Con todos los ojos del país puestos en Tartagal por el verdadero escándalo desatado en esta ciudad norteña y que tiene como protagonistas a una concejal del oficialismo y a una funcionaria del Ministerio Público de la Provincia de Salta, el Concejo Deliberante local quedó también en el ojo de la tormenta al haber ignorado por completo la situación procesal de la concejal Paola Alejandra Díaz, detenida desde el lunes por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora junto a su hermana, delito previsto en el artículo 173 del Código Penal.
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Con todos los ojos del país puestos en Tartagal por el verdadero escándalo desatado en esta ciudad norteña y que tiene como protagonistas a una concejal del oficialismo y a una funcionaria del Ministerio Público de la Provincia de Salta, el Concejo Deliberante local quedó también en el ojo de la tormenta al haber ignorado por completo la situación procesal de la concejal Paola Alejandra Díaz, detenida desde el lunes por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora junto a su hermana, delito previsto en el artículo 173 del Código Penal.
Y es que el deliberativo local, en una sesión que no duró más de una hora, el martes, decidió pasar a comisión una nota presentada por la edil Paola Díaz quien desde el lunes permanece alojada en la comisaría de la Mujer. En la nota de marras la edil se justifica de no poder asistir a las reuniones de comisión ni a las sesiones del cuerpo "los días 8 y 9 del cte. mes y año", respectivamente, debido al delicado estado de salud de su hija Lourdes María Mónico Díaz, quien resultó víctima de un accidente de tránsito ocurrido el día 6 del corriente.
En otro tramo de la nota presentada por la edil puso en conocimiento "que ante los graves hechos que injuriosamente se le imputan, se pone a disposición del cuerpo para concurrir cuando la citen, si es de urgente necesidad su presencia en el recinto. Mientras tanto, queda a la espera del formal pronunciamiento de la Justicia en las acciones que se pudieran haber instruido como consecuencia de dichas acusaciones".
Gravedad institucional nunca vista
En la referida sesión del martes ningún edil ni del oficialismo de la oposición pidió aclaración alguna por el contenido de la nota de la concejal, quien en realidad no puede presentarse a las sesiones no por el lamentable accidente de una hija que permanece hospitalizada, sino porque está detenida desde el lunes 8 del corriente cuando espontáneamente se presentó ante el fiscal penal Rafael Medina para ser luego conducida desde la Ciudad Judicial local a la comisaría de la Mujer, antes del mediodía de esa jornada por disposición del juez de Garantías Nelso Aramayo.
Quien pidió la palabra solicitando que la mencionada nota pase a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación fue el edil del radicalismo Silvio Yanacón. Por parte de la bancada opositora el ingeniero Ernesto Restom pidió que la nota sea pasada a carpeta de lectura. Pero ninguno de los 9 miembros presentes mocionó solicitar información a la Justicia respecto de la edil Díaz; tampoco ninguno propuso suspenderla en sus funciones hasta tanto la Justicia decida sobre la situación procesal de la mujer o pedir que el municipio no le abone su dieta hasta que se conozca qué responsabilidad tiene en el escandaloso caso de la desviación de ayuda solidaria que estaba destinada a los wichis del norte de la provincia y que junto a su hermana habrían vendido o usado con fines políticos.
Los ediles oficialistas que conforman la bancada radical se mostraron sensibilizados por la situación familiar de la edil y por el accidente de su hija. El procurador Gustavo Cardozo expresó su satisfacción "porque no se la está juzgando sin el legítimo derecho a la defensa", según manifestó el letrado norteño, pero en ningún momento de la sesión propuso la conformación de una comisión que investigue el comportamiento de la concejal Díaz para otorgarle en ese caso el legítimo derecho a la defensa.
Las redes sociales estallaron por los argumentos esgrimidos tanto por los ediles del oficialismo, como por los opositores.