La Corte Suprema de Justicia recibió ayer la demanda del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que no se frenen las clases presenciales y lo giró a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que sí es competente para intervenir en la causa.
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La Corte Suprema de Justicia recibió ayer la demanda del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que no se frenen las clases presenciales y lo giró a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que sí es competente para intervenir en la causa.
El máximo tribunal del país no le pidió opinión sobre la medida cautelar, sino sobre si corresponde intervenir al máximo tribunal y así lo confirmó la Procuración, a cargo interinamente de Eduardo Casal.
Si bien el organismo no tenía plazos para emitir su dictamen, lo hizo en tiempo récord: solo tardó unas horas.
La presentación que realizó el jefe de Gobierno porteño ante la Corte Suprema advirtió que las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández implican "una virtual intervención federal" sobre la Ciudad, así como también afirmó que "la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos".
El recurso fue presentado ante el máximo tribunal a las 9.50, es decir diez minutos antes de que se diera inicio a la reunión entre el mandatario nacional y el porteño en la Quinta de Olivos para hablar sobre las diferencias de criterios ante el aumento de casos de coronavirus. La acción judicial busca que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que comenzó a regir ayer y que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive, entre otras medidas.
Puntualmente, la medida cautelar es contra el artículo 2 del DNU e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia: la Ciudad pide que se le ordene al Estado nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado". Según el Gobierno porteño, la suspensión de las clases presenciales viola la autonomía de la Ciudad e implica "una virtual intervención federal", ya que afirma que la Nación "se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".
Otros amparos
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, firmó ayer un decreto municipal para declarar a la educación como un servicio público esencial, en línea con el discurso del Gobierno porteño y luego de que su par de Vicente López, Jorge Macri, presentara un amparo por la nueva restricción a la presencialidad en las aulas.
Según informó el municipio, el intendente firmó el pasado jueves el decreto 521/2021 por el cual instruye a las dependencias públicas del distrito a continuar trabajando para que "las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial". En simultáneo, Jorge Macri presentó ante la Justicia bonaerense un amparo para frenar en Vicente López la suspensión de las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril dispuesta por el Gobierno nacional para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", afirmó el intendente de Vicente López.