No podemos resignarnos al trabajo en negro

En Salta, no menos de 300.000 personas trabajan en negro. Hay más trabajadores en negro que registrados. Más de la mitad de aquellos 300.000 son mujeres. Del total de trabajadores no registrados, 180.000 tienen un empleador que no los registra y viola las leyes laborales.

La cifra es escalofriante. Muestra, parcialmente, la magnitud que alcanza en Salta el trabajo sin salarios dignos, sin vacaciones, sin asignaciones familiares, sin cobertura social, sin descansos remunerados, marginados de los convenios colectivos de trabajo. Para completar el cuadro tenemos que sumar a esta legión a los trabajadores mal registrados en la Seguridad Social, a las personas que trabajan en ambientes insalubres, a las mujeres que perciben salarios discriminatorios, y a los casi 100.000 desocupados que buscan un trabajo y no lo encuentran, y a los más de 10.000 que fueron contratados en términos lesivos.

Las medidas que, de tanto en tanto, adopta el Estado (nacional o provincial) para paliar esta situación no dan los resultados esperados. Existe una abierta tolerancia de la administración con las irregularidades y fraudes, como puede constatarse en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

La CGT Regional Salta pide al Gobierno de la provincia la apertura de un dialogo tripartito para abordar la emergencia ocupacional. Necesitamos movilizar todos los recursos para lograr se aplique la Ley (26.940, de 2014) que promueve la registración y previene el fraude laboral.

La vía del diálogo tripartito está especialmente recomendada por la OIT, que en 2015 aprobó la Recomendación número 204 con un completo repertorio de medidas para facilitar la transición de la economía informal a la formal.

Por que de esto se trata. De conocer y abordar las causas que alientan, promueven permiten el trabajo que no contempla las condiciones dignas y equitativas de laboral que consagra la Constitución (art. 14 bis).

Las inspecciones han de continuar realizándose, con mayor empeño, y teniendo presente la necesidad de asegurar que la (bienvenida) rebaja de cargas patronales sólo beneficiará a los empleadores que cumplan con la Ley. Pero es urgente abordar el problema en su integridad, introduciendo medidas que faciliten el tránsito desde la economía informal a la formal. Es urgente un compromiso del Estado provincial y de las Municipalidades para no usar modos fraudulentos de contratar a trabajadores. El sector público debe li derar el proceso de blanqueo de trabajadores. En esta idea de poner todos los recursos del Estado en la lucha contra el trabajo en negro, hacen falta reglas que obliguen a los contratistas del Estado, a los concesionarios de servicios públicos (los taxis, por ejemplo), a los titulares de permisos mineros a controlar que sus subcontratistas registren a sus trabajadores y cumplan con los Convenios Colectivos aplicables.

El Estado provincial, además de gestionar ante la Nación facilidades para la registración, debe definir un Plan de Empleo que asegure las prestaciones médicas, la capacitación y la cobertura de riesgos de trabajo para aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores con especiales dificultades para encontrar "trabajo decente". Necesitamos soluciones para la venta ambulante, para el cartoneo, para la vergüenza que día a día ocurre en los vertederos municipales. Estamos dispuestos a dialogar proponiendo medidas y buscando soluciones. Solo hace falta la voluntad del gobierno y de los empresarios de recorrer los caminos propuestos por la OIT.

 

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