Tras los allanamientos y detenciones de cuatro empleados del Registro Civil y un permisionario de estacionamiento medido por venta ilegal de actas, la directora del organismo, Verónica Saicha, se refirió al hecho y contó que desde hace unos cinco meses aproximadamente comenzaron los comentarios y mensajes sobre el delito pero que en ese momento no contaban con pruebas. Ahora las imputaciones por defraudación a la administración pública y concusión de los detenidos son inminentes.
“La verdad que esto informalmente y sin ninguna prueba se conocía pero no podíamos hacer nada porque no había pruebas y cuestiones certeras por la venta ilegal de actas pero si aparecieron ciudadanos con la queja y se les tomó la denuncia que habían pagado por partidas con sello de trámite oficial”, explicó Saicha.
El trámite que debe concretarse dentro del organismo en este caso se concretaba afuera. De esta forma los involucrados comercializaban actas de matrimonio, nacimiento y defunción por un valor que rondaba desde los 300 hasta los 750 pesos por cada una, aunque trascendió que habría un caso de una persona que abonó 2500 pesos por un acta.
“En eso me base para poder hacer hace un mes masomenos una denuncia en la fiscalía porque si bien yo lo conozco a este tema desde antes, estaba atada de pies y manos para poder hacer algo”, aseguró.
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Tras los allanamientos y detenciones de cuatro empleados del Registro Civil y un permisionario de estacionamiento medido por venta ilegal de actas, la directora del organismo, Verónica Saicha, se refirió al hecho y contó que desde hace unos cinco meses aproximadamente comenzaron los comentarios y mensajes sobre el delito pero que en ese momento no contaban con pruebas. Ahora las imputaciones por defraudación a la administración pública y concusión de los detenidos son inminentes.
“La verdad que esto informalmente y sin ninguna prueba se conocía pero no podíamos hacer nada porque no había pruebas y cuestiones certeras por la venta ilegal de actas pero si aparecieron ciudadanos con la queja y se les tomó la denuncia que habían pagado por partidas con sello de trámite oficial”, explicó Saicha.
El trámite que debe concretarse dentro del organismo en este caso se concretaba afuera. De esta forma los involucrados comercializaban actas de matrimonio, nacimiento y defunción por un valor que rondaba desde los 300 hasta los 750 pesos por cada una, aunque trascendió que habría un caso de una persona que abonó 2500 pesos por un acta.
“En eso me base para poder hacer hace un mes masomenos una denuncia en la fiscalía porque si bien yo lo conozco a este tema desde antes, estaba atada de pies y manos para poder hacer algo”, aseguró.
Primeras medidas en el Registro
La titular contó que en noviembre de 2020 recibió los primeros mensajes de amigos sobre la situación y que tomó medidas. “Desde ahí empezamos a cambiar los sellos, a anotar en planillas pero lo mismo ese modus operandi parecía que seguía y escapaba a toda medida de seguridad. Lo único que podía hacer era salir a los medios y publicar en la página el costo oficial que es de 250 pesos”, señaló.
A raíz de una mujer que quiso denunciar su caso, el 26 de marzo pasado, es que se llegó a los allanamientos y detenciones de los implicados. Interviene en el caso la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio.
“A partir de la denuncia de una ciudadana que quiso denunciar, porque ninguno quería denunciar, decían que no querían problemas, es que se interviene la Fiscalía de Delitos Económicos. La señora llegó al Registro. Yo le tomé la declaración porque ella no lo quería hacer ante la justicia. Con eso me fui a la fiscalía porque ya tenía una prueba”, indicó Saicha.
Añadió que como titular del Registro, al conocer esa venta ilegal de partidas “y observar la burla que se hacía al ciudadano con ese tipo de actos, es que tomo intervención como institución, como es mi obligación e hicimos la denuncia”.
Sorpresivo
Los allanamientos y detenciones ocurridas el jueves fueron el resultado de la investigación que concretó la fiscalía. “Para mi fue sorpresivo. Nos vamos a poner siempre del lado de la justicia y la investigación”, recalcó.
Saicha aseguró que no tuvo diálogo con la fiscal y que no tiene certezas sobre el modus operandi de los detenidos.
“No hablé con la fiscal, pero por las medidas producidas es notorio que estamos hablando de una fiscal que sigue hasta las últimas consecuencias el caso”, hizo hincapié.
Un acta sale 250 pesos. “No sale más, entonces me siento muy mal porque se han burlado de la gente”, expresó.
“No tengo certezas sobre el modus operandi porque esa tarea es de la fiscalía y la Policía. Mi única obligación al haber conocido estos hechos delictivos es poner en conocimiento de la justicia. También desconocía quienes podían hacerlo”.
Al ser consultada sobre la figura de la asociación ilícita que podría recaer sobre los detenidos, Saicha respondió: “No lo sé. No sé cuales son las medidas a tomar por parte de Fiscalía. Nosotros estamos aquí y vamos cumplir con cualquier orden de la justicia para que esto se esclarezca”.
Y recomendó a la comunidad: “A los ciudadanos quiero informarles que los turnos son sin cargo. No se paga por un turno en el Registro Civil y las actas tienen un costo de 250 pesos, las de nacimiento, defunciones y matrimonio”, finalizó la directora del Registro Civil, Verónica Saicha.