Familias de La Caldera se comunicaron con El Tribuno para denunciar que viven “encerrados y atemorizados” por un vecino que los amenaza, sin que ningún organismo del Estado intervenga de manera eficiente. Según describieron, estaría atravesando un problema de salud mental pero nadie lo contiene.
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Familias de La Caldera se comunicaron con El Tribuno para denunciar que viven “encerrados y atemorizados” por un vecino que los amenaza, sin que ningún organismo del Estado intervenga de manera eficiente. Según describieron, estaría atravesando un problema de salud mental pero nadie lo contiene.
En la zona le hicieron varias denuncias al acusado por agresiones y amenazas. Sus familiares también tienen miedo: su expareja pidió una orden de restricción de acercamiento y su familia tuvo que cambiar las cerraduras de la casa.
Según manifestaron los vecinos, el hombre, además de ejercer violencia, tendría algún problema de salud mental.
El abogado de la familia desde hace mucho tiempo pide a la Justicia alguna solución, pero no obtiene respuestas claras por parte del Estado.
En un video que grabaron y mandaron ayer por la mañana, los vecinos muestran cómo agentes de la Policía cuidan la casa del hombre, a pesar de que él, una hora antes, había salido a pasear en su auto.
“Nosotros, encerrados y aterrorizados, para que el señor pasee como quiera. Suerte a los que se tengan que cruzar con él manejando el auto en la ciudad de Salta o donde sea que le toque estar”, pronunciaron.
Episodio violento
Los vecinos contaron que, el 4 de noviembre último, el hombre saltó el alambrado e ingresó a la casa de una familia del pueblo. Con un cuchillo en la mano los enfrentó y los amenazó.
Algunos que acudieron a proteger a la familia recibieron puntazos y tuvieron muchas dificultades para reducirlo.
Según contaron, la Policía llevó al hombre al hospital Dr. Miguel Ragone, pero allí no lo recibieron y se lo entregaron a un familiar, que tuvo que volver con él hasta La Caldera.
Recién el 12 de noviembre lograron que el hombre tuviera consigna policial, pero, por lo que dijeron, esta no serviría de mucho, ya que sale en su vehículo mientras los efectivos se quedan en la vivienda.
Los vecinos contaron que la familia del hombre intenta proteger al resto de la comunidad luego del último episodio para evitar que esto suceda de nuevo con posibles consecuencias fatales.
Consideraron que el fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, no actúa como corresponde y dijeron que lo denunciaron, ya que desde hace dos semanas no pueden salir de sus casas ni trabajar. Muchos vecinos sufren ataques de nervios por la situación y se ven afectados en su salud mental.
Los vecinos evaluaron que, más allá de que sea violento, el señor también es víctima, ya que, por lo que dicen, es evidente que atraviesa alguna situación crítica de salud mental.
Respuesta del hospital
Desde el hospital Miguel Ragone dijeron que el hombre llegó a la guardia derivado por la Justicia para una valoración. Contaron que ingresó por una supuesta descompensación pero que, por lo menos, al momento de la entrevista, no cumplía los criterios para ser internado.
El gerente, Fernando Acuña, explicó que, desde que entró en vigencia la Ley N° 26.657, de Salud Mental, en 2010, los jueces no pueden exigirles que internen de manera involuntaria, salvo que exista una necesidad, lo que sucede cuando hay “riesgo cierto e inminente” o, según dijo, cuando la persona no tiene familiares que lo puedan contener. “Ya no se interna como antes”, manifestó.
El psicólogo contó que, cuando se rechazó la internación de este señor, los familiares que lo acompañaban dijeron que se harían cargo de él. “Confiamos en ellos”, señaló.
“Otro criterio”
Acuña explicó que hay otras formas de ingresar al hospital, que no son por la guardia. Cuando la Justicia necesita que se haga una junta médica, mandan a la persona por el servicio médico legal, donde se evalúa la necesidad de que tenga un tratamiento o internación.
Señaló que, en este caso, el hombre “podría ingresar con otro criterio”: tendría que haber un pedido de la Justicia para que una junta médica determine los tipos de necesidades que tiene.
“Se trata de una valoración diferente a la de la guardia, que busca resolver problemas de la urgencia psiquiátrica o psicológica”, señaló.
El gerente reconoció que en algunos casos los jueces ordenan internaciones involuntarias, a pesar de que las personas no están en situación de ser internadas.
En los equipos de salud trabajan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros.
Sobre la fiscalía a cargo
Los vecinos de La Caldera cuestionaron el desempeño del fiscal Juan Marcos Ezequiel Molinati. El magistrado llegó al cargo el 24 de enero del año pasado, a pesar de tener dos denuncias en contra de él por violencia de género por parte de dos mujeres y otra, por estafa.
El exgobernador Juan Manuel Urtubey presentó sus pliegos a la Legislatura. A pesar de que el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género solicitó que los retirara, Urtubey no lo hizo. El Senado provincial desestimó el planteo del Comité y aprobó los pliegos en una sesión especial los últimos días de 2019. Solo votó en contra el senador Guillermo Durand Cornejo.
El decreto que lo incorpora al Ministerio Público Fiscal lleva las firmas del gobernador, Gustavo Sáenz; del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y del exsecretario general de la Gobernación, Matías Posadas.