Críticas a la investigación de la mochilera asesinada

El padre de Cecilia Gisela Basaldúa, la mochilera de 35 años, abusada sexualmente y asesinada hace un año en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, cuestionó la investigación realizada por la fiscalía porque "buscar proteger a los responsables" y pidió que se determine quiénes fueron las últimas personas que estuvieron con su hija, a las que vincula con una posible "red de trata o de drogas".

De esta manera, Daniel Basaldúa, padre de la mujer asesinada, criticó a la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien cerró el expediente y elevó a juicio como autor del crimen a un peón de albañil de 24 años, llamado Lucas Bustos, quien se encuentra con prisión preventiva.

"No se investigaron circunstancias muy importantes. Nuestra sospecha es que no se busca el esclarecimiento. Se desvió la investigación para proteger a los responsables. No se investigó a las últimas personas que estuvieron con mi hija. Tampoco se conoce dónde estuvo y con quiénes entre el 5 de abril de 2020, cuando desapareció, hasta el 25 del mismo mes cuando fue encontrada asesinada", manifestó a Télam el padre de la víctima.

"Prácticamente todos nuestros pedidos y nuestros aportes han sido desestimados. No se investigó la posibilidad de red de trata o de drogas detrás del crimen, tampoco se profundizó sobre una de las últimas personas que estuvo con ella", apuntando en ese sentido a un hombre rosarino de 47 años que alojó a Cecilia en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció.

En idénticos términos se expidió la abogada Daniela Pavón, querellante en representación de la familia Basaldúa, al calificar de desastrosa la instrucción de la causa: "A un año estamos en el mismo punto del inicio de la investigación".

"Hoy no hay pruebas de que conduzcan al esclarecimiento, ni pruebas que involucren a Lucas Bustos", sostuvo la letrada, al referirse al peón albañil de 24 años detenido e imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa", que contempla una condena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

Con esa mirada, la bogada Pavón planteó su oposición a la elevación a juicio de la causa, que aún debe resolver el Juzgado de Control de Cosquín, y sin bien la única parte legitimada para hacerlo es la defensa del imputado, la querella recurrió a atacar de "inconstitucionalidad" al artículo 357 que determina esa restricción procesal.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también querellante en la causa, el 9 de abril recibió a los padres de Cecilia y en esa oportunidad también se pronunció en contra de cerrar la investigación. "Hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado", había señalado mediante un comunicado oficial el funcionario nacional.

En el mismo texto había aseverado que "la causa está repleta de irregularidades", incluso había resaltado que sobre el acusado Bustos "no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima".

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