Como recordarán algunos lectores he dedicado varias columnas anteriores unas veces a criticar a la Corte de Justicia de Salta (demandando su imprescindible independencia de las corporaciones y de la política), y otras, a reivindicar la necesidad de poner al día el servicio de justicia, suprimiendo morosidades y mejorando la calidad de la Escuela de la Magistratura.
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Como recordarán algunos lectores he dedicado varias columnas anteriores unas veces a criticar a la Corte de Justicia de Salta (demandando su imprescindible independencia de las corporaciones y de la política), y otras, a reivindicar la necesidad de poner al día el servicio de justicia, suprimiendo morosidades y mejorando la calidad de la Escuela de la Magistratura.
Pero, el año corriente se inicia con una buena noticia: Un avance sustantivo hacia el objetivo de despapelización de nuestros antiguos tribunales.
Tras muchos amagues y anuncios incumplidos, la Corte publicó la Acordada 13.225 que, a mi modo de ver, conforma un cuerpo regulatorio de gran calidad técnica.
Sin duda queda mucho por hacer hasta que todos los operadores jurídicos (magistrados, empleados y abogados) nos pongamos en sintonía con la nueva tecnología que digitaliza e informatiza casi todas las actuaciones habituales.
El expediente digital es ya una realidad en el 5% de los tribunales salteños y esto pronto redundará en beneficio de las personas que buscan justicia.
Por otra parte, si la ciudadanía persiste en sus demandas de independencia judicial, de reformas al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento y a la Escuela de la Magistratura (urge una inmersión de la judicatura en los nuevos derechos y en las nuevas formas de pensar lo jurídico y de sentenciar), seguramente podríamos colocar a Salta en sintonía con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y los principios que son propios de una democracia constitucional.
Dejaríamos atrás, de esta manera, un largo ciclo de decadencia de uno de los poderes centrales de nuestra estructura republicana.
El diseño del expediente digital mejorará las lamentables estadísticas que lleva - sin el necesario rigor - la Corte de Justicia; acelerará la tramitación de causas; y el sistema judicial ganará en transparencia. Bien es verdad que ya es tiempo de que el alto tribunal ponga en marcha, como es su obligación, una Oficina que garantice a todos el acceso a la información pública.
De la nueva Acordada quisiera destacar el párrafo que - situándose dentro de una corriente mundial que apuesta por acercar la justicia a los ciudadanos - ordena a los jueces expresarse en un lenguaje claro.
Urge dejar atrás las oscuras rutinas provincianas que, con los primeros pasos informáticos, se habían transformado en ininteligibles o que requerían que abogados y usuarios termináramos retornando al vetusto, malsano y estéticamente horrible expediente en papel.
Frases como "téngase presente", o "según lo dispuesto a fojas 245", no son ni claras, ni descriptivas ni autosuficientes.
Si tuviera que señalar alguna observación a la nueva normativa, apuntaría a la necesidad de que los cambios procesales (algunos de los cuales son muy profundos) tengan la ratificación expresa de una Ley de nuestra Legislatura.
Y deslizaría una breve crítica a las restricciones que pesan sobre los abogados para acceder al conocimiento de las causas que no son propias.
Un recaudo que, a no dudarlo, ha contribuido al buen diseño de la Acordada sobre expediente digital, ha sido la participación de los abogados ejercientes, representados por el Colegio de Abogados.
La creencia de que el servicio de justicia puede dirigirse desde los despachos de cristal que albergan a los altos jueces del segundo piso de la Ciudad Judicial, es en realidad un prejuicio autoritario o seudo elitista.
Ojalá la Corte sea capaz de profundizar en esta línea y el Colegio, a su vez, aliente la participación de los abogados ejercientes en la elaboración de propuestas de mejoras del servicio de justicia.
Esperemos, en resumen, que lo que manda la nueva Acordada se cumpla en beneficio de todos.
Sin embargo, mucho nos equivocaríamos si pensáramos que el expediente digital es el punto de llegada del proceso de modernización del servicio de justicia.
En realidad, los inspiradores de la Acordada 13.225 que estoy elogiando con mucha convicción, no ignoran (o no deberían ignorar) que inmediatamente de su puesta en marcha se impone pensar en la justicia online, una herramienta en construcción que bien podría inaugurar una nueva era y que está revolucionando la teoría y la práctica de la justicia en otras latitudes, como puede leerse en el libro de Richard Susskind, editado el año pasado, "Tribunales online y la Justicia del Futuro".
De aquí en más, estamos convocados a razonar pensando en resultados. Analizar cómo derribar las barreras que hoy excluyen del acceso a la justicia pública a más de la mitad de salteñas y salteños. Pensar también en la incorporación de la Inteligencia Artificial y en la segmentación del servicio para prevenir y resolver conflictos en instancias previas a la intervención de jueces formales.
Necesitamos diseñar los instrumentos que pongan al alcance de todos el acceso a los tribunales internacionales cuando se trata de aplicar los Tratados sobre Derechos Fundamentales o de reaccionar frente a casos de sentencias arbitrarias. Sin descuidar, por supuesto, los aspectos que instalen a nuestros tribunales de justicia en la senda de la democracia constitucional.
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