Uno de cada dos habitantes de Salta es pobre. Es la provincia con mayor pobreza del país y, a la vez, la más desigual en cuanto a la distribución de ingresos. No existen atenuantes para esa realidad que expuso el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) en el informe "Pobreza y capacidad humana en la provincia de Salta", presentado ayer y que a fin de mes estará disponible para el público en general.
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Uno de cada dos habitantes de Salta es pobre. Es la provincia con mayor pobreza del país y, a la vez, la más desigual en cuanto a la distribución de ingresos. No existen atenuantes para esa realidad que expuso el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) en el informe "Pobreza y capacidad humana en la provincia de Salta", presentado ayer y que a fin de mes estará disponible para el público en general.
El Ielde, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales de la UNSa, encaró una investigación sobre las capacidades humanas y las privaciones de la población salteña. La particularidad del trabajo, de cierta manera inédito, es que fueron analizados todos los departamentos de la provincia, algo que los relevamientos sociales del Indec no suele encarar ya que se centran en los principales aglomerados urbanos. Entre los dramáticos resultados de la investigación se advierte que las ayudas en términos de transferencias económicas estatales no suelen ser dirigidas de la mejor manera a los sectores de la sociedad más relegados.
En números fríos, el estudio da cuenta de que este año hay en la provincia alrededor de 800 mil personas pobres. Esto es, residiendo en hogares cuyos ingresos no son suficientes para comprar una canasta básica de bienes.
Además, indica un borrador del documento al que tuvo acceso El Tribuno, los pobres en Salta están en peor situación que los que viven en otras provincias. Las personas pobres de estas latitudes están más empobrecidas que en el resto del país e incluso que en el NOA.
Para medir la situación de Salta desde una perspectiva "humana" y no solo monetaria, el estudio del Ielde, dirigido por el economista e investigador del Conicet Jorge Paz, creó el Índice Provincial de Desarrollo Humano (IPDH) que abarca diversas dimensiones como economía, salud, educación y el factor ambiental, entre otros.
Así, se pudo determinar que los departamentos de la provincia son altamente desiguales en términos de capacidades humanas básicas. En un extremo, con mejores indicadores, están los departamentos Cafayate, La Caldera y Capital. En la otra punta de la lista, en peor situación se encuentran Rosario de la Frontera, San Carlos y La Poma.
Ingresos
Así como la cantidad de personas bajo los índices de pobreza en Salta supera en 18 puntos porcentuales a la media nacional, la capital salteña es menos pobre que el resto de la provincia. Es la falta de federalismo en dos niveles: nacional y provincial.
La diferencia entre la pobreza de la ciudad de Salta (la que mide periódicamente el Indec) y el resto de centros urbanos de la provincia es cercana a los 20 puntos porcentuales.
"Algo interesante de este estudio es haber explorado un poco más a fondo los datos que teníamos disponibles de pobreza por ingresos, incorporando a otras localidades que el Indec toma en una parte de su encuesta, pero que nunca se lo suele trabajar", explicó a este diario Jorge Paz.
Con ese método, el doctor en Economía, marcó que desde el 43% de pobreza monetaria que el último informe del Indec estipula para el aglomerado Salta (que es la capital salteña y alrededores) se pasa al 54% de pobres si se agrega a todos los departamentos de la provincia.
"Se suman un montón de personas que estarían en situación crítica al agregar las jurisdicciones que no están medidas tradicionalmente en la medidas de pobreza", dijo el especialista.
De esas personas, considerando la misma tasa para todos los departamentos de la provincia, el 44% de la pobreza estaría concentrada en el departamento Capital y más de dos de cada tres personas pobres residirían en General San Martín y Orán, según el documento del Ielde.
Distribución
Sobre la asistencia económica que se otorga a los grupos más vulnerables, el Ielde distingue una posible falla en cómo se aborda la problemática y cómo se planifica la ayuda frente a la pobreza. Esas transferencias suelen llegar más a los departamentos que registran un nivel de capacidad humana menor, pero de esa manera no se identifica a las personas que más requieren de la ayuda. El principio distributivo se cumple como si los departamentos fuesen los titulares de los derechos.
“Ese error puede ser de dar más a quien menos necesita o no dar lo suficiente a quien necesita”, advierte la investigación.
“Nosotros consideramos las ayudas como un derecho humano y más en situaciones críticas como lo es una pandemia”, agregó Paz. E insistió: “Encontramos que el mecanismo de distribución de la ayuda pasa por un enfoque más bien territorial, porque la ayuda está llegando a los lugares que probablemente, hasta intuitivamente, parezcan los más desfavorecidos, pero que no son necesariamente donde se concentran las personas que están necesitando la ayuda en este momento”.
El experto describió que esa situación se puede observar, por ejemplo, en la capital salteña.
Desigualdad
Si bien no es el objetivo central del estudio del Ielde el tema de la desigualdad de los ingresos monetarios de la personas, hay una mención que mete el dedo en la llaga en lo que se refiere a ese punto tan delicado, que en última instancia habla sobre la felicidad de una población.
Según lo que reveló la investigación, la provincia de Salta es la que arroja el nivel de desigualdad de ingresos más elevado del país.
Por otro lado, La Rioja, una jurisdicción con bajo desarrollo humano relativo, tiene, por el contrario, un nivel de desigualdad muy bajo.
“Pobreza y desigualdad no van de la mano. Podés tener un lugar que sea relativamente pobre pero que el ingreso se distribuya más o menos igualitariamente. La desigualdad pasa por otra vía, porque provoca otros problemas diferentes que no lo tenés con la pobreza como puede ser la tensión social, la inseguridad y la inestabilidad institucional”, señaló el especialista de la UNSa.