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Fernández impulsó la querella contra Macri por el préstamo del Fondo

Por orden de Alberto Fernández, se instruyó a la Procuración del Tesoro a iniciar una querella contra el ex presidente por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
Viernes, 09 de abril de 2021 15:23

En la causa judicial que encabezó la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación -a cargo de Carlos Zannini- para que se presente como querellante.
La decisión del Poder Ejecutivo fue comunicada a través del Decreto 239/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial. La denuncia, que el presidente Alberto Fernández había adelantado en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, se sumó a una ya existente, iniciada en 2019 por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Ayer se instruyó a la Procuración del Tesoro “para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital Federal, y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional”.
La Procuración del Tesoro también fue instruida para iniciar acciones conducentes al “recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.
En este marco se solicitó la colaboración del Banco Central. El decreto fue firmado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros, de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Martín Guzmán.

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En la causa judicial que encabezó la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación -a cargo de Carlos Zannini- para que se presente como querellante.
La decisión del Poder Ejecutivo fue comunicada a través del Decreto 239/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial. La denuncia, que el presidente Alberto Fernández había adelantado en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, se sumó a una ya existente, iniciada en 2019 por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Ayer se instruyó a la Procuración del Tesoro “para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital Federal, y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado nacional”.
La Procuración del Tesoro también fue instruida para iniciar acciones conducentes al “recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.
En este marco se solicitó la colaboración del Banco Central. El decreto fue firmado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros, de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Martín Guzmán.

La denuncia

La denuncia penal fue elaborada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, e incluye a funcionarios del macrismo: el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Todos ellos -incluido Macri-, dice la denuncia “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.
Los cargos son por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación en la administración. La OA sustenta la causa con un informe de la Sigen en el que se detalla que en el acuerdo con el FMI “no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By; los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente; la firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo”, detalla. 
 

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