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Inoportuna e insólita propuesta

Viernes, 09 de abril de 2021 02:27

Transcurre el mes de abril de un nuevo año electoral, ciertamente atípico y no exento de inconvenientes. La pandemia del SARS CoV-2, por su extensión y gravedad, ha modificado e influido todo lo que nos afecta a nivel individual, social e institucional, y en este caso, el normal desenvolvimiento del acto eleccionario no ha quedado al margen.

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Transcurre el mes de abril de un nuevo año electoral, ciertamente atípico y no exento de inconvenientes. La pandemia del SARS CoV-2, por su extensión y gravedad, ha modificado e influido todo lo que nos afecta a nivel individual, social e institucional, y en este caso, el normal desenvolvimiento del acto eleccionario no ha quedado al margen.

Ya atravesada en el 2020 la primera ola, con vistas a los próximos comicios, la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, ha mostrado su inquietud para que la votación pueda realizarse -en lo posible- sin riesgos, y en tiempo y forma, en tiempos de pandemia. Ya a mediados del año pasado emitió la Acordada 33/2020 con esa finalidad, aunque tal vez no se le haya prestado la debida atención, sobre todo por parte de la Dirección Nacional Electoral, organismo del Poder Ejecutivo encargado de coordinar con ese Tribunal todo lo concerniente a cada aspecto de las elecciones.

Si bien en lo personal ya me encuentro alejado del fuero, seguramente no me equivoco si afirmo que se han analizado multiplicidad de medidas tendientes a preservar la salud de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio. Entre ellas, la posibilidad de habilitar más lugares de votación, el distanciamiento de las mesas, o la exclusión de aquellas escuelas con pasillos o espacios reducidos. Todo lo cual resulta indispensable aunque a veces dificultoso de implementar en la práctica.

Paralelamente, desde sectores del gobierno avanza un proyecto o anhelo de eliminar las PASO, lo que a mi criterio deviene inusitado y peculiar a estas alturas. Si bien lamentablemente estamos acostumbrándonos a convivir en un país donde las normas se pueden saltar o no respetar, con mayor o menor dificultad, me parece que esta iniciativa sobrepasa los límites de la prudencia que debe guardarse para la correcta y sana competencia democrática en la renovación de los cargos electivos.

 

Como cualquier ciudadano que se informa por los medios de comunicación, al principio advertí que se presentaba como un tibio deseo de ciertos dirigentes, después confirmado cada vez con más fuerza, y luego adoptado como reforma legal en varias provincias, entre ellas, la nuestra. Ahora, observo que está en una etapa de estudio, tanteo, y pugna para convencer y lograr el consenso de la oposición para que se modifique el Código Electoral Nacional, y por consiguiente, todo el cronograma electoral. Se atribuye a los gobernadores oficialistas el impulso de tal propuesta.

Desde siempre, fue una regla no escrita pero inquebrantable, que las normas que rigen la materia electoral no se deben modificar en los años en que se celebran elecciones. Por una cuestión de seguridad jurídica, de certidumbre en las reglas del juego, de transparencia y de confiabilidad, y a la vez para descartar el peligro de que alguien quisiera sacar provecho de ello, los partidos o coaliciones de gobierno y de oposición parecen tácitamente haber acordado la inconveniencia de introducir tales modificaciones en años impares.

Sin dudas, el constituyente tuvo en cuenta esas razones cuando dejó establecido en el segundo párrafo del art. 77 de la Carta Magna que "los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras".

En caso de que el Gobierno nacional rompa con esa saludable norma impuesta por la costumbre, para lo cual necesitaría la conformidad de la oposición, o al menos de buena parte de ella, ambos serán responsables de haber resquebrajado un precepto de oro, que se ha convertido, más que en un hábito, en un mandato moral de no alterar las reglas de juego ante la inminencia de un nuevo proceso electoral. Ya sea por eliminar las PASO o por posponer estas elecciones y también las generales por un mes, según se comenta. Nadie puede asegurar que la situación sanitaria estará mejor o peor un mes después. Habrán sentado un pésimo precedente para el futuro, y quizás -peor aún- dejado abierta la puerta para que en lo sucesivo se modifique la ley por pura especulación de conveniencia electoral.

Todo ello, sin perjuicio de que las PASO, con un costo económico significativo, no hayan cumplido en nuestro país el propósito con el que fueron instituidas. La mayoría de las candidaturas de relevancia (sobre todo, las de presidente y vicepresidente), no se dirimieron en internas sino que fueron digitadas a dedo por los dirigentes.

Ante ese escenario incierto, la Cámara Electoral, en cumplimiento de las funciones que por ley le han sido encomendadas, por Acordada 20 del 16/03/2021 ha procedido a aprobar el cronograma electoral oficial, con las primarias del segundo domingo de agosto y las generales del cuarto domingo de octubre. Como corresponde, porque es la ley vigente a la fecha, y es ineludible dar certeza en la fijación de las fechas de conformación de alianzas, de presentación de listas de precandidatos, etc.

Así las cosas, la invocación de la pandemia para efectuar una reforma de urgencia, se vislumbra ante la opinión pública, más como la sospecha de un artilugio para obtener un mejor resultado en las urnas, y por lo tanto, conquistar más poder, que en un fundamento verídico y objetivo para justificar el apuro. Las experiencias electorales en pandemia de otros países demuestran que, con la adopción de medidas de precaución adecuadas, lo sanitario puede no interferir en la periódica regularidad electoral.

 

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