El devenir de las cámaras de videovigilancia muestran que en 9 años, desde el 2012 al 2021, pasaron diferentes empresas, internacionales y nacionales. Sin embargo, nunca pudo llegarse a la cobertura prometida, por ende tampoco a extenderla, por lo que la cantidad de cámaras nunca superó las mil y continúa siendo la misma que la del inicio del servicio: entre 800 y 900.
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El devenir de las cámaras de videovigilancia muestran que en 9 años, desde el 2012 al 2021, pasaron diferentes empresas, internacionales y nacionales. Sin embargo, nunca pudo llegarse a la cobertura prometida, por ende tampoco a extenderla, por lo que la cantidad de cámaras nunca superó las mil y continúa siendo la misma que la del inicio del servicio: entre 800 y 900.
En el 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, se firmó un convenio con Telmex, la empresa del mismo grupo que la telefónica Claro. Telmex debía hacerse cargo de la conexión de organismos públicos, además del servicio de videovigilancia instalando 1.100 cámaras, de las cuales finalmente estuvieron operativas 867. Situación que le valió cobrar solo 18 millones de dólares de los 53 previstos. Además, se decidió rescindir el contrato con la empresa mexicana.
En abril del 2018 se lanzó el plan "Salta Inteligente" y se dividió la licitación de la conectividad en dos: por un lado la conexión a internet de organismos públicos y, por el otro, el sistema de videovigilancia que fue asignado a Datandhome.
El nuevo contrato preveía ampliar la cobertura a 1.400 cámaras. Además, la nueva licitación venía a ser más prometedora que la anterior en cuanto a lo tecnológico. Se instalarían dispositivos con una resolución en Full HD y 4K, la detección automática de rostros y patentes, la alerta de incidentes de manera automatizada, la supresión de brillos y flashes, entre otras promesas.
Sin embargo, cuando llegó la gestión de Gustavo Sáenz se le encargó una auditoría al Ministerio de Seguridad que duró alrededor de un mes, donde se detectó que Datandhome no cumplía con lo pautado. "Tenía una contratación de 16 millones de dólares. Cuando fue auditado la contratación llevaba un año de incumplimiento. Ellos tenían 320 días para tener el sistema funcionando al 100%", detalló el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. Dos años después de la contratación se conoció, mediante la auditoría, que de las 1.400 cámaras contratadas se habían instalado 1.225 y funcionaban el 75 por ciento. Es decir, que al 2019 funcionaban poco más de 900 cámaras.
Fin de las licitaciones
Además del incumplimiento en la cobertura se detectaron otras faltas relacionadas a aspectos técnicos como la calidad de grabación de video, por lo que se decidió rescindir el contrato y se terminaron las licitaciones. "Por 5 millones de dólares les compramos el hardware más las 1.200 cámaras porque no llegaron a instalar las 1.400. Ahora somos dueños de la información pública y sensible que antes se la debíamos pedir a un tercero. Ese es el punto más importante, que no dependemos de nada", destacó Pulleiro.
Más allá del empoderamiento en lo material y la información pública, a través de diferentes hechos delictivos, peleas callejeras o siniestros viales que no quedaron registrados, se pudo conocer que hay cámaras sin funcionar.
Respecto a esto, el ministro detalló que "hay cámaras instaladas que quedaron viejas, se ve la cámara pero no está conectada. Las que sí funcionan son 1.200 de Huawei que de esas hay un ratio de eficiencia entre el 78-80%. Alrededor de 800 cámaras funcionan". Según el funcionario, esto "tiene que ver con la actividad misma. Desde estar fuera de servicio por el paso del tiempo o por vandalismo o falta de electricidad", indicó. Es decir, actualmente funcionan cerca de la misma cantidad que dejó funcionando Telmex por su contrato del 2012. Las cámaras actuales además deben ser refuncionalizadas mediante nuevo software. Aseguran que es el próximo paso.