El director general de la organización Techo en Salta, Carlos Durán, consideró que la problemática habitacional se vuelve cada vez más grande en la provincia, y lamentó que no vean "políticas públicas claras" para hacer frente a esta situación.
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El director general de la organización Techo en Salta, Carlos Durán, consideró que la problemática habitacional se vuelve cada vez más grande en la provincia, y lamentó que no vean "políticas públicas claras" para hacer frente a esta situación.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que se dio a conocer días atrás, reveló que casi la mitad -49,1 por ciento- de las personas en el país no accedieron, durante el primer semestre de este año, a servicios públicos esenciales como agua, gas y cloacas. Estos son datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 conglomerados urbanos.
Desde Techo revelaron que en el marco de la pandemia los problemas que había en los barrios populares se acentuaron y la crisis en la que ya estaban se hizo "más profunda y más grave". Durante un relevamiento que hicieron, más de la mitad de los vecinos que entrevistaron tuvo problemas para acceder al agua potable.
"No vemos políticas claras a nivel provincial en cuanto al tema habitacional. Es dejado a la suerte de cada uno. Si podés pagar, bien por vos. Si no podés, no hay forma de acceder a una vivienda digna y adecuada", planteó.
El experto consideró que la vivienda digna en Salta es un privilegio, aunque recordó que, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Nacional, este es un derecho.
Aseguró que se trata de una problemática histórica. Señaló que ningún gobierno a nivel nacional, provincial o municipal ha tenido la visión o la voluntad de solucionar este problema estructural y de cambiar el foco de la vivienda como una mercancía a uno como satisfactor de derechos.
Durán explicó que el tener una vivienda digna influye en otros aspectos, como la salud, el acceso a la educación y al trabajo. Dijo que mejorar la situación de vivienda de una familia incide en múltiples cuestiones que les permiten vivir con mayor dignidad.
Aclaró que cuando habla de "casa" se refiere a una integralidad de cosas: "No es solo la vivienda, sino el conjunto de externalidades: tener una escuela y un hospital cerca, que no se inunde el camino para llegar, entre otras".
Ni un solo lote
Durán recordó que el año pasado se anunció en Salta el plan "Mi Lote", que, en teoría, llevaría lotes con servicios a familias de los sectores con menos recursos.
De acuerdo con el anuncio, los primeros mil lotes de este programa estarían listos en diciembre del año pasado y, en total se entregarían 12 mil terrenos.
Preocupado, Durán señaló que pasó más de un año y no se entregó ni un solo lote: "Era una propuesta para hacer frente al déficit habitacional y no sucedió. Nos preguntamos qué pasó con ese programa".
Este anuncio se hizo como una forma de dar respuestas a la toma de terrenos durante la pandemia. Las familias fueron desalojadas y advertidas de que no podrían ser beneficiarias del programa si tenían un antecedente por toma de tierras. Ilusionadas, se fueron, pero no obtuvieron solución a su problema de falta de vivienda.
Durán mencionó que desde el trabajo en territorio con Techo ven la cuestión de fondo de la crisis. Contó que realizan estudios "bastante minuciosos" entre las familias con las cuales trabajan y con las que construyen las viviendas: "El 95 por ciento de ellas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, por lo que no pueden afrontar necesidades básicas de alimentación".
El hombre advirtió que barrios populares como Floresta y Juan Manuel de Rosas, en la capital salteña, crecen de manera constante con la llegada de nuevas familias, sin que haya ninguna intervención pública.
Explicó que los asentamientos que dejaron de crecer lo hicieron porque tienen algún límite geográfico.
No llegan a Salta
Durán comentó que en Salta no se implementa la Ley N´ 27.543 de integración sociourbana de barrios populares, que busca llevar servicios con regularidad a estos lugares.
La norma, sancionada en 2018, reglamentada durante la gestión actual de Gobierno y a la cual se le asignó presupuesto, aún no se refleja en la realidad salteña.
El director de Techo comentó que la implementación depende de que los municipios y las provincias presenten proyectos a la Nación.
Algo similar sucede con una política del Gobierno nacional que se llama "Lote con servicios", por medio del cual se financia la infraestructura que podría generar la reubicación de barrios populares ubicados en zonas no habitables. La Provincia solo tiene que poner la tierra.
Durán comentó que desde los gobiernos municipal y provincial se presentaron proyectos, pero que todavía no se implementó ninguno, y advirtió que "esto parece no ser una prioridad" para los funcionarios sal teños.
El director de Techo mencionó que hay programas interesantes, como el nacional "Mi Pieza", con el cual varios vecinos de los barrios populares resultaron beneficiados. Este programa, destinado a mujeres, les permite mejorar su situación habitacional.
El 10%, en asentamientos
De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), cuyos últimos datos son de 2016, 1 de cada 10 salteños vive en asentamientos. En Tartagal, estos son 7 de cada 10. "Esto habla de dónde deberíamos poner el esfuerzo", expresó Durán.
En Salta capital, hay 39 barrios populares y en el departamento, que incluye a San Lorenzo, son 45. El departamento San Martín tiene 59 barrios populares y el municipio Tartagal, 43.
En la provincia de Salta hay 154 barrios populares, que se caracterizan por ser territorios donde la gente no tiene acceso regular a 2 o 3 servicios públicos básicos -agua, luz y/o cloaca- y que no tienen título de propiedad.
El foco en el interior
En el informe se señala que Salta es una provincia con bajo nivel de desarrollo humano provincial, alta pobreza por ingresos y elevada desigualdad económica.
“En este contexto, se evaluó la situación de los departamentos pensando en la desigualdad territorial tan característica, no solo de la provincia sino de la Argentina y de la región de América Latina y el Caribe”, señalaron.
Y agregan que “el objetivo de este trabajo fue identificar esas desigualdades y evaluar hasta qué punto alcanza la ayuda recibida por las personas que sufren carencias y privaciones”.
En este estudio, el Ielde puso el foco en el interior de la provincia de Salta.