Mientras el Gobierno intentaba minimizar los efectos del escándalo por las "vacunaciones vip", ayer el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó a la Argentina por brindar acceso a la vacuna contra el coronavirus según "afinidades ideológicas o cargos de gobierno".
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Mientras el Gobierno intentaba minimizar los efectos del escándalo por las "vacunaciones vip", ayer el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó a la Argentina por brindar acceso a la vacuna contra el coronavirus según "afinidades ideológicas o cargos de gobierno".
"Según principios de DDHH, el orden de acceso a la vacuna debe ser trasparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno", resaltó Vivanco.
En su cuenta de la red social Twitter, precisó: "Ante escándalos en Perú y Argentina, gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos".
De esta manera, Vivanco hizo referencia a la polémica que se generó por el "vacunatorio vip" montado en el Ministerio de Salud, lo que provocó la salida de Ginés González García del Gabinete, reemplazado oficialmente el pasado sábado por Carla Vizzotti.
Políticos, al último
Por su parte, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica propuso ayer que los líderes de cada uno de los espacios políticos del país "sean los últimos ciudadanos en acceder a la vacunación contra la COVID-19" y que no se inoculen hasta que lo hayan hecho todos los pacientes de riesgo.
"En un país donde agrupaciones políticas como La Cámpora se adueñaron de la campaña de vacunación, los líderes de todos los sectores tienen que ser los últimos en vacunarse", resaltaron en un comunicado.
La bancada que responde a Elisa Carrió adelantó que presentará un proyecto de ley para que "los funcionarios públicos, las autoridades de partidos políticos y de organizaciones sindicales se vacunen después de que haya sido vacunada la última persona de riesgo".
A su vez, propondrán la prohibición del registro de personas para la vacunación por fuera de las estructuras del Estado, para evitar, por ejemplo, la inscripción en locales partidarios.
En el escrito, los referentes de la Coalición Cívica cargaron contra el PJ y La Cámpora por el "deleznable uso político partidario" del registro de vacunación "a lo largo y ancho del país", y acusaron al oficialismo de proponer "una vacuna por un voto" de cara a las elecciones de este año.
"Si son capaces de hacer clientelismo con la vacuna, cómo no van a ser capaces de tener un vacunatorio clandestino", agregaron.
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