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28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
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“La escuela secundaria le sigue hablando a un sujeto que no existe más”

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, estuvo en Salta y habló sobre las tareas que se llevan adelante desde el Estado para proteger a niños y niñas wichi y sobre la vuelta a las clases presenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Domingo, 28 de febrero de 2021 02:11

A casi un año de haber asumido el cargo de defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham estuvo en Salta para acompañar los trabajos que llevan adelante organismos de Nación y de la Provincia para garantizar los derechos a la identidad, a la salud, a la vida y al agua de los niños más pequeños de las comunidades wichi.

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A casi un año de haber asumido el cargo de defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham estuvo en Salta para acompañar los trabajos que llevan adelante organismos de Nación y de la Provincia para garantizar los derechos a la identidad, a la salud, a la vida y al agua de los niños más pequeños de las comunidades wichi.

El 28 de febrero del año pasado, con el respaldo del Senado, Graham se convirtió en la primera defensora nacional de NNyA. El cargo, creado por la Ley Nº 26061, de Protección Integral de los Derechos de las NNyA, en el año 2005, nunca había sido ocupado hasta entonces.

Su función es la de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

En la Provincia de Salta, desde 2017 se presentan proyectos para crear la figura del defensor de NNyA, que no existe todavía. Desde las organizaciones civiles cuestionan que no hay una decisión política contundente desde el Estado por proteger a las infancias y adolescencias.

Luego de reunirse con el gobernador, Gustavo Sáenz, Graham dialogó con El Tribuno sobre las actividades que se realizan en territorio para mejorar la situación de NNyA en las comunidades aborígenes del norte salteño.

Se refirió a la necesidad de un retorno a las clases presenciales de manera segura y cuidada en el contexto de la pandemia de COVID-19 para que NNyA cuenten con un factor de protección esencial de sus derechos. 

Consideró que esta etapa marcada por la emergencia sanitaria constituye una oportunidad para replantear la escuela secundaria y consideró que es fundamental escuchar a chicos y chicas en los asuntos que los afectan.
 

¿Qué actividades realizó durante su visita a Salta?

Uno de los problemas que a nosotros más nos preocupa es la situación de NNyA del pueblo wichi, sobre todo, por las muertes imperdonables de niños de 1 a 5 años que tuvimos en el período estival anterior.

Desde marzo del año pasado, junto con la ministra (de Desarrollo Social de la Provincia), Verónica Figueroa, quien fue la primera que vino a vernos a Buenos Aires cuando se creó la Defensoría, empezamos a anticiparnos a este verano, que todavía no terminó, para preservar la salud de estos NNyA y ver todas las causas que generan esta situación, como la falta de agua segura, la deshidratación, las diarreas y la desnutrición.

La ministra nos planteó las problemáticas que nunca se han terminado de resolver y que una sola cartera ministerial ni la Provincia sola pueden cubrirlas: tiene que involucrarse el Gobierno nacional.

¿De qué manera están trabajando?

Vimos que una manera interesante de empezar a caminar y a resolver estos temas a corto, mediano y largo plazo era involucrar a la Provincia, con todas las áreas de gobierno que tienen incumbencia en esto, y al Gobierno nacional.

Desde la Defensoría vimos que era importante armar una mesa interministerial en la Provincia para articular mejor las áreas de Desarrollo Social y Salud Pública e involucrar a las que tienen que ver con infraestructura, agua, caminos y basura. Hicimos también una mesa interministerial nacional y ambas empezaron a articular y a trabajar en territorio en forma conjunta.

De esta manera, buscamos mejorar el hábitat de NNyA wichis que se vieron muy desfavorecidos históricamente pero, en particular, por la deforestación: ellos viven en el monte y del monte y los están dejando sin su hábitat.

¿Cuáles son las tareas que realizan?

Tenemos dos líneas. Una es el derecho a la identidad. Para eso, facilitamos que existan operativos en el territorio en los departamentos más críticos. Hay muchos niños cuyos nacimientos no están registrados y otros que no tienen DNI. En esto involucramos el Registro Civil de Salta y al Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Nación. Se sumaron la Secretaría de Niñez de Nación, las áreas de Niñez de la Provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las comunidades. 

En el primer operativo, que se realizó en diciembre, se hicieron 1115 trámites de Anses para la Asignación Universal por Hijo. En el segundo operativo se cubrió otra área.

Lo importante es que las comunidades no sean beneficiarias del Estado ni de organizaciones sociales, que desde afuera y desde arriba vienen a traer cosas, sino que sean protagonistas. Nadie sabe mejor que ellas cuáles son las soluciones que requieren. Tienen que participar porque son ciudadanos plenos y, además de derechos, tienen responsabilidades y deben asumirlas.

¿Cuál es la otra línea?

La otra línea, muy importante, es la del derecho a la salud, a la vida y al agua segura.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social coordinan el Plan Unir, integrado por 150 acompañantes familiares, entre los que hay algunos originarios. Ellos trabajan de manera coordinada con agentes de Atención Primaria de la Salud (APS) para hacer barridos sociosanitarios casa por casa para detectar situaciones de vulnerabilidad.

Estos dos grupos, APS y Unir, van a las comunidades casa por casa y familia por familia viendo la situación de los niños, su estado nutricional y de salud en general, así como los de sus padres. Se han encontrado muchos casos críticos que, gracias a este recorrido, pudieron ser asistidos rápidamente. Hasta ahora está siendo exitoso pero todavía no ha terminado el verano y tenemos que sostener esta política.

Desde la Defensoría propusimos -y se aceptó- hacer un cronograma anual, para que no sea solo para el período estival.

Si esta política de corto, mediano y largo plazo tiene resultado, la Provincia y la Nación tienen la obligación de sostenerla y robustecerla con recursos, con presupuesto y la decisión de un Gobierno provincial de continuar restituyendo derechos que han sido vulnerados desde tiempos inmemoriales. 

No solo hay que restituir los derechos sino que también hay que reivindicarlos como pueblos indígenas porque nuestra Constitución nacional los reconoce como preexistentes y nuestra defensoría tiene que hacer que se cumpla esa cláusula constitucional.

Cambiando un poco de tema, ¿cree que el año pasado se garantizó el derecho a la educación de NNyA?

Fue muy complejo el año pasado y todavía sigue siéndolo, pero no hay ninguna duda de que las trayectorias educativas se interrumpieron. Hubo un esfuerzo importante para sostenerlas pero la falta de conectividad en algunas zonas, la falta de herramientas para sostener esa conectividad o la deficiencia en el entorno familiar generaron que muchas trayectorias se vieran interrumpidas. 

Va a ser todo un desafío la vuelta a la escuela porque las y los docentes se van a encontrar con aulas muy heterogéneas: chicos y chicas que estuvieron conectados y que pudieron más o menos continuar sus trayectorias escolares y otros que no.

Desde nuestra defensoría junto con los cinco defensores provinciales (Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y La Pampa) presentamos un documento al Consejo Federal de Educación en el que planteamos que había que volver a garantizar el derecho a la educación pero con una vuelta a clases cuidadas y seguras. 

En la República Argentina, la comunidad educativa está compuesta por 15 millones de personas que vuelven a estar en movimiento. Hay muchos desafíos que cumplir: está el tema del transporte público, si las escuelas están o no preparadas para recibir a NNyA, cómo están educadas las familias a la hora de la salida de los chicos, cómo trabajar con ellos para mantener la distancia...

¿Cómo cree que se van a cumplir estos desafíos?

Nosotros hubiésemos preferido que se empezara a pensar en esto el año pasado pero también es cierto que todos estuvimos un poco sometidos a lo que nos decían las autoridades sanitarias de cada lugar.

Nosotros nos pusimos muy contentos el año pasado cuando en un momento en San Juan iniciaron las clases presenciales en tres municipios muy alejados de zonas urbanas que no tenían casos de COVID-19 ni circulación del virus. A las dos semanas, empezó a circular el virus y tuvieron en tres semanas más de 300 casos. El gobernador (Sergio) Uñac, así como decidió abrirlas, decidió cerrarlas.

Frente a esa evidencia, no es tan sencillo tomar las decisiones de la presencialidad. Hay que garantizar el derecho a la educación de manera creativa y flexible y unir los saberes en módulos.

Creemos que esta es una gran oportunidad de cambiar, sobre todo, la escuela secundaria.

¿A qué se refiere?

A que la escuela secundaria se pueda rever a sí misma, que pensemos por qué tenemos tanto abandono y deserción, por qué está garantizada la primaria en la Argentina -los papás y las mamás no dudan de que los niños tienen que hacer la escuela primaria- pero tenemos históricamente un desgranamiento importante del 30 por ciento de chicos que nunca se van a recibir, sobre todo, en el pasaje de los 13 a los 14 años. 

Desde la Defensoría creemos que la escuela secundaria le sigue hablando a un sujeto que no existe más. Es una buena oportunidad tal vez para que la escuela se revise a sí misma y esté preparada para recibir a los chicos desde la estructura y la infraestructura hasta los contenidos y las nuevas formas de enseñar. Que los chicos se sientan atraídos por la escuela, que es un factor de protección de sus derechos.

Este año, en que los chicos casi no fueron a las escuelas, ¿sabe si aumentaron los casos de maltrato y abuso sexual contra NNyA?

Todo indica que sí porque, al cerrarse la escuela, se cierra un factor de protección esencial y aumentan los factores de riesgo. La alerta temprana de abuso sexual, maltrato o violencia, en general, la da la escuela: la maestra, una profe de educación física, el gabinete psicopedagógico... Ellos son los que detectan y denuncian.

Sabemos que hay muchas NNyA que viven bajo el mismo techo y encerrados con su agresor. Durante el año 2020, desde el área de participación y protagonismo de la Defensoría nos reunimos con muchos chicos y chicas de centros de estudiantes de todo el país y de las federaciones de centros de estudiantes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Ellos decían que conocían a pares, amigos y compañeros que sufrían maltrato en sus familias y estaban preocupados por eso. Creo que eso generó que se reaviven las políticas de prevención que siguen siendo un problema en la República Argentina.

¿Cree que se debería haber consultado a NNyA sobre cómo querían volver a las escuelas?

En el Consejo Federal de Educación les propusimos en un documento, primero, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y, después, al ministro Nicolás Trotta, la participación de los chicos.

Ellos estuvieron presentes en el Consejo Federal de Educación, pero muchos se comunicaban con nuestra área de participación y protagonismo para protestar y decían: “En mi provincia, nuestro ministerio no nos convocó”. 

Nosotros creemos que siempre los NNyA tienen que ser consultados en relación con las políticas que les conciernen y es el mundo adulto el que les tiene que garantizar sus derechos: los tenemos que escuchar y ellos tienen que ser protagonistas, pero también tienen que vivir sus infancias, niñeces y adolescencias. 

El Estado nacional, los estados provinciales y los municipios, los estados locales, se tienen que encargar de que los NNyA gocen en plenitud de sus derechos.

En Salta no existe todavía la figura del defensor de NNyA y hay un proyecto desde 2017 que nunca prosperó...

Es nuestra aspiración como Defensoría nacional y está en nuestro plan de trabajo que nuestra figura se replique en todas las provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Necesitamos que haya una institución independiente, con autonomía y autarquía, en cada jurisdicción y en los municipios que defienda los derechos de NNyA.

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