Báez, sus cuatro hijos y otras trece personas es, en primer término, un golpe brutal contra la teoría del “law fare”; esa fantasía conspirativa se esgrime en defensa de Cristina Fernández, Lula y Rafael Correa, a los que pone como víctimas de una “justicia elitista”, pero omite decir que por estos días, una docena de expresidentes latinoamericanos, además de estos tres, se encuentran detenidos, condenados, procesados o imputados por delitos similares.
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Báez, sus cuatro hijos y otras trece personas es, en primer término, un golpe brutal contra la teoría del “law fare”; esa fantasía conspirativa se esgrime en defensa de Cristina Fernández, Lula y Rafael Correa, a los que pone como víctimas de una “justicia elitista”, pero omite decir que por estos días, una docena de expresidentes latinoamericanos, además de estos tres, se encuentran detenidos, condenados, procesados o imputados por delitos similares.
El 21 de mayo de 2016, el politólogo Hernán Brienza escribió en Tiempo Argentino una nota titulada “¿Y si hablamos de corrupción en serio?”. Allí proponía la tesis que pretende explicar lo inexplicable: “La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quien no tiene recursos, no puede hacer política” sostuvo Brienza, con la intención de defender a Cristina Fernández.
Esa es la razón por la que la corriente dominante de pensamiento en el subcontinente entiende legítimo “conseguir dinero para hacer política”, como afirmaba públicamente Néstor Kirchner. Él, por cierto, más allá de las luces y sombras de su gobierno, se hizo rico desde el Estado y pavimentó su camino hacia la Casa Rosada con 500 millones de dólares que recibió la provincia de Santa Cruz por regalías adeudadas, en el marco de los acuerdos con el presidente Carlos Menem para privatizar YPF. Ese dinero, Kirchner lo depositó a su nombre y nunca rindió cuentas.
Para Brienza, la frase resultó un “sincericidio”. Las teorizaciones, a veces, llevan por caminos erróneos y la experiencia demuestra que la democracia transparente es posible, a pesar de esa resignación (o defensa) de la corrupción.
Los jueces Néstor Guillermo Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal número 4, no tienen antecedentes que los acrediten como títeres de algún “lawfare”.
Los tres participaron de varias investigaciones de hechos de corrupción, tuvieron decisiones independientes y nunca fueron denunciados por esas causas.
Los hechos protagonizados por Lázaro Báez son contundentes y por los testimonios reunidos en la causa, comprometen a los Kirchner. Su meteórico ascenso de empleado bancario a multimillonario quedó simbolizado en el video de “la Rosadita”, la oficina de Puerto Madero fueron registrados mientras contaban una enorme cantidad de dólares.
Austral Construcciones, creada el 8 de mayo de 2003, fue inscripta en la AFIP el 23 de junio. Y en el medio, asumió Néstor. Allí recayeron los recursos para todas las obras públicas resueltas en adelante para Santa Cruz, y por lo que figura en el expediente, y por el rigor de los jueces, fueron aplicados a obras privadas: en general, negocios inmobiliarios en los que se blanqueó dinero. En el lapidario fallo se condena a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado más de 50 millones de dólares. Su hijo Martín Báez recibió 9 años de prisión. Leandro, 5 y las dos hijas, Luciana y Melina, tres años, en suspenso. Las condenas son muy altas, recaen en 18 imputados y solo quedan dos absueltos. El gran arrepentido, Leonardo Fariña recibió una pena de 5 años. Mediático y famoso por su romance con Karina Jelinek, fue la persona cuyo testimonio permitió reconstruir toda la ruta esos 50 millones de dólares.
Incluso, el año pasado, dio una charla sobre lavado de activos y prevención de fraudes económicos a partir de su “experiencia personal al lado de Lázaro Báez” y de lo que pudo estudiar durante el tiempo que estuvo detenido. La conferencia había sido organizada por la ONG Contadores Forenses a través de la plataforma Zoom. Lo invitaron porque “es importante conocer la manera en que piensa la persona que estuvo del otro lado del mostrador”.
Como en muchos otros casos, el periodismo independiente contribuyó en la investigación inicial.
Este primer fallo, impactante y con proyección a futuro, indica una independencia de los jueces que deciden según su criterio y no de acuerdo con el gobierno de turno. Una buena señal, a pesar del daño que estos ilícitos causan a la democracia.
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