Tras la semana de receso, para que no se superponga con el tema electoral, la Convención Constituyente retomó ayer la actividad para comenzar a definir los puntos de la reforma parcial de la Constitución de Salta.
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Tras la semana de receso, para que no se superponga con el tema electoral, la Convención Constituyente retomó ayer la actividad para comenzar a definir los puntos de la reforma parcial de la Constitución de Salta.
En una jornada de intensa actividad, diversas comisiones escucharon las opiniones de especialistas.
Profesionales de amplia trayectoria en el campo económico coincidieron en sugerir a la comisión de Organismos de Control el mecanismo de concurso público para la elección de los miembros de la Auditoría General de la Provincia. (AGP).
En la actualidad la elección y designación de los auditores se realiza con una propuesta netamente política que nace en la Cámara de Diputados y que avala el Senado.
Los convencionales de la comisión de Organismos de Control escucharon el aporte de Mario Rodríguez, en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), de Armando Simesen de Bielke, por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; del exauditor Sergio Moreno y el actual miembro de la Sindicatura General de la Provincia, Federico Mateo.
Sobre la integración de la AGP, Rodríguez opinó que se debería integrar con un mínimo de cinco miembros, de los cuales tres deben ser contadores y dos abogados especializados en derecho administrativo, con 5 años en funciones y sin posibilidad de reelección.
Propuso como mecanismo de selección de los auditores un concurso público dirigido por un tribunal ad hoc, integrado por siete miembros: dos diputados, uno por el oficialismo y otro por la oposición; un miembro del Senado, dos académicos en representación de las universidades pública y privada y sendos representantes del Consejo de Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados.
A su turno, Simesen sostuvo que la designación de los auditores debería ser por concurso público de antecedentes y oposición, fijando como número ideal de miembros del tribunal evaluador en nueve miembros.
Estos, cinco del Senado y Diputados, respetando mayorías y minorías, uno del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; uno del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, uno de la Universidad Nacional de Salta y uno de la Ucasal.
También consideró que debería seguir designando el Senado, respetando el orden de mérito o justificando el porqué en caso de su alteración.
Desde su punto de vista, Simesen planteó que la Auditoría no debería controlar a los municipios, que cada comuna debería crear sus propios órganos de control, como garantiza la Constitución Nacional de 1994 sobre autonomías.
El exauditor Moreno consideró que en todos los casos el control será eficiente si existe voluntad política, y coincidió con Simesen en que, por su autonomía, cada municipio debería tener un tribunal de cuentas y solo deberían ser controlados por la Auditoría aquellos que carezcan del mismo.
En tanto, Mateo opinó que la Auditoría se debería integrar con cinco miembros, tres contadores y dos abogados especializados, respetando la participación proporcional por género, con presidencia anual y rotativa. Sobre la selección de auditores también consideró el de concurso público dirigido por un tribunal ad hoc de cinco miembros: uno por Diputados; el Defensor General de la Provincia; uno por la Universidad Nacional; uno por el CPCE y el restante por el Colegio de Abogados. Designación por el Senado y por un plazo de entre seis o siete años, sin posibilidad de reelección.
Pluralidad política para los concejales
Mantener en dos años el mandato o una elección cada cuatro.
La comisión de Régimen Municipal escuchó ayer la opinión de los constitucionalistas, Omar Carranza y Ricardo Gómez Diez, sobre la reforma de artículos referidos al régimen municipal.
Gómez Diez recomendó tener en cuenta la necesidad de contribuir a la pluralidad política y opinó que se debería mantener en dos años el mandato de los ediles o, caso contrario, la renovación de la totalidad cada cuatro años.
Sobre la propuesta de aumentar el número en municipios de tres o cinco, consideró que no es momento por la situación económica de la provincia.
Ante la posibilidad de llevar los mandatos de concejales de 2 a 4 años y renovar esos cuerpos por mitades, Gómez Diez advirtió que en el caso de los municipios chicos iría en contra de la representatividad proporcional, por una parte, y de la aplicación de la ley de género, por otra.
Para el caso de los intendentes opinó que se debería incluir una cláusula en la Carta Magna “para evitar nepotismo en la sucesión por parte de otros miembros de la familia”.
Por su parte, Carranza habló de la necesidad de consultar los cambios propuestos con las bases sociales. La reforma debe representar el sentir de los pueblos para no caer en una discrecionalidad, consideró.
Al igual que Gómez Diez, se pronunció por no incrementar el número de ediles en municipios con 3 o 5 concejales, porque aumentará el gasto público.
Sobre la duración del mandato propuso para los intendentes: cuatro años, más una reelección por otros cuatro, sin posibilidad de nuevos mandatos. O un período de 4 años sin reelección, con posibilidad, luego de un periodo intermedio, de presentarse para otro mandato final de cuatro años, siempre que así lo decida la voluntad popular.
En el caso de los concejales se inclinó por dos años y renovación total, con posibilidad de una reelección. En caso de llevar el mandato a cuatro años, dividir a municipios grandes y pequeños, renovando la totalidad en los primeros y por mitades los segundos, también con una única posibilidad de reelección, con el fin de asegurar el sistema de representación proporcional.
Sobre creación de nuevos municipios, expresó que no se debe dar solo por criterio habitacional, sino también por motivaciones de tipo sociales, ambientales o geopolíticas. Puso como ejemplo las áreas fronterizas, donde consideró que deben existir comunas, más allá de la densidad poblacional.