Argentina y Uruguay vivieron un episodio que los puso en veredas distintas sobre un tema por el que no debería haber diferencias: el valor que la democracia tiene para nuestras sociedades.
Ocurrió en una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA que aprobó una nueva resolución que exige a Nicaragua la “liberación inmediata” de todos los opositores presos por el gobierno de Daniel Ortega, incluidos los siete que pretendían ser candidatos a la presidencia en la inminente (entonces) elección.
Fue aprobado por 26 de los 34 países habilitados para votar y hubo siete abstenciones, entre ellas las de Argentina, Bolivia y México.
Que a esta altura haya países que creen que no deben cuestionar conductas que implican violación de derechos básicos y un estilo de gobernar dictatorial, sigue ya no sorprendiendo, sino irritando.
La intervención del embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, reflejó ese desconcierto y ese fastidio. “¿Qué se necesita para comprender?”, se preguntó y pasó lista a las arbitrariedades que ocurren bajo el régimen de Daniel Ortega. “¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar este tipo de dictaduras?”.
Las evidencias son tan abrumadoras que es imposible entender por qué algunos se esconden detrás de una posición neutra y tibia ante dictaduras que, como dijo Abdala, “se están eternizando”.
Los países que optaron por no apoyar la resolución votada en la OEA saben lo que sucede en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Saben lo que sufre su población. No hay nada que explicar, está todo a la vista. Lo saben pero no se les mueve un pelo cuando ven el estilo prepotente con el cual cercenan libertades y abusan de la gente. Es que, en el fondo, aunque digan otra cosa, desprecian el concepto mismo de democracia.
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Argentina y Uruguay vivieron un episodio que los puso en veredas distintas sobre un tema por el que no debería haber diferencias: el valor que la democracia tiene para nuestras sociedades.
Ocurrió en una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA que aprobó una nueva resolución que exige a Nicaragua la “liberación inmediata” de todos los opositores presos por el gobierno de Daniel Ortega, incluidos los siete que pretendían ser candidatos a la presidencia en la inminente (entonces) elección.
Fue aprobado por 26 de los 34 países habilitados para votar y hubo siete abstenciones, entre ellas las de Argentina, Bolivia y México.
Que a esta altura haya países que creen que no deben cuestionar conductas que implican violación de derechos básicos y un estilo de gobernar dictatorial, sigue ya no sorprendiendo, sino irritando.
La intervención del embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, reflejó ese desconcierto y ese fastidio. “¿Qué se necesita para comprender?”, se preguntó y pasó lista a las arbitrariedades que ocurren bajo el régimen de Daniel Ortega. “¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar este tipo de dictaduras?”.
Las evidencias son tan abrumadoras que es imposible entender por qué algunos se esconden detrás de una posición neutra y tibia ante dictaduras que, como dijo Abdala, “se están eternizando”.
Los países que optaron por no apoyar la resolución votada en la OEA saben lo que sucede en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Saben lo que sufre su población. No hay nada que explicar, está todo a la vista. Lo saben pero no se les mueve un pelo cuando ven el estilo prepotente con el cual cercenan libertades y abusan de la gente. Es que, en el fondo, aunque digan otra cosa, desprecian el concepto mismo de democracia.
Por eso importa que estas resoluciones se discutan, se aprueben y defiendan. Al hacerlo se apuntala la forma de gobierno que mejor garantiza libertades y derechos, basada en el pronunciamiento popular a través las urnas y en el respeto a las minorías. Gana quien más votos tiene, pero gracias a los mecanismos constitucionales de controles y equilibrios, nadie tiene, ni nunca debe tener, la suma total del poder.
Defender este concepto adquiere especial sentido en un mundo donde cada vez más gente cree que lo único que legitima a un gobierno, son las urnas. Una vez que el pueblo vota, el ganador puede hacer lo que quiere, incluso manipular las subsiguientes elecciones. Ortega llega al ridículo de convocar a elecciones a la vez que encarcela a cada uno de sus adversarios para jugar solo en la contienda.
Las nuevas dictaduras no vienen por cuartelazos militares para derrocar al gobierno y quedarse con el poder. El mecanismo ahora es más perverso: se gana en buena ley y luego se horadan todas las instituciones hasta destrozar la democracia y eternizarse ellos en sus tronos.
Este concepto, extendido en América Latina, pretendió contaminar la política norteamericana y se metió en varios países de Europa. Hoy, la democracia según su más genuina definición no está pasando su mejor momento.
Es verdad, como alguna vez dijo el expresidente Sanguinetti, que la democracia no es épica. Se conduce mediante rutinas ya establecidas por las cuales se procesan las discordias y los conflictos. La lucha está, pero se canaliza con tolerancia y en forma civilizada.
Las “formas”, tan denostadas en los revolucionarios años 60, son las garantías que se le reconocen al ciudadano, con sus libertades y derechos.
Son modos de hacer política que los ciudadanos interesados en saber qué pasa siguen con atención. La libertad de prensa, clave en cualquier democracia, le facilita a la gente estar informada sobre lo que ocurre y en función de ello tomar sus decisiones políticas. Pero nada altera su vida cotidiana, la que cualquier ser humano tanto aprecia y que gira en torno de su familia, su profesión, el trabajo, la educación, el entretenimiento y los amigos.
Todo esto entra en crisis cuando aparecen gobiernos que se creen los salvadores, ungidos para actuar y mandar en nombre de pueblos que nunca les dieron tantas potestades.
Eso es lo que ocurre en muchas partes del mundo. Caudillitos de pacotilla que se creen dueños de su país. Algunos posan de izquierda, otros de derecha, pero son todos déspotas que destruyen la pacífica convivencia tanto dentro de sus países como fuera de ellos.
Quienes resolvieron abstenerse de apoyar la resolución de la OEA (lo cual equivale a no estar de acuerdo con ella) saben cuál es la verdad y tal vez ese sea el mundo en que prefieran vivir para dominar a sus pueblos.
Por eso es bueno que Uruguay defienda su postura y cuestione a aquellos que se hacen los distraídos. La democracia liberal y republicana es una marca de identidad para este país y recordarlo es una forma de afrontar los embates autoritarios que contaminan al mundo. Es necesario dejar bien claro que acá, las reglas siguen siendo las de un Estado de Derecho con justicia independiente y libertad.
* Tomás Linn es licenciado en Comunicación, académico uruguayo y columnista en El País, de Montevideo.