A partir de la llegada de la nueva gestión a cargo del Ministerio de Seguridad se realizó un análisis del mapa policial y se calcula que el faltante de efectivos, según la demanda por habitantes, asciende a 3 mil. Oficialmente se informó que la fuerza provincial tiene 11 mil integrantes.
Durante el 2020 el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estrategia Policial realizaron un análisis organizacional del que surgió dicho cálculo.
“Se estima que cada mil habitantes tienen que haber 10 policías. Nosotros estamos entre 7,7 o 6 por cada mil habitantes. Es decir que 14 mil sería lo óptimo para la provincia”, aseguró a El Tribuno el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.
Del estudio surgió además que la fuerza policial viene funcionando sin estrategias ni criterios objetivos. “Cuando sacamos la foto del despliegue actual, no responde a nada, y no hay localidades que tengan parámetros parecidos. La policía se fue desplegando a un montón de variables que no tenían que ver con el diseño organizacional. Con esto ahora podemos saber dónde hacen falta más efectivos”, agregó el funcionario.
Aunque por otro lado reconoció que con el “exiguo presupuesto” para este año, esta proyección no puede ejecutarse.
340 de baja
A través del Boletín Oficial se confirmó que 340 efectivos policiales de diferentes grados fueron dados de baja. Mientras que, se informó, este año ingresarán a la fuerza 400 policías, 100 oficiales y 300 suboficiales. Entre salidas e ingresos serán 60 los puestos nuevos.
Las bajas son procesos anuales que responden a diferentes motivos, los principales son por haber cumplido con la edad máxima para el grado o haber reunido los años de servicio necesarios para acceder a la jubilación. También se incluyen otros motivos como antecedentes desfavorables, que son cerca de 40, detenidos que son 6 o efectivos con condenas condicionales que en este caso son 4.
Por otra lado se supo que hay 75 denuncias por abuso de la fuerza policial. La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, informó que durante el segundo semestre del año pasado se imputaron a 132 efectivos, es decir, más de 20 por mes.
En este sentido Pulleiro afirmó que “los procesos judiciales son largos“ y que la mayoría son casos que “sucedieron hace dos o tres años”.
A la par, el ministro aseguró que si se compara con las 600 mil intervenciones realizadas por la fuerza durante un año, los porcentajes que se manejan “no son preocupantes”.
Simesen de Bielke cuestionó a la fuerza y más de una vez acusó de “complicidad policial”, incluso marcó que obstaculizan más de una investigación.
Al respecto, Pulleiro aseveró que se puede tratar de “un error o mala interpretación”.
“Como muchas veces pasa cuando nosotros pedimos información, pero seguramente no hay mala intención”. Señaló que a veces no hay acusación penal pero sí procesos internos que se abren contra el efectivo. Más allá de la férrea defensa, indicó que para este año se planea adquirir 3 mil cámaras para que los efectivos lleven adheridos al uniforme. A más de un año de gestión, Pulleiro aseveró que las diferencias con las organizaciones de derechos humanos se fueron puliendo. “Los cuestionamientos los hicieron antes de que asuma. Cuestionaban que asumiera un ‘coronel represor’, me estigmatizaron. Les pedí primero que me conozcan porque hablaban sin conocerme, que trabajaran conmigo”, indicó. Sobre su reinvindicación de los soldados de Manchalá que fue lo que le valieron las críticas, aseveró que mantiene su postura. Aunque aclaró que es una “postura perso nal”.
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A partir de la llegada de la nueva gestión a cargo del Ministerio de Seguridad se realizó un análisis del mapa policial y se calcula que el faltante de efectivos, según la demanda por habitantes, asciende a 3 mil. Oficialmente se informó que la fuerza provincial tiene 11 mil integrantes.
Durante el 2020 el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estrategia Policial realizaron un análisis organizacional del que surgió dicho cálculo.
“Se estima que cada mil habitantes tienen que haber 10 policías. Nosotros estamos entre 7,7 o 6 por cada mil habitantes. Es decir que 14 mil sería lo óptimo para la provincia”, aseguró a El Tribuno el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.
Del estudio surgió además que la fuerza policial viene funcionando sin estrategias ni criterios objetivos. “Cuando sacamos la foto del despliegue actual, no responde a nada, y no hay localidades que tengan parámetros parecidos. La policía se fue desplegando a un montón de variables que no tenían que ver con el diseño organizacional. Con esto ahora podemos saber dónde hacen falta más efectivos”, agregó el funcionario.
Aunque por otro lado reconoció que con el “exiguo presupuesto” para este año, esta proyección no puede ejecutarse.
340 de baja
A través del Boletín Oficial se confirmó que 340 efectivos policiales de diferentes grados fueron dados de baja. Mientras que, se informó, este año ingresarán a la fuerza 400 policías, 100 oficiales y 300 suboficiales. Entre salidas e ingresos serán 60 los puestos nuevos.
Las bajas son procesos anuales que responden a diferentes motivos, los principales son por haber cumplido con la edad máxima para el grado o haber reunido los años de servicio necesarios para acceder a la jubilación. También se incluyen otros motivos como antecedentes desfavorables, que son cerca de 40, detenidos que son 6 o efectivos con condenas condicionales que en este caso son 4.
Por otra lado se supo que hay 75 denuncias por abuso de la fuerza policial. La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, informó que durante el segundo semestre del año pasado se imputaron a 132 efectivos, es decir, más de 20 por mes.
En este sentido Pulleiro afirmó que “los procesos judiciales son largos“ y que la mayoría son casos que “sucedieron hace dos o tres años”.
A la par, el ministro aseguró que si se compara con las 600 mil intervenciones realizadas por la fuerza durante un año, los porcentajes que se manejan “no son preocupantes”.
Simesen de Bielke cuestionó a la fuerza y más de una vez acusó de “complicidad policial”, incluso marcó que obstaculizan más de una investigación.
Al respecto, Pulleiro aseveró que se puede tratar de “un error o mala interpretación”.
“Como muchas veces pasa cuando nosotros pedimos información, pero seguramente no hay mala intención”. Señaló que a veces no hay acusación penal pero sí procesos internos que se abren contra el efectivo. Más allá de la férrea defensa, indicó que para este año se planea adquirir 3 mil cámaras para que los efectivos lleven adheridos al uniforme. A más de un año de gestión, Pulleiro aseveró que las diferencias con las organizaciones de derechos humanos se fueron puliendo. “Los cuestionamientos los hicieron antes de que asuma. Cuestionaban que asumiera un ‘coronel represor’, me estigmatizaron. Les pedí primero que me conozcan porque hablaban sin conocerme, que trabajaran conmigo”, indicó. Sobre su reinvindicación de los soldados de Manchalá que fue lo que le valieron las críticas, aseveró que mantiene su postura. Aunque aclaró que es una “postura perso nal”.
Reunión nacional por fronteras
Durante la mañana de ayer, el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de seguridad Juan Manuel Pulleiro se reunieron virtualmente con el ministro del interior Wado de Pedro y la ministra de seguridad nacional Sabina Frederic para hablar sobre la situación de la frontera.
Según indicó Pulleiro , los pedidos a las autoridades nacionales fueron varios. Por un lado el refuerzo de las fuerzas nacionales a cargo de las fronteras. “Prefectura y gendarmería”, repasó ya que aseveró “tenemos un terreno extenso el cual nosotros podemos contribuir con policías, pero no son suficientes”.
Además, se les solicitó considerar un cordón sanitario para los casi 3 mil pobladores de Los Toldos que ayer por la tarde se manifestaron a raíz de que la ruta 7 está intransitable y quedaron varados: “Se les pidió un cordón sanitario que los eximirá del pedido de PCR. Tienen que transitar 100 kms por la ruta 1 de Bolivia para ingresar al país por Aguas Blancas. El corredor sanitario garantiza que no se bajan en ningún lado y entren de nuevo al país”, indicó Pulleiro que resaltó que “hay un problema diplomático entre ambos países aunque ya no está la ex presidenta”. Otros de los pedidos del gobernador a los funcionarios nacionales fue de priorizar la vacunación de los trabajadores de frontera.