La decisión judicial se tomó a raíz de un pedido de la Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, ante denuncias de vecinos por violencia y maltratos del matrimonio hacia la menor, además de incumplimientos por parte de los adultos de medidas que garantizan la correcta vinculación de la niña dentro del seno familiar.
inicia sesión o regístrate.
La decisión judicial se tomó a raíz de un pedido de la Asesora de Incapaces nº2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, ante denuncias de vecinos por violencia y maltratos del matrimonio hacia la menor, además de incumplimientos por parte de los adultos de medidas que garantizan la correcta vinculación de la niña dentro del seno familiar.
En su presentación, la Asesora informó también que la pareja no procuró ayuda terapeútica para la niña que manifestaba situaciones de berrinches, temor y sufría de pesadillas nocturnas; como tampoco, los preadoptantes concurrieron a las sesiones de psicoterapia que les había ordenado la Justicia. Además, la pareja decidió no inscribir a la niña en ninguna escuela para que asistiera al prejardín, por lo cual no dieron cumplimiento a la obligación parental de garantizar la inclusión en el sistema educativo.
Por estas razones, la Asesora de Incapaces nº 2 de Tartagal, entendió que los preadoptantes no desarrollaron capacidades parentales esperables para un proceso de adopción, y solicitó una sanción pecuniaria de la pareja en favor de la niña.
En su resolución, la Jueza de Personas y Familias nº 2, Elba Susana Menéndez, ordenó la restitución de la niña al hogar en el que residía previamente y que el Estado ejerza su tutela. Y solicitó a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, la inclusión de la niña en el sistema educativo. También ordenó que el matrimonio sea excluído inmediatamente del Registro de Postulantes para Adopciones, y que al momento de confección de los legajos se requiera certificado negativo de denuncias de violencia intrafamiliar, debido a que el citado matrimonio contaba con antecedentes en este sentido.
La Magistrada intimó al matrimonio a abstenerse de acercarse a la niña, debiendo mantener una distancia de 200 metros del hogar donde actualmente se aloja; al tiempo que prohibió que difundan datos personales a fin de resguardar la intimidad de la menor.
Finalmente, impuso al matrimonio una pena pecuniaria, consistente en la provisión de útiles y elementos escolares, así como la indumentaria necesaria para que la niña pueda cursar el período lectivo 2021. También la entrega de 100 pañales mensuales al hogar que aloja a la menor durante 6 meses.