En una tensa audiencia de más de 11 horas, la acusación que formuló el fiscal general Eduardo José Villalba contra los imputados que tiene la causa por el saqueo del Gasoducto del NEA quedó reafirmada ante el juez de Revisión Alejandro Augusto Castellanos.
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En una tensa audiencia de más de 11 horas, la acusación que formuló el fiscal general Eduardo José Villalba contra los imputados que tiene la causa por el saqueo del Gasoducto del NEA quedó reafirmada ante el juez de Revisión Alejandro Augusto Castellanos.
En la siguiente instancia, el fuero federal de Salta deberá fijar la fecha del juicio oral y público que tendrá al destituido intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, sentado en el banquillo junto a otros nueve encausados.
En la audiencia las defensas dispararon con metralla pesada contra la hipótesis fáctica del Ministerío Público Fiscal, pero los planteos fueron rebatidos por la Fiscalía y desestimados por el magistrado revisor.
En el juicio, que se realizará con un tribunal colegiado, como establece el Código Procesal Penal Federal en causas que tienen imputados funcionarios públicos, el exintendente de Aguaray podría recibir una condena de hasta 14 años de prisión. Los cargos que tiene formalizados en su contra en calidad de autor -fraude a la administración pública y robo agravado- contemplan, además, una inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos.
Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, fue imputado con los mismos cargos, pero en su caso la pena sería de hasta 8 años.
Las actuaciones se iniciaron en febrero de 2020 tras un primer procedimiento en el que gendarmes detuvieron dos camiones con caños del Gasoducto del NEA, en Aguaray. El 18 de mayo se formalizó la acusación contra Prado, Céspedes y el titular de la empresa mendocina Osip SA, Diego Alos, quien aparece como uno de los principales mentores del millonario robo. Para él, la máxima sería de 12 años.
Se invirtieron en el Gasoducto del NEA para llevar gas a 4 millones de personas que dependen de garrafas en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
El 28 de julio de 2020 se amplió la acusación hacia otros implicados. "Se trata de un caso de enorme trascendencia en el que se tomó en cuenta el trabajo de distintos medios periodísticos, entre ellos El Tribuno, y otros medios nacionales que siguieron de cerca el trabajo de la fiscalía", expresó el fiscal.
Villalba, quien contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, concluyó que "los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado nacional, en este caso caños del Gasoducto NEA, con el solo fin de obtener un provecho económico con su comercialización". Como muestra del daño millonario causado al erario público, Villalba citó un manuscrito secuestrado a uno de los acusados, quien allí calculó una ganancia de casi 1,5 millones de dólares con la reventa ilegal de los tubos.
Según la acusación, los imputados planearon el saqueo de 35 kilómetros del GNEA, que atraviesa Aguaray y parajes cercanos como Alto la Sierra y El Desemboque. En allanamientos realizados en Aguaray, Alto la Sierra, General Mosconi y el conurbano bonaerense se recuperaron cerca de 260 caños.
"Para lograr este negocio millonario los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha días antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando el empresario Alos, uno de los principales mentores del fraude, presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de que se trataba de pasivos ambientales", indicó Villalba. Ese fue el origen planificado de la resolución municipal 1215/019, instrumento con el que camiones cargados con caños del GNEA sortearon los controles de cinco provincias.
Para Villalba, en la primera etapa del saqueo, Prado habría actuado junto a Céspedes, quien "siguió a su jefe a sabiendas de que lo que hacían era un delito". "No es verdad que desconocía lo que sucedía, lo que no sólo surge del razonamiento sino también de las pruebas que se lograron reunir en su contra", subrayó.
Segundo frente
De acuerdo con la acusación fiscal, una segunda etapa del saqueo se puso en marcha luego de que quedara en evidencia el robo de los caños y la ilegalidad de la resolución 1215/19 con los secuestros concretados en Aguaray. El texto de la cuestionada resolución fue determinante en la destitución de Prado, que se definió en la Legislatura provincial el 16 de octubre de 2020.
Para Villalba, Alos y Prado contrataron a Adrián Vera, un joven empresario mendocino que se sumó al plan con otros acusados, como Cristián Buczek, quien se desempeñaba como encargado de la firma Vera SA. La hipótesis de la Fiscalía es que Vera ingresó a la cadena delictiva para seguir con la sustracción y comercialización de los caños, por lo cual recibió $800 mil. Con ese dinero contrató en General Mosconi a Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, quien proporcionó la maquinaria necesaria para la extracción de los caños. En la misma localidad, Vera habría ingresado en la maniobra a Miltón Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, quienes aportaron un predio para el acopio de los caños sustraídos.
Vera, el saqueador que se convirtió en “arrepentido”
El mendocino Adrián Vera, un estafador serial que desde 2018 saqueó gasoductos en Chubut, La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Salta y Formosa, enfrenta cargos por robo agravado y uso de documentación falsa.
En el juicio por el robo de los caños del GNEA, no obstante, podría recibir una condena de solo 3 años, porque el joven y escurridizo saqueador de ductos hidrocarburíferos se acogió a la figura del imputado colaborador o “arrepentido”.
Cristian Buczek, en tanto, podría enfrentar una pena de hasta 7 años, como autor de robo agravado, al igual que el empresario Andrés Ayala, titular de Perterser.
Milton Saavedra y Bruno Degoy, los socios de MyP Servicios, fueron acusados como participes necesarios, por lo que la pena máxima no superaría los 5 años.
Al empresario Matías Rossi, presidente de Comarfil, una firma con instalaciones en la localidad bonaerense de Quilmes, donde se secuestraron caños robados al gasoducto del NEA que tenían sus números de serie limados, recibiría un máximo de 3 años por encubrimiento real agravado.
El fiscal Eduardo Villalba también acusó a Dante Oscar Rodríguez y Miguel Angel Cuéllar, ambos detenidos en el paraje El Desemboque con caños robados del GNEA en noviembre de 2019. Ambos fueron inicialmente imputados por el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien en mayo de 2020 pasó el expediente a la Justicia Federal. En el caso de Cuéllar, quien había sido contratado por Rodríguez para el traslado de los tubos sustraídos, Villalba llegó co él a un acuerdo que fue homologado por el juez Castellanos: una pena de 6 meses de prisión condicional por hurto simple. Rodríguez, por su parte, podría recibir una pena de hasta 3 años.
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