La comunidad educativa de San Bernardo de la Zorras entregó un escrito a la Justicia por el caso del enfermero que le puso candado a un depósito de la escuela del lugar, en la polémica suscitada por una causa de prescripción adquisitiva de cinco hectáreas en ese paraje de Rosario de Lerma.
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La comunidad educativa de San Bernardo de la Zorras entregó un escrito a la Justicia por el caso del enfermero que le puso candado a un depósito de la escuela del lugar, en la polémica suscitada por una causa de prescripción adquisitiva de cinco hectáreas en ese paraje de Rosario de Lerma.
Mientras tanto, la jueza que entiende, Jaqueline San Miguel, informó a los miembros de la comunidad sobre los pasos del proceso judicial y concluyeron en la intención manifiesta de estos últimos de recurrir al patrocinio de un defensor oficial para presentarse en el expediente. La jueza interiorizó sobre el trámite, durante una audiencia, a los miembros de la comunidad, quienes llegaron a Ciudad Judicial con la finalidad de presentar una nota expresando su preocupación porque en el inmueble objeto del trámite judicial funciona la escuela 4327, pero al no ser parte del proceso, los pobladores determinaron adoptar el patrocinio de un defensor y ser parte de la causa.
Organizaciones indígenas y la comunidad educativa de San Bernardo de las Zorras se movilizaron hasta la Ciudad Judicial para pedir la intervención ante los acontecimientos que se dieron en la escuela 4327 Gabriel de Güemes Montero.
Un enfermero jubilado, que tiene un reclamo judicial por posesión de 5 hectáreas en la zona, le puso candado a un depósito de la escuela. Se trata de un sector viejo de la institución donde acopian los alimentos para los niños y donde están los artefactos necesarios para que funcionen la energía eléctrica y la provisión de agua.
Al menos 30 personas de San Bernardo y de El Rosal llegaron ayer a media mañana a la sede de Justicia para entregar un escrito.
La causa está en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8ª Nominación, a cargo de la doctora San Miguel. La escuela está en una zona inhóspita del departamento Rosario de Lerma y tiene una matrícula de 11 niños que cursan en modalidad plurigrado. La institución tiene padrinos solidarios que le enviaron alimentos como leche y a las cuales no pueden acceder por el candado que Valerio Gutiérrez le puso al lugar.
"Le pedimos concretamente que intervengan para que abran el depósito en donde las maestras guardan los alimentos, los elementos para los paneles solares y para el agua", dijo Manolo Copa, referente de la comunidad indígena tastil.
Lo que dice la otra parte
"Don Valerio no es usurpador porque desde hace más de 50 años que vive en ese lugar. El plano de la posesión veinteñal fue aprobado en 2010; es decir que desde hace más de 10 años que tiene derecho. Hay pruebas en el expediente que indican todo lo que digo y que ese sitio no es público, que es privado y que el litigio no es contra la Provincia. Estamos hablando de una escuela con 5 alumnos que está a punto de cerrar", dijo Susana Aramayo.
La abogada aseguró: "Manolo Copa es pareja de la directora Zoila Flores" y que "pertenece a una asociación de indígenas", que "trabaja para la Municipalidad" y que por eso "hay denuncias cruzadas". De alguna manera vincula a las organizaciones indígenas y dijo que "todo comenzó cuando la Justicia ordenó poner el cartel en donde indica que el inmueble está sujeto al trámite de prescripción adquisitiva".
La defensa
“Valerio Gutiérrez no se reivindica como miembro de la comunidad originaria. No importa si vino del norte, porque él demostró que vive hace 50 años en el lugar. Nos presentaremos con las pruebas explicando el uso indebido de los límites con los planos”, dijo Aramayo.
El aporte de la otra parte del litigio
Parte del relato de las abogadas de Valerio Gutiérrez
“La maestra Zoila Flores y la ordenanza Beatriz García se presentan en la casa de Valerio y le gritan e insultan por el candado que él colocó en un galpón de su propiedad, que había prestado a la escuela para guardar trastos viejos y que hace dos años solicitó que desocupen porque estaba haciendo arreglos para utilizar las habitaciones a fin de recibir a sus hijos y nietos. Ante la negativa y resistencia del personal de la escuela a desocupar el lugar cambió el candado, sin tocar nada de lo que hay en el interior y solicitó la presencia del juez de Paz para inventariar lo que hay dentro y devolver las cosas a la escuela y de esa manera recuperar el espacio. La escuela nueva, que es donde se dan clases y atiende a los niños tiene mucho espacio para depósitos y almacenamiento, ya que solo asisten 7 niños. Valerio de buena fe y en el momento en que no necesitaba ese cuarto lo prestó, pero los acontecimientos de los últimos meses donde Zoila y otro grupo de personas lo agreden y difaman lo hizo reflexionar sobre las verdaderas intenciones de la maestra al pedirle la pieza para guardar trastos viejos”, advirtieron las abogadas defensoras de Valerio Gutiérrez.