Inexplicablemente, el juez de Garantías Nº1 de Tartagal, Nelso Aramayo, rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, de la imputada Rosa Fabiola Díaz. La defensora oficial, de 40 años, está acusada de la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora, junto a su hermana, la concejal Paola Alejandra Díaz, de 43. El 11 de febrero pasado el magistrado estuvo de acuerdo con la detención, pero ante el fallo del viernes del Tribunal de Impugnación, este martes decidió rechazarla.
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Inexplicablemente, el juez de Garantías Nº1 de Tartagal, Nelso Aramayo, rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, de la imputada Rosa Fabiola Díaz. La defensora oficial, de 40 años, está acusada de la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora, junto a su hermana, la concejal Paola Alejandra Díaz, de 43. El 11 de febrero pasado el magistrado estuvo de acuerdo con la detención, pero ante el fallo del viernes del Tribunal de Impugnación, este martes decidió rechazarla.
El viernes pasado, Cabot requirió que se ordene la inmediata detención de la imputada Rosa Fabiola Díaz y recordó que la Fiscalía Penal N§1 fue la que solicitó el allanamiento a la inmunidad y remoción de la imputada. Ese día, hizo lugar a la orden de detención y supeditó su ejecución al allanamiento de la inmunidad de la defensora, por parte del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia. El juez consideró que el pedido formulado por la fiscalía cumplía con las exigencias del Código Procesal Penal y que el pedido de detención estaba debidamente fundado.
El fiscal dijo en el nuevo pedido de detención que más allá de lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, correspondía formular uno nuevo, al agregar nuevos elementos que acreditan que la imputada Rosa Fabiola Díaz intentará destruir elementos de prueba en procura de su propia impunidad.
También recordó que cuando se realizaron los allanamientos autorizados por el juez interviniente, debió utilizarse la fuerza pública para ingresar, debido a la resistencia de la imputada. Y no solo eso: el 26 de febrero, cuando ya se encontraba suspendida en sus tareas y en plena marcha de las actuaciones sumarias ordenadas por el defensor general de la Provincia, la imputada regresó a la oficina que ocupaba y solicitó a un funcionario que le separara cierta documentación para entregársela. Tal situación fue denunciada por el funcionario ante la Fiscalía Penal.
Consideró Cabot que los hechos que sirvieron de antecedente para la acusación referidos al supuesto desvío de ayuda solidaria a comunidades aborígenes revelarían no solo una falta de idoneidad profesional o técnica en la defensora oficial civil, sino también de un comportamiento que lesiona a la función judicial y a la Magistratura, por lo que solicitó la detención de la funcionaria y remarcó el posible entorpecimiento de la investigación. Agregó que es probable que la imputada intente amedrentar a testigos e, inclusive, destruir elementos de prueba.
También pidió al juez Aramayo que considere el peligro de fuga, haciendo valer las relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado.
Y advirtió sobre la necesidad de valorar los nuevos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo procesal que implica que la imputada continúe en libertad, utilizando sus influencias para el ocultamiento de pruebas, procurando su impunidad.
Conducta muy cuestionable
La defensora Díaz intentó sacar documentación de su oficina cuando ya estaba imputada.
A la denuncia la hizo un funcionario de la Defensoría en cuestión, quien refirió que el 26 de febrero pasado, Rosa Díaz le pidió que retire documentación de la oficina, que la ponga en un paquete vacío de papel resma y que fuera del horario laboral se comunicara con ella para entregar el paquete.
El funcionario recordó entonces que el defensor general Pedro García Castiella ya había anunciado el inicio de una investigación referida a la intervención de una mujer como testaferro de un inmueble en Joaquín V. González, en un caso que involucra a la defensora imputada y denunció la situación ante la Fiscalía Penal N§1. El fiscal solicitó al juez de Garantías el allanamiento y luego secuestró la documentación detallada en actas.
Sin embargo, al juez Aramayo no le pareció suficiente argumentación y resolvió que "corresponde rechazar los fundamentos esgrimidos" y agregó que el fiscal requirió la valoración de nuevos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo procesal que implica que la imputada continúe en libertad. Aun así, rechazó la detención y consideró que el pedido debe realizarse ante el Juzgado que interviene en ese caso puntual, sin considerar que la persona acusada es la misma y que podría tener las mismas conduc tas obstructoras que evidenció.