El viernes se conoció que se investigan otros hechos que complicarían la situación de Rosa Díaz, la defensora oficial de Tartagal que hace dos semanas se vio envuelta, junto con su hermana, la concejal Paola Díaz, en un escándalo por la supuesta retención y venta de mercaderías destinadas a las comunidades wichí de la zona.
Según informó el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, Díaz estaría vinculada con una causa que involucra a una mujer oriunda de General Mosconi, a la que en 2019 se habría utilizado como testaferro en un boleto de compraventa apócrifo para usurpar una vivienda en Joaquín V. González que era propiedad del cuñado de Díaz y pareja de su hermana Paola.
Luego de este hecho, que llevó a varios conflictos entre esta mujer y su familia, Díaz aceptó ser su defensora oficial en otra causa. Luego de un pedido de la mujer a la Defensoría General, se le asignó otro defensor.
Desde el Ministerio Público de la Defensa se remitió la investigación al procurador general, Abel Cornejo, para que se investigue la presunta existencia de delitos por parte de Díaz y algunos familiares.
En este momento, Díaz tiene un pedido de jury de enjuiciamiento por el asunto de las donaciones y está suspendida de sus funciones por el sumario administrativo que le inició la Defensoría por este tema.
El nuevo hecho que se investigará desde el Ministerio Público Fiscal podría implicar que se amplíe el pedido de jury contra la defensora y que se le abra un nuevo sumario administrativo.
Ya hay un pedido de allanamiento de inmunidad de la defensora, que deberá tratarlo la Cámara de Diputados y podría suceder en sesiones extraordinarias.
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El viernes se conoció que se investigan otros hechos que complicarían la situación de Rosa Díaz, la defensora oficial de Tartagal que hace dos semanas se vio envuelta, junto con su hermana, la concejal Paola Díaz, en un escándalo por la supuesta retención y venta de mercaderías destinadas a las comunidades wichí de la zona.
Según informó el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, Díaz estaría vinculada con una causa que involucra a una mujer oriunda de General Mosconi, a la que en 2019 se habría utilizado como testaferro en un boleto de compraventa apócrifo para usurpar una vivienda en Joaquín V. González que era propiedad del cuñado de Díaz y pareja de su hermana Paola.
Luego de este hecho, que llevó a varios conflictos entre esta mujer y su familia, Díaz aceptó ser su defensora oficial en otra causa. Luego de un pedido de la mujer a la Defensoría General, se le asignó otro defensor.
Desde el Ministerio Público de la Defensa se remitió la investigación al procurador general, Abel Cornejo, para que se investigue la presunta existencia de delitos por parte de Díaz y algunos familiares.
En este momento, Díaz tiene un pedido de jury de enjuiciamiento por el asunto de las donaciones y está suspendida de sus funciones por el sumario administrativo que le inició la Defensoría por este tema.
El nuevo hecho que se investigará desde el Ministerio Público Fiscal podría implicar que se amplíe el pedido de jury contra la defensora y que se le abra un nuevo sumario administrativo.
Ya hay un pedido de allanamiento de inmunidad de la defensora, que deberá tratarlo la Cámara de Diputados y podría suceder en sesiones extraordinarias.
La presentación
A mediados del año pasado, la mujer damnificada envió una presentación por correo a la Defensoría General en la que solicitaba se le asignara otro defensor oficial en la causa que tramitaba por una usurpación que había sufrido en una vivienda que tiene en Mosconi. En el escrito, denunciaba a Díaz, quien había decidido tomar su caso, por hechos sucedidos el año anterior. Según su denuncia, en 2019 la habrían utilizado presuntamente para la confección de un instrumento público falso para tomar posesión de una casa en Joaquín V. González. El señor Serrano, cuñado de la defensora y pareja de la concejal, tenía la propiedad pero no la posesión de esta vivienda.
Según relató, ellos la habrían llevado bajo engaño a Joaquín V.González junto a la madre de las funcionarias, quien ya falleció, y un cerrajero para meterse en la propiedad utilizando un boleto de compraventa falso.
Por lo sucedido en González, la mujer tiene en su contra una denuncia penal y un juicio civil por usurpación. Cuando el fiscal de esta localidad la citó a declarar, recién se dio cuenta de que posiblemente había sido engañada. Luego de esto, hubo un cruce entre las mujeres en el Concejo Deliberante de Tartagal y varias denuncias y contradenuncias penales.
El defensor oficial de la mujer en González negó todos los hechos, manifestando que desconocía la propiedad y a las personas. En la declaración jurada, la mujer relató lo mismo que enviaría luego a la Defensoría General.
En 2020, cuando sufrió la usurpación de su vivienda en Mosconi, por una cuestión de turnos le fue asignada la defensora Díaz, quien tomó el caso y no se excusó, a pesar de los conflictos que había tenido su familia con ella. En ese momento, la mujer denunció a la defensora por televisión y envió la petición a la Defensoría General, en la que denunciaba a Díaz por estos hechos.
El defensor general de la Provincia informó que la denuncia que realizó la mujer tenía “algunas circunstancias poco claras” y no podían contactarse con ella para esclarecerlas. Ella luego reconoció que se le había roto el celular y había cambiado el número de teléfono.
Luego de hacer averiguaciones con los defensores de Tartagal y de Joaquín V. González, desde la Defensoría lograron comunicarse con ella el 12 de febrero pasado, luego de que se conociera el escándalo de la mercadería.
El viernes de la semana pasada, por videoconferencia, la mujer confirmó todo lo que había informado por correo y aclaró algunos aspectos que eran contradictorios.
“Ante la gravedad de la situación, remitimos esta investigación al procurador general para que le asigne un fiscal penal para investigar la presunta existencia de delitos”, expresó Castiella.
“A priori, el análisis que hacemos desde la Defensoría es que la prioridad son los asistidos. La Defensoría encuentra su sentido en la defensa de las personas de escasos recursos, los sectores vulnerables y los que tienen dificultad de acceso al sistema de justicia”, manifestó Castiella y observó que “en este caso se advierte que ha ocurrido todo lo contrario”.
Defensora, con pocos puntos
Rosa Díaz fue designada como defensora oficial por el gobernador Juan Manuel Urtubey en enero de 2018. Era la tercera en orden de mérito en la terna que presentó el Consejo de la Magistratura, que estaba en ese momento a cargo del entonces juez de la Corte y actual procurador Abel Cornejo.
La defensora accedió a su cargo con menos de 50 puntos (49,46). Las otras dos personas ternadas eran Cecilia Valeria Cruz Cáceres, con 60,17 puntos e Irene Natalia Velázquez, con 50,99 puntos.