Un nutrido grupo de habitantes originarios de la zona de Tartagal se hicieron presentes ayer en las puertas de la Ciudad Judicial, impidiendo totalmente la entrada y salida de personas, para exigir que el juez Aramayo disponga la entrega inmediata de la ayuda solidaria destinada a las comunidades.
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Un nutrido grupo de habitantes originarios de la zona de Tartagal se hicieron presentes ayer en las puertas de la Ciudad Judicial, impidiendo totalmente la entrada y salida de personas, para exigir que el juez Aramayo disponga la entrega inmediata de la ayuda solidaria destinada a las comunidades.
Cabe señalar que el escándalo se desató en esta ciudad cuando una de las tres hermanas Díaz acusó a las otras dos (la concejal Paola Díaz y la defensora civil Rosa Díaz), la semana pasada, de estar vendiendo desde hace tiempo una gran cantidad de mercadería que llegó al norte con destino a las comunidades originarias.
Una vez que la Justicia tomó nota de la situación abrió una causa y el juez Aramayo dispuso que se allane el domicilio de las acusadas, que al mismo tiempo quedaron imputadas en la causa.
Efectivamente, del domicilio allanado personal policial secuestró una gran cantidad de bultos, que se asume era parte de la mercadería destinada a las comunidades aborígenes del Chaco salteño.
Todos los días, una sorpresa
Por eso, la situación en Tartagal dista mucho de volver a la normalidad y cada día que transcurre, luego que estallara el escándalo, aparece algo nuevo, siempre relacionado con este hecho que trascendió las fronteras de la provincia y llegó a la prensa nacional.
El lunes, como se recordará, unos 70 aborígenes provenientes de la localidad de Santa Victoria Este arribaron a Tartagal para estar más al tanto de los acontecimientos que involucran a las dos funcionarias públicas, una de ellas ya detenida, pero ambas imputadas por el sonado caso de las donaciones.
Los aborígenes del Chaco salteño permanecieron todo el día lunes en el complejo deportivo municipal y recibieron raciones de comida que les acercó personal de la comuna local, pero ya habían anticipado que permanecerían allí hasta que les den la ayuda que en realidad les corresponde y que quedó desde el domingo anterior a disposición de la Justicia luego que el juez Nelso Aramayo dispusiera el secuestro de gran cantidad de bolsas, bolsones y cajas que se encontraban en la vivienda de las hermanas Díaz.
Pero pasado el mediodía de ayer los aborígenes se trasladaron desde el complejo deportivo municipal hasta el Complejo Judicial de Tartagal, distante a unas 8 cuadras uno de otro, ya que según recordaron le habían solicitado una audiencia al juez y al fiscal que intervienen en el sonado caso.
Al grupo proveniente del Chaco salteño se sumaron dirigentes, hombres, mujeres y niños pertenecientes a comunidades wichis ubicadas a la vera de la ruta 86, a poco kilómetros de la ciudad cabecera del departamento San Martín.
Al arribar al lugar se apostaron en las puertas de acceso a la Ciudad Judicial, impidiendo así totalmente la entrada y salida de personas y vehículos, cuyo personal egresa a esa hora y vivió momentos de tensión.
Una reunión a las apuradas con el juez
El magistrado no tenía previsto recibir a los aborígenes.
El juez Nelson Aramayo, enterado de la situación, se hizo presente en la sede judicial y les pidió que eligieran a cuatro representantes para explicarles la situación.
A la reunión se sumó, además, el fiscal penal Rafael Medina, quien lleva adelante toda la investigación.
La reunión no duró más que unos 20 minutos y al salir los aborígenes explicaron a la prensa, presente en el lugar, qué le habían pedido al magistrado: “Nosotros queríamos saber no solo del estado de la causa sino también el destino de la ayuda que estas mujeres tenían en su casa y que la policía secuestró”.
“El juez de Garantías y el fiscal nos explicaron muy bien todo lo que ellos están haciendo y cuando les pedimos la ayuda que nos pertenece a nosotros, nos dijeron que nos van a entregar todo. Que esperemos hasta mañana a las 13 (por hoy) y que podremos retirar todo” precisaron los delegados, al explicarles a sus hermanos originarios que aguardaban alguna respuesta en la puerta del edificio judicial.
Testimonio aborigen
El joven dirigente wichi Luis Segundo, uno de los caciques de la ruta nacional 86, refirió que “a nosotros que vivimos en Tartagal y que somos votantes en este pueblo también nos interesa saber qué pasa con la concejal, porque esta gente nos ha dado un duro golpe a todos nosotros”, en referencia al accionar de Paola Díaz, detenida actualmente en la comisaría de la Mujer de esta ciudad.
Finalmente, el centenar de aborígenes flexibilizó la medida y permitió la salida de todo el personal del edificio judicial, lo que llevó alivio a los propios funcionarios judiciales y a sus familias que ya estaban enteradas de lo que ocurría y vivieron momentos de gran aflicción.
Sin medidas en el Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante de Tartagal decidió ayer no suspender o tomar alguna medida contra la edil Paola Díaz, quien se encuentra imputada, junto a su hermana, la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz, por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta.
Solo pasaron a comisión una nota enviada por la edil en la que se excusa de que no podía asistir por la salud de su hija, quien tuvo un accidente automovilístico.
La concejal se encuentra detenida. Para Rosa Díaz el fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad.