El Gobierno argentino está obligado a llegar a un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo viable, que el país pueda cumplir y que contribuya al desarrollo.
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El Gobierno argentino está obligado a llegar a un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo viable, que el país pueda cumplir y que contribuya al desarrollo.
El organismo, a su vez, necesita aprobar un plan de pagos razonable, que resulte aceptable para todos los países que lo integran.
A ambas partes les resulta imperioso normalizar la situación y evitar el default, que sería el décimo de nuestra historia.
La deuda contraída con el FMI es de US$ 45.520 millones, solo una parte de los US$ 70.556 millones adeudados a organismos externos y apenas el 13% de la deuda pública de la Argentina que en junio llegó a su mayor nivel en la historia: US$ 343.500 millones, según datos de la Secretaría de Finanzas y del Banco Central.
Acordar con el FMI supone comprometerse con el organismo que brinda los intereses más beneficiosos, incluidos los que puede exigir para una refinanciación.
La Argentina no es el país más endeudado, pero sí uno de los más comprometidos por el enorme desequilibrio fiscal entre el gasto y el ingreso. La economía argentina es un tembladeral histórico; carece de seguridad jurídica y estabilidad legislativa, y abusa de las leyes de excepcionalidad que brindan un poder discrecional a los jefes de gobierno, pero instalan al mismo tiempo al país en un estado permanente de emergencia.
Las presiones internas de sindicatos y organizaciones sociales de dudosa representatividad no contribuyen a la credibilidad, como tampoco lo hace la sistemática desautorización al presidente y al ministro de Economía por parte de la vicepresidenta y de los propios subalternos de Alberto Fernández.
Más allá de la retórica de barricada y las innumerables contradicciones, el país debe presentar un plan de pagos confiable, avalado con las garantías de un plan de desarrollo que incluya la contención social de enormes sectores de la sociedad que van quedando fuera del sistema educativo y laboral.
Alberto Fernández asegura que no va a negociar a costa del hambre de los argentinos. El último informe del Indec y otro, del Banco Mundial, le indican que debe tomar medidas urgentes y distintas a las de las últimas décadas para no seguir incrementando el hambre de más de cinco millones de argentinos.
Desde Washington, y a la espera de la comisión técnica que envía el Gobierno para las negociaciones, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que "hay mucho por hacer todavía".
La funcionaria precisó que "el único entendimiento" alcanzado hasta ahora es que hay que "mejorar significativamente la macroeconomía argentina" y poner al país en una trayectoria de recuperación.
Los temas que preocupan a Georgieva y a la mayoría de los argentinos, que deberían ser abordados en el país por los gobiernos de todos los niveles son la inflación, la débil inversión privada para el crecimiento, y la pobreza.
Y eso supone un programa que debe romper el molde histórico de gastar sin límite, sobreendeudar al país con tramoyas crediticias, financiar el déficit con inflación, erosionar el valor de la moneda con un dólar desdoblado y no seguir creando impuestos con cualquier pretexto.
Está claro que el futuro del país se presenta complicado, porque es necesario generar inversión, captar mercados externos y crear empleos acordes a la Economía del Conocimiento. Y también es evidente que, si se siguen aplicando parches, no hay plan que pueda tener éxito.
Mientras se cierran exportaciones para "defender la mesa de los argentinos" y se prohíben los viajes al exterior para evitar que se gasten dólares en otro país, un equivalente en dólares (ahorros de argentinos, por supuesto) al total de la pública permanecen en cajas de seguridad en el país o en el extranjero, y no se invierten por falta de las más elementales garantías.
Argentina debe arreglar en serio con el FMI, básicamente, para comenzar a fortalecer la muy debilitada credibilidad nacional y aplicar un plan sensato, acordado con la oposición y los actores económicos, para empezar a confiar en el futuro.