patagonia. En Buenos Aires y en México, los monumentos a Cristóbal Colón fueron desplazados. En el Paseo de la Reforma, epicentro de Ciudad de México, el descubridor de América debió ceder su lugar a las mujeres aztecas. En Buenos Aires, a Juana Azurduy.
Este revisionismo, que el formoseño José Mayans relativizó en la sesión del Senado, es de fondo, significa un cambio cultural que la mayoría del país no está dispuesto a aceptar, empezando por los peronistas.
Pero no es solo revisionismo histórico. En el orden jurídico argentino no existen "territorios sagrados" que no puedan ser allanados por orden de un juez. Sin embargo, en 2017, la búsqueda del activista Santiago Maldonado se vio constantemente interrumpida porque los magistrados y la gendarmería no podían ingresar a los lugares vedados por la RAM. Por la RAM con el apoyo de la actual ministra Elisabeth Gómez Alcorta y de la ex ministra Sabina Frederic.
El senador Martínez, al oponerse a la prórroga, puntualizó que "El artículo segundo dice que los jueces no podrán actuar a partir de las situaciones de hecho". Laura Rodríguez Machado, del PRO cordobés, acusó al Frente de Todos de "permitir que se produzcan tomas de tierras y que la Justicia no pueda actuar".
El revisionismo también abarca al orden jurídico. A tal punto que Alfredo Luenzo, justificando de hecho a los activistas, sostuvo que "la verdadera ocupación" de la Patagonia "es que hay 5.900 registros de propiedades extranjeras, hay 2.600.000 hectáreas en manos extranjeras y hay sociedades extranjeras que no están identificadas a las que no se le puede cobrar el impuesto rural".
Más allá del vandalismo de la RAM, de la veracidad o no de los denunciados vínculos de la organización con diversas formas del crimen organizado o de grupos terroristas, el razonamiento de Luenzo relativiza el derecho de propiedad en el marco de la Constitución Nacional.